El Consejo General del Poder Judicial lleva dos años en funciones en España por el bloqueo del PP a su renovación. En este tiempo, ha seguido nombrando jueces, la última tanda en septiembre pasado. La propia Comisión Europea, en un informe sobre el Estado de Derecho publicado hace dos semanas, urgía a España a acometer la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Ante este bloqueo por la negativa de Pablo Casado a negociar la renovación, el Ejecutivo ha iniciado los trámites para que sea posible sortear el bloqueo del PP reduciendo la mayoría parlamentaria necesaria. De momento, PSOE y UP han registrado en el Congreso la propuesta.
“La Comisión Europea está al corriente del el anuncio de este nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto”, responde el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, a elDiario.es: “En el informe sobre el Estado de Derecho hemos subrayado la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial con el fin de reforzar la independencia judicial. En ese informe señalábamos el CGPJ como un desafío. Es importante asegurarse de que el Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización”.
En efecto, en el informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión ya alertaba de estos asuntos. “El nombramiento de nuevos miembros del Consejo está sujeto a una mayoría cualificada de tres quintos”, relataba la Comisión Europea, “y en el contexto de las dos elecciones generales celebradas en 2019, no se alcanzó dicha mayoría y los miembros del CGPJ han permanecido en sus puestos ad interim hasta que se elija un nuevo Consejo. Las asociaciones profesionales han pedido la renovación y han impugnado legalmente la competencia del CGPJ en funciones para continuar con nombramientos para los principales cargos judiciales. Si bien la ley prevé que el Consejo se mantenga en pleno funcionamiento hasta que entre en vigor uno nuevo, el Consejo decidió, en enero de 2020, suspender los nombramientos para cargos judiciales. Sin embargo, en mayo de 2020, el Consejo reinició los nombramientos. El Consejo de Europa ha observado que estos acontecimientos confirman la importancia de garantizar que no se perciba que el Consejo es vulnerable a la politización”.
El informe de la Comisión Europea también recogía la “discusión” sobre “la relación entre la Fiscalía General y el Ejecutivo: la Fiscalía General es nombrada por el Jefe del Estado, a propuesta del Gobierno, que no tiene poderes para destituir al Fiscal General. Sin embargo, el mandato del Fiscal General finaliza al mismo tiempo que el mandato del Gobierno. Este sistema ha sido objeto de críticas considerando que la coincidencia en el mandato puede afectar la percepción de independencia”.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario recordaba que “el Consejo de Europa ha destacado que, para la confianza de la ciudadanía, no solo es fundamental que el enjuiciamiento lo sea, sino que también parezca imparcial, objetivo y libre de cualquier influencia, en particular de naturaleza política. Si bien la ley determina que toda la comunicación entre el Ejecutivo y la Fiscalía debe realizarse entre el Ministro de Justicia y el Fiscal General, no exige que esta comunicación se haga pública, ni la obligación de registrarlas por escrito. Esto también ha sido planteado como una preocupación por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)”.
“De forma generalizada, cuando los Estados reforman el sistema judicial, debería hacerse consultado con todas las partes implicadas, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”, concluye Bruselas.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.