Alberto González Amador ingresó casi dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas. Puso en marcha una operativa de facturas falsas para disparar artificialmente los gastos de su empresa y no pagar 350.000 euros en impuestos. A la par, compró un piso de un millón de euros en el que vive con su pareja, Isabel Díaz Ayuso. Ambos disfrutan también del ático del edificio, a nombre de una sociedad de la que es administrador el abogado de Alberto González.
La primera información sobre este caso se publicó el martes 12 de marzo. Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha desplegado una estrategia consistente en atribuir todo a una conspiración contra Ayuso, en mentir sobre la investigación, en amenazar a periodistas y en difundir noticias falsas. Una táctica que buscaba tapar el escándalo pero que ha derivado en una crisis política de la que no puede escapar ni el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.
La investigación de Hacienda contra González Amador empezó el 12 de mayo de 2022, poco después de que su empresa presentase la declaración del Impuesto de Sociedades. La Agencia Tributaria había detectado que durante dos ejercicios, 2020 y 2021, la compañía entregó una serie de facturas que “no que corresponden con servicios realmente prestados”. Ante el incremento de facturación durante la pandemia, el empresario había inflado artificialmente los gastos para reducir los beneficios a ojos de Hacienda. A la Agencia Tributaria le saltaron las alarmas cuando comprobaron que una empresa había multiplicado la facturación por seis y al mismo tiempo declaraba un tercio de beneficios.
El informe que elaboró una inspectora recorre minuciosamente, a lo largo de 187 páginas, todas las maniobras de Alberto González para eludir el pago de impuestos. Desde las facturas falsas por los negocios que nunca fructificaron en México o Costa de Marfil, al entramado de empresas sevillanas sin empleados a las que giraba facturas, transfería el dinero, y estas lo sacaban inmediatamente en efectivo. También el uso de empresas pantallas para trasladar la facturación procedente de sus ingresos del grupo Quirón, uno de los principales adjudicatarios de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía recibió toda esa información en enero de este año y concluyó que había delitos de fraude fiscal y de falsedad documental. Es aquí donde comienzan a separarse los caminos de este caso, el judicial y el político, y se produce uno de los hitos que desatará la crisis posterior.
El 2 de febrero, el abogado de Alberto González envía un email a la Fiscalía declarándose culpable de los delitos de fraude y tratando de buscar un acuerdo que reduzca la condena, evite el juicio y, sobre todo, cierre el caso cuanto antes para evitar las consecuencias de que pueda salir a la luz. La Fiscalía no lo rechaza, pero emplaza al letrado del empresario a que el acuerdo se produzca cuando haya finalizado la instrucción, como marca la ley.
Así, el Ministerio Público presenta la denuncia el 20 de febrero y 5 de marzo, el Juzgado Decano de Madrid la registra, le pone un sello, y empieza su camino por la burocracia judicial. El 12 de marzo, elDiario.es publica la primera información: La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla.
Ese mismo día, Ayuso atiende a los medios durante una visita a Barcelona. Allí inaugura su particular estrategia de defensa, alejada de la que ha seguido su pareja frente a la Fiscalía. La presidenta madrileña atribuye la investigación a su novio a la persecución que dice sufrir ella desde hace cinco años por parte del Gobierno y la minimiza asegurando que solo es una inspección fiscal, como la que afrontan otros ciudadanos.
Miguel Ángel Rodríguez asume la gestión comunicativa del caso, con la que acabará provocando la crisis política. Esa misma noche, y después de que elDiario.es publicara que el dinero defraudado provenía de comisiones por la venta de mascarillas y que la presidenta madrileña vive en la casa que compró su pareja tras el fraude, el jefe de Gabinete de Ayuso amenaza por escrito a este medio: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar”.
Las informaciones de los días siguientes desarman el retrato que desde la Comunidad de Madrid habían hecho de la pareja de Ayuso, al que inicialmente presentaron como un mero “técnico sanitario” y después, como un ciudadano corriente que había tenido una discrepancia fiscal con Hacienda. Alberto González es propietario de una empresa sin trabajadores que cuando estalla la pandemia empieza a facturar millones, que traspasa parte de sus ingresos a otra empresa sin actividad, tenía además una sociedad en Panamá con un directivo de Quirón y creó otra después en Florida, usó ocho empresas pantallas para el fraude e intentó embolsarse dos millones de euros más vendiendo vacunas a Costa de Marfil muy por encima de su precio.
A medida que el caso se complica, Ayuso eleva el tono. “Yo tengo derecho a dormir en la cama que considere, como persona que soy libre para hacerlo”, dice sobre el piso en el que vive con su pareja. Vuelve a atribuir la investigación a una confabulación de “todos los poderes del Estado” contra ella, y afirma que es falso que Alberto González deba 350.000 euros a Hacienda: “Está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021. Y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe”.
Es falso. Hace más de un mes que su pareja ha reconocido los delitos y la deuda y se ha ofrecido a pagarla. Ni el Gobierno de Ayuso ni ella misma han aclarado si cuando la presidenta hizo esas declaraciones conocía ya la confesión de su pareja. Lo único que sabemos es que esa misma noche del día 13 de marzo, Miguel Ángel Rodríguez difunde la noticia falsa de que fue la Fiscalía quien le ofreció el pacto a Alberto González y que lo retiró “por órdenes de arriba”. Algunos medios publican sin contrastar y la Fiscalía se ve obligada a emitir un desmentido: difunde una nota en la que detalla, con las fechas de los correos, que fue el empresario quien ofreció el pacto para declararse culpable y no al revés. Es la demostración de que Ayuso ha mentido en su intervención pública de la mañana. Y que su director de gabinete ha proporcionado mercancía averiada a unos cuantos medios. El Mundo la publica en portada.
Esa misma noche, elDiario.es adelanta que Ayuso y su pareja disfrutan de un segundo piso, el ático que está sobre el que compró el empresario, y que está a nombre de una sociedad de su abogado. Así, el 13 de marzo provoca un punto de inflexión en el discurso de Ayuso y de su Gobierno: la presidenta ya no volverá a referirse a que duerme en la cama que quiere, esquivará todas las preguntas sobre los pisos y empezará a aludir a su pareja como “un particular”.
La información falsa difundida en público por Ayuso y las preguntas sin respuesta sobre sus pisos provocan la crisis política. Los grupos de la Asamblea piden explicaciones y su Gabinete decreta el cerrojazo informativo. El fin de semana elDiario.es hace públicas las amenazas de Rodríguez, que él intentará rebatir con nuevas mentiras: en las primeras horas da a entender a algunos medios que tiene una amistad de décadas con la periodista a la que intentó amedrentar, más adelante dirá que se trata de una “relación de confianza”.
El martes 19 de marzo, el jefe de gabinete de Ayuso lleva todavía más lejos su estrategia: en torno a las 20.00 horas, envía a varios medios un mensaje en el que acusa a periodistas de El País de acosar a vecinos de Ayuso para obtener información –incluye sus fotos–, y añade que dos redactores de elDiario.es intentaron entrar por la fuerza a su casa, encapuchados. La información es falsa, pero de nuevo, algunas webs amigas la publican sin contrastar. Ante la evidencia de que se trata de un bulo y la reacción de la oposición y las asociaciones de prensa, Rodríguez se va obligado a admitir que fue él quien lo difundió y se excusa con que era su WhatsApp personal y que lo mandaba como ciudadano particular. Las webs que publicaron el bulo mantienen sus titulares intactos.
La crisis política se agrava: el portavoz de la Comunidad de Madrid se enfrenta a una rueda de prensa en la que casi todas las preguntas versan sobre la actuación del jefe de Gabinete de Ayuso. El PP en la Asamblea vota a favor de una moción en defensa de la libertad de prensa, pero acto seguido Ayuso respalda los bulos de Rodríguez. La dirección nacional del partido, inmersa en una estrategia de desgaste contra el Gobierno por el 'caso Koldo', se ve arrastrada por la crisis política que ha provocado la Comunidad de Madrid. Feijóo atiende a los medios en Bruselas y ante la insistencia de los periodistas, que apenas preguntan por otro asunto, acaba relativizando las amenazas a elDiario.es: las rebaja a una “conversación privada”, aunque da a entender que no está de acuerdo con el tono del jefe de gabinete de la presidenta madrileña.
Al plan diseñado por el equipo de Ayuso para escapar de las informaciones, ya completamente desarmado, le ha dado la puntilla este viernes un juzgado de Madrid. La jueza que dirige el número 19 de Madrid ha imputado a Alberto González y a los empresarios que le ayudaron con el fraude. No era una simple inspección fiscal. Nada de lo que ha dicho la presidenta de Madrid o su Gabinete durante estos días ha aguantado una mínima verificación y ha acabado colocando a Ayuso en el centro del caso, del que aún quedan muchas preguntas sin responder. La fundamental, si puede garantizar que el piso que disfruta en el centro de Madrid se ha pagado con dinero del fraude fiscal.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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