Este lunes los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina tienen una cita con el juez que investiga el caso mascarillas. Los dos acuden a la Plaza de Castilla de Madrid en calidad de imputados por hasta cuatro delitos: estafa, blanqueo, falsedad documental y, en el caso del hijo del Duque de Feria, alzamiento de bienes. Son, por tanto, muchas las incógnitas que tienen que despejar a preguntas del juez, de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones: el Ayuntamiento de Madrid, Podemos, Más Madrid y el PSOE.
La llegada al Ayuntamiento. La primera cuestión, que es la que tiene más proyección política, es el desembarco de estos dos empresarios en el Ayuntamiento de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción afirma en su querella que los dos, sin ninguna experiencia previa en el mercado asiático, llegaron a la persona que gestionaba estos contratos de emergencia a través de un primo del alcalde Almeida. Este familiar del regidor, supuestamente, les puso en contacto con personal del consistorio sin pasar por manos de su primo. A partir de entonces su interlocutora fue Elena Collado, coordinadora de presupuestos.
Según la versión de Medina, fue Luceño el que le pidió que buscara clientes en España para vender material sanitario. Contactó entonces con la directora de su antigua universidad, quien le dijo: “Yo conozco bien al hermano del alcalde”. De ahí pasaron a hablar con Collado sin pasar por Almeida, que solo contactó con ellos días después para agradecerles la donación de parte de las mascarillas.
Las comisiones. Tanto Luceño como Medina reconocieron que cobraron comisiones millonarias y lo enmarcaron en una relación laboral normal de comercio internacional. El aristócrata, de hecho, declaró ante la Fiscalía que el objetivo era repartirse los contratos por tercios pero que él no sabía, ni siquiera, a qué precio se vendían los productos que compraba el consistorio. “Yo no sé a qué precio el producto se... me tengo que fiar de lo que me diga él”, dijo Medina al fiscal hace un año. “Me enteré ayer por la tarde de lo que este señor se ha llevado”, añadió. Luceño dijo que sucedió al revés.
El precio que pagó el Ayuntamiento por este material, según el Tribunal de Cuentas, fue mucho más alto que el que pagaron otros grandes ayuntamientos en esas primeras semanas de pandemia. Y según la Fiscalía la razón eran unas comisiones tan altas que pueden convertir la operación en una estafa. Según Luceño, fue la empresa malaya Leno la que fijó su comisión, lo contrario a lo afirmado por Medina. El Ayuntamiento en ningún momento, añadió, supo que la mitad del dinero que iban a desembolsar iba a su bolsillo.
El material. Otra pata de la estafa, según Anticorrupción, es la calidad del material que recibió el Ayuntamiento de Madrid. Los guantes que llegaron a la capital no eran los que habían comprado y muchos de los test que llegaron posteriormente tampoco tenían la sensibilidad necesaria. “Soy súper profesional. Es el Ayuntamiento, no podemos quedar mal”, dijo Luceño en la Fiscalía para explicar cómo consiguió que el consistorio recuperara parte del dinero: reorganizando el cobro de comisiones.
Luceño también tendrá que explicar por qué dijo al fiscal que dejó de hablar con Elena Collado antes del verano de 2020 cuando las conversaciones aportadas por la funcionaria reflejan que cruzaron mensajes hasta noviembre de 2020, pocos días antes de la apertura de la causa.
Las compras de lujo. Pocos días después de empezar a cobrar sus comisiones millonarias, tanto Medina como Luceño empezaron a gastar el botín. Luis Medina, por ejemplo, empezó a comprar bonos bancarios un día después de cobrar y también adquirió un yate a través de una sociedad radicada en Gibraltar que comparte con su hermano, además de numerosos gastos particulares. Alberto Luceño, por su parte, compró 12 coches de lujo, una casa en una zona exclusiva de Madrid y adquirió cuatro relojes igualmente de lujo.
Tanto la Fiscalía como el juez sospechan que este frenesí consumista respondía al objetivo de blanquear las comisiones que la empresa malaya había enviado directamente a sus cuentas en bancos de Madrid. Luceño, sin embargo, dijo por ejemplo que todos esos coches eran “vehículos para alquiler, se ha hecho una flota” y que otros habían sido vendidos. “Parte de esos coches son para la flota y parte son una inversión”, añadió. El fiscal fue bastante claro: “Le advierto que si el día de mañana en un juicio penal usted es condenado y tiene que pagar una indemnización y dice que no tiene bienes suficientes porque los ha enajenado... eso sería un nuevo delito”, explicó el fiscal. Los 60.000 euros que pagó por una semana de hotel en Marbella fueron “las vacaciones con la familia”.
Blanquear... y ocultar. El juez no solo quiere saber si los dos empresarios intentaron convertir sus comisiones presuntamente ilegales en dinero legal. También quiere saber si, una vez puesta en marcha la investigación, intentaron esconder sus bienes para evitar los embargos. Recientemente el magistrado se ha encontrado con un problema: Luis Medina tiene solo 247 euros en la cuenta y Alberto Luceño algo menos de 130.000 euros, insuficientes para cubrir una posible condena por los seis millones que cobraron. Luceño ha presentado recientemente un escrito en el que niega estar escondiendo su fortuna.
Luis Medina ya ha sido imputado, incluso, por alzamiento de bienes. El contenido del sumario, a través de un informe de Hacienda, demuestra que empezó a vender rápidamente los bonos bancarios que compró con su comisión y que lo siguió haciendo una vez supo que había una investigación en marcha en la Fiscalía Anticorrupción. En su declaración, el fiscal Luis Rodríguez Sol le advirtió de la posibilidad de ser imputado si lo hacía y él contestó: “¡No, no, no, no, hombre, nada!”. Eso sucedió en abril de 2021 y, según el sumario, todavía realizó tres ventas más de los bonos que había comprado después de eso.
Las firmas falsas. Los dos están también imputados por un delito de falsedad documental. Porque, según la Fiscalía, Alberto Luceño falsificó la firma del empresario malayo cuando el banco preguntó por el origen de su fortuna. Creó, supuestamente, un documento de la Cámara de Comercio Internacional de París y falsificó la firma de San Chin Choon, director de la empresa Leno, para justificar que era un agente exclusivo de la empresa. Después falsificó uno similar para Luis Medina.
El fiscal Rodríguez Sol, en un momento dado, le preguntó cómo era posible que fueran dos documentos idénticos con fechas idénticas pero supuestamente emitidos en días distintos e incluso en 2018. “A lo mejor se ha mandado el mismo borrador y la fecha se ha quedado”, dijo al fiscal.