PP y PSOE resucitan el bipartidismo para controlar las comisiones de investigación de corrupción
El Partido Popular y el PSOE desenterraron este jueves el bipartidismo para elegir las presidencias de las comisiones de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP y la que determinará qué ocurrió con el rescate de las entidades financieras. Ambas formaciones argumentaron que su pacto responde al reparto que se habían hecho inicialmente Unidos Podemos y Ciudadanos con la presidencia de ambas comisiones.
Después de toda una semana de sonoros desencuentros, intercambio de llamadas y reuniones de última hora, incluso en los pasillos del Congreso, los portavoces de los grupos parlamentarios terminaron a media tarde teniendo que votar a cara de perro dos candidaturas enfrentadas para las presidencias de cada comisión.
Pese a compartir el mismo objetivo, finalmente las formaciones de Albert Rivera y Pablo Iglesias se abstuvieron de votarse mutuamente cuando se evidenció que el acuerdo entre PSOE y PP no les daba opción.
Populares y socialistas mantuvieron su apuesta por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, para la presidencia de la comisión sobre el expolio de las cajas de ahorro, y cerraron un acuerdo de última hora por sorpresa para colocar al parlamentario de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, aliado electoral del PSOE, como presidente de la comisión sobre la financiación del PP. Ambos salieron elegidos frente a las candidaturas alternativas que presentaron Ciudadanos y Unidos Podemos.
Grupos minoritarios
El portavoz del PP, Rafael Hernando, defendió que ambas presidencias fueran ocupadas por miembros de los grupos minoritarios, recordando que en el Congreso “hay un pacto de caballeros” para que diputados de estos grupos estén al frente de las comisiones de investigación. “Eso ha sido así siempre”, remachó Hernando.
El nombre de Ignacio Prendes, de Ciudadanos, fue confrontado al de Oramas pese a saber que el acuerdo entre ambos partidos mayoritarios ya estaba cerrado y como rechazo al “pasteleo” que los de Rivera atribuyeron al PSOE y PP.
Había antecedentes para que se diera el entendimiento, ya que el partido de la diputada canaria acaba de firmar un acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy para sacar adelante los Presupuestos. Además, fuentes parlamentarias apuntaron que Coalición Canaria, al frente del Gobierno insular, y el PP podrían llegar a un pacto para que la formación de Génova entre en el Ejecutivo autonómico que lidera Fernando Clavijo.
Fuentes del PP aseguraron que el conflicto lo provocó Ciudadanos “por su empeño en presidir la comisión de las cajas”. Argumentaron que el objetivo de la formación de Rivera era poner contra la pared al PSOE y al PP por su pasado al frente de la gestión de las entidades financieras, dentro de su estrategia para presentarse como regeneradores frente a la corrupción. Rivera siempre ha sostenido que ese órgano debería estar presidido por alguna formación que no haya tenido ninguna responsabilidad en la gestión de las entidades rescatadas, descartando con ello al PP y al PSOE.
Desde los grupos mayoritarios también partió el mensaje de que el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, había encargado a Ciudadanos tomar las riendas de esta comisión para evitar que se levanten las alfombras. Fuentes de la formación naranja calificaron como “absolutamente falsa” la acusación. “PP y PSOE tienen muchas vergüenzas que tapar por su gestión de las cajas que han saqueado durante años”, zanjaron.
Este movimiento de C's provocó que los dos partidos mayoritarios pasaran al contraataque y presentaran a un candidato que ni pertenecía a dicha comisión ni estaba siquiera presente esa tarde en la Cámara Baja, ya que se había marchado a Las Palmas el día anterior.
Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, es un parlamentario fundamental para el Partido Popular. Su voto es decisivo para las enmiendas parciales del Presupuesto de 2017 que se negocian ahora en el Congreso. Quevedo ha presentado enmiendas por un montante de 450 millones de euros y ha exigido como moneda de cambio la reforma del sistema electoral de las Islas Canarias. Las peticiones cobran más valor desde el momento en el que va a presidir una comisión que va a juzgar políticamente la financiación del PP.
En la reunión para designar a los miembros de la comisión por la mañana del jueves, salió a relucir por parte del PP la opción de Quevedo como presidente sin que el diputado canario tuviera conocimiento de ello. Fuentes del Grupo Mixto comentaron que Pedro Quevedo se mostró reticente a las 14.30 a aceptar la oferta que le hizo el portavoz del PSOE, Antonio Hernando. Finalmente, tras muchas presiones, Quevedo dio su brazo a torcer a las 16.30.
La candidatura del diputado canario salió adelante con los votos del PSOE y el PP frente a la de Txema Guijarro, parlamentario de Unidos Podemos, que solo obtuvo los votos de su grupo.
Dudas legales sobre la elección de Quevedo
En la confusión reinante en el Congreso durante la primera hora de la tarde cuando se conoció que Quevedo, ausente del Congreso, era el candidato del PP y PSOE para presidir la comisión, fuentes de la presidencia del Parlamento sostenían que reglamentariamente no se podía proceder a votar su candidatura.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, solicitó un informe de urgencia a los letrados de la Cámara que concluyeron que la designación era viable, ya que como el voto era ponderado permitía que el diputado no estuviera presente.
El papel de Pastor fue puesto en duda por varios diputados, que interpretaron que estaba beneficiando al PP y PSOE al retrasar la votación de las comisiones hasta que hubiera una solución y por permitir el voto a favor de Quevedo.
La designación de Quevedo provocó que Jordi Xuclá, portavoz del PdeCat, tuviera que renunciar a su puesto en la comisión para cedérselo al diputado canario. Albert Rivera ya había advertido el lunes pasado que no le parecía idóneo colocar al frente de la comisión sobre la corrupción a “un diputado que representa al partido de las mordidas del 3%”.
El PdeCat ya tiene un miembro de su formación en otra comisión y por lo tanto, según el acuerdo que rige entre los parlamentarios del Grupo Mixto, la aceptación de Quevedo obligaba a Xuclá a dejarlo.
