En pleno debate sobre el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la Comisión de Ética Judicial se erige como el único organismo elegido al cien por cien entre los integrantes activos de la carrera judicial a nivel nacional. Siete miembros sin presencia de afiliados a asociaciones progresistas que no cobran por formar parte de un organismo cuyos dictámenes ni son vinculantes ni tienen ningún tipo de efecto práctico.
Esta Comisión celebró su primera reunión en mayo de 2018, nacida como un intento de mejorar la escasa participación directa de los jueces en la configuración de este tipo de organismos. Seis jueces y magistrados y una persona del mundo académico que abordan las consultas que les hacen llegar sus colegas, en muchos casos relacionadas con su libertad de expresión: si pueden hablar con periodistas, si pueden dar entrevistas en programas sensacionalistas o cómo deben utilizar sus redes sociales. Se trata de un organismo independiente del propio Consejo.
En el Poder Judicial la participación de los jueces está limitada a los avales que una parte de los candidatos reciben de 25 jueces en activo o de las asociaciones, en las salas de gobierno de los tribunales territoriales las presidencias vienen definidas por el Consejo y los decanatos son elegidos por los jueces de un partido judicial concreto, así como las salas de gobierno de los Tribunales Superiores. La Comisión de Ética es, por tanto, el único organismo que eligen juntos en las urnas los jueces y magistrados de todo el país.
Después de las últimas elecciones la Comisión pasó a estar presidida por Celsa Pico, magistrada de larga trayectoria en la sala tercera del Supremo y que en los últimos años ha participado en decisiones como el aval a la exhumación de Franco o a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional. Pico estuvo afiliada a la asociación progresista Juezas y Jueces Para la Democracia aunque en la actualidad no forma parte de ninguna asociación.
Junto con ella figuran en la Comisión el magistrado Antonio del Moral, de la sala de lo penal del Supremo, miembro del tribunal que juzgó y condenó el procés independentista. Considerado de perfil conservador y fiscal de carrera, Del Moral no forma parte tampoco de ninguna asociación. María José Rivas es magistrada en Granada y afiliada a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y Eduardo López Causapé es magistrado en Zaragoza y miembro de la asociación Francisco de Vitoria, la segunda en afiliados y considerada de un perfil más moderado que la APM.
Cierran la lista judicial de la Comisión Ramón Badiola, magistrado en Madrid sin afiliación actual aunque antiguo miembro tanto de la APM como de la Francisco de Vitoria, y el juez de Ayamonte Francisco Javier Parra, que ejerce como secretario. Cristina Hermida, catedrática, es el séptimo miembro de la Comisión. Un organismo, por tanto, sin afiliados actuales a asociaciones de perfil progresista.
“Una institución discutida”
Desde su nacimiento, diversas asociaciones se han mostrado críticas con la proyección que la Comisión y sus dictámenes y, de hecho, no han tenido candidatos de sus filas. Fue el Foro Judicial Independiente el que en 2019 aseguró que la Comisión “corre el peligro de servir de referencia o complemento en las actuaciones tendentes a dirimir responsabilidades civiles, penales o disciplinarias contra jueces y magistrados, función que le está prohibida expresamente”. El miedo es que sus dictámenes terminen influyendo, por ejemplo, en un proceso sancionador a un magistrado.
Aseguraron entonces también desde esta asociación que la Comisión “no podía cumplir las funciones encomendadas en los Principios de Ética Judicial aprobados por el CGPJ sin crear antecedentes que posteriormente fueran utilizados en las actuaciones contra integrantes de la carrera judicial”. Sin entrar a criticar a los integrantes de la Comisión, el FJI aseguraba que es una institución “discutida porque conduce a crear modelos dogmáticos de jueces, tanto en su vida personal como profesional”.
Libertad de expresión
Los últimos datos anuales disponibles reflejan que entre 2018 y 2019 la Comisión celebró, tal y como está establecido en su reglamento, una comisión al mes y firmó doce dictámenes además de cinco acuerdos de inadmisión. Entre 2019 y 2020, con la pandemia de por medio, se emitieron catorce dictámenes y se rechazaron cuatro dudas planteadas.
Los asuntos que trata la Comisión proceden de las dudas que plantean los propios jueces y magistrados. Los casos que más difusión han tenido en los últimos años han tenido que ver con la libertad de expresión de los jueces en espacios como tertulias, entrevistas y en sus perfiles en las redes sociales.
Este mes de enero, por ejemplo, la Comisión pidió “mesura, seriedad y prudencia” así como “neutralidad política” a los jueces y magistrados que participen en entrevistas, coloquios o que hagan uso de las redes sociales. Decenas de jueces y fiscales tienen, por ejemplo, cuentas en Twitter en las que se identifican como miembros de la judicatura y exponen libremente sus opiniones sobre asuntos de actualidad pública. Otros como el magistrado de Castilla y León, José Luis Concepción, han expresado opiniones políticas claras en televisión sin que eso haya supuesto ningún tipo de sanción por parte del CGPJ.