Entre el dolor que provocan las ausencias por la pandemia de la COVID-19 y el recuerdo de un miedo colectivo, como no se había vivido en España desde la Guerra Civil, emergen en los últimos tiempos historias de pelotazos que desafían el sentir general de toda una sociedad. Son las de aquellos que encontraron en la violencia del virus una oportunidad para hacerse más ricos. Algunas de esas historias están hoy en sumarios judiciales o en diligencias de investigación de la Fiscalía. En unas existen indicios clamorosos de delito. En otras, solo pruebas de una avaricia monumental. Son el “pa la saca” de Luis Medina y Alberto Luceño, aquella llamada de Víctor de Aldama a su amigo asesor del exministro José Luis Ábalos o el don para detectar oportunidades de negocio que demuestra el círculo más cercano a Isabel Díaz Ayuso.
El libre mercado regalaba en plena pandemia mundial una oportunidad que los comisionistas no iban a dejar pasar por más que se hubiera decretado un confinamiento y la distopía se apropiara de la cotidianeidad. El levantamiento de los controles para garantizar el acceso a la red mundial de suministros y el enorme caudal de dinero público que liberaron las administraciones para comprar material sanitario salvaban vidas y a la vez servían para llenar el bolsillo de unos pocos. Una investigación de Hacienda y la Fiscalía al empresario Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, ha permitido conocer este último caso donde ya se han confesado dos delitos fiscales y uno de fraude documental. Pero no es el único.
Hace más de dos años, elDiario.es revelaba el primer escándalo de enriquecimiento ilegal en la venta de material sanitario a una administración pública. El ‘caso mascarillas’ –en aquel momento no había otro– de Medina, Luceño y el Ayuntamiento de Madrid. El asunto resulta paradigmático: sus protagonistas son un empresario que presume en un vídeo ante estudiantes de honestidad y un miembro de la jet set sin oficio pero con beneficio. Resultado: seis millones de euros en comisiones para ambos por una compra-venta que ascendía a un total de 11.
Sobre la investigación rondó durante meses el fantasma del fracaso. La Fiscalía Anticorrupción se empeñaba en la misión imposible de que Malasia remitiera información del vendedor del material antes de decidirse a interponer una querella. Fue entonces cuando elDiario.es desveló las pesquisas. Al día siguiente, Anticorrupción se olvidó de Malasia y se dirigió al juzgado.
Por ahora, hay algo más que avaricia en este caso. Hay engaño. Es lo que piensa la Fiscalía, que acusa a Luceño y Medina de haber estafado al Ayuntamiento de Madrid inflando artificialmente el coste de mascarillas (un 60%) , test de antígenos (71%) y guantes de protección (81%). También de haber falsificado documentos para conseguirlo y, en el caso de Luceño, de trampear la declaración de los beneficios para pagar menos impuestos. Para este último pide 15 años de cárcel mientras que para el hijo del duque de Feria y Naty Abascal solicita nueve.
El caso además evidenció algunos de los modos más lamentables de hacer negocios en España. Alberto Luceño no tenía ninguna experiencia en la importación de material sanitario de Asia, pero lo compensaba con una falta de escrúpulos considerable. Al engaño a la Administración hay que sumar el que practicó con su socio, Luis Medina, al que había asegurado que cobrarían lo mismo por la comisión, un millón de euros cada uno. Luceño se embolsó cinco.
A Luis Medina, encerrado en su chalé de la exclusiva colonia madrileña de El Viso, le pareció normal embolsarse un millón de euros por unas cuantas llamadas durante el confinamiento. Una de ellas fue a la directora de la universidad privada donde había estudiado. Quería llegar a las administraciones del PP en Madrid y qué mejor que recurrir a la profesora por la que habían pasado los hijos de algunas de las familias más acaudaladas de la capital.
La investigación acumula capítulos tragicómicos como la declaración de Medina ante el juez, en la que se denominó a sí mismo “broker de materias primas” como el pollo o el cerdo, pese a que sus empresas no tenían actividad. O el registro judicial en casa de Luceño, donde aparecieron varias falsificaciones de carnets del CNI, el Ejército o la Policía con la foto del empresario, que ahora tendrá que sumar un delito de falsificación de documentos oficiales a las acusaciones que pesan contra él.
En otro episodio de la trama, que alimenta la indignación colectiva de una mayoría de la sociedad que sí cumplió con las restricciones y se comportó cívicamente , destacan las inversiones que Luceño y Medina hicieron con sus ganancias del dinero público. El hijo y hermano de duques se compró un barco con el que había aparecido en redes sociales, y algunas revistas del corazón flanqueado por la bandera de España. Alberto Luceño gastó en relojes de la marca rolex, viajes a 10.000 euros la noche, doce coches de lujo...
Y el epílogo que resume la filosofía de los emprendedores en el correo que Luceño envía a Medina cuando entra la primera comisión millonaria en su cuenta: “¡Pa la saca!”. Era 30 de marzo de 2020 y aquel día fallecieron en la Comunidad de Madrid 211 personas.
Los amigos de Koldo
El cobro de comisiones también vertebra el primer caso de presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno de España. En el centro de la trama aparece otra figura de tintes carpetovetónicos, aunque con un perfil alejado de los que representan Medina y Luceño. Es Koldo García, un tipo rudo de Navarra que pasó de portero de prostíbulo o guardia de seguridad, condenado por dar palizas, a asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos. Pese a su escasa preparación, Ábalos situó a Koldo como consejero en dos empresas públicas. El hermano del asesor y su mujer también cobraban del Ministerio o de empresas públicas dependientes de él. Koldo siempre estuvo vinculado al PSOE en su intento por medrar y acabar como multipropietario inmobiliario en Benidorm.
Pero Koldo, según la investigación, no solo olió el negocio de la pandemia y las mascarillas. Allí estaban también unos empresarios ávidos de ganar dinero en el confinamiento. Uno de ellos es Víctor de Aldama, ajeno al sector de la salud, presidente de un club de fútbol de tercera división —el Zamora CF— y que se las ingenió para buscar proveedores de mascarillas con intermediarios de distintos países cuando estalló la crisis sanitaria. Aldama jugaba con las cartas marcadas. Según el sumario de la causa, el empresario supo que se iban a licitar los contratos de mascarillas antes de que se aprobaran.
El juez de la operación Delorme estima que el “beneficio económico” directo que obtuvo Aldama fue de cinco millones y medio de euros. Para realizar esa operativa, necesitó de empresas reales, una estructura con capacidad de ejecutar los contratos. Y ahí es donde entra en juego otro empresario, Juan Carlos Cueto, con el que había hecho negocios en el pasado. Este empresario dispuso la compañía tapadera Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S. L., controlada en la sombra por él, para firmar los contratos de la Administración. Aldama, Cueto, quienes aparecían al frente de la empresa pese a ser simples testaferros... todos están imputados en la Audiencia Nacional.
Hasta 2017, Soluciones de Gestión se había dedicado principalmente a asociarse con otras sociedades y desarrollar proyectos sanitarios y de infraestructuras en África, pero cuando dio el pelotazo de las mascarillas llevaba inactiva varios años. Su conexión africana ya había traído problemas a su auténtico dueño, Juan Cueto, un viejo conocido en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 50 años de cárcel para el empresario por la trama de corrupción en la compañía semipública de venta de armas Defex en su vertiente de contratos con Angola.
La facturación de Soluciones de Gestión pasó de cero millones en 2019 a 53,13 en 2020 gracias a las adjudicaciones públicas para el suministro de mascarillas y otro material sanitario con el que hacer frente a la pandemia. La operación también resultó muy provechosa para Cueto, que obtuvo un beneficio de 9,6 millones de euros, según los investigadores. El juez del caso cree que Koldo García fue uno de los que obtuvo comisiones por las adjudicaciones de esos contratos. La cantidad exacta de lo que se llevó está por determinar.
La trama también salpica al Ministerio de Transportes, que este viernes hizo pública una auditoría que revela que hubo fraude en los citados contratos. Su titular, Óscar Puente, anunció en una comparecencia el cese de dos altos cargos de su departamento que están imputados. Se trata del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda.
Ayuso y los suyos
Y luego están el hermano de Isabel Díaz Ayuso y la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por separado. Tomás Díaz Ayuso sí tenía experiencia en el sector sanitario cuando llegó la pandemia, con más de dos décadas como comercial. El 1 de abril de 2020 los madrileños cumplían dos semanas encerrados en sus casas. Ese día, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid cerró un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. Tomás Díaz Ayuso obtuvo una comisión de 234.000 euros por la adjudicación a una pequeña firma de ropa.
La empresa adjudicataria, Priviet Sportive SL, no tenía ninguna experiencia en la importación de material sanitario y estaba en apuros económicos. Pero su dueño, Daniel Alcázar, tenía un contacto. Ese enganche era un comercial sanitario que se apellida como la presidenta de la administración que disponía del dinero público para el contrato. Alcázar era amigo de la infancia de Tomás e Isabel Díaz Ayuso porque estos veraneaban en su pueblo de Ávila.
Una denuncia de la oposición madrileña motivó que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias de investigación que posteriormente fueron archivadas. El Ministerio Público concluyó que Isabel Díaz Ayuso no había participado en ningún aspecto de la adjudicación y que el papel de su hermano no había sido contactar con la Comunidad de Madrid. Tomás Díaz Ayuso pactó con su amigo una comisión fija de 176.000 euros si le traía las mascarillas y un bonus extra dependiendo del precio de mercado del producto. Así obtuvo el hermano de la presidenta 234.000 euros en una sola mediación durante el desolador mes de abril de 2020.
El 18 de febrero de 2022, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, enfrentado políticamente a la presidenta madrileña, se preguntó ante los micrófonos de la cadena Cope: “¿Es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas?”. Entre Ayuso y Casado, los barones del PP y la prensa conservadora de la capital eligieron a la primera. El líder del PP cayó con estrépito en apenas una semana de deserciones a su alrededor.
Cuando se produjo esta polémica, Isabel Díaz Ayuso ya había comenzado su relación con Alberto González Amador, al que las revistas del corazón presentaban como “técnico sanitario” y al que una investigación de Hacienda considera, sin embargo, como un empresario defraudador, algo que su propio abogado ha confirmado en un primer correo a la Fiscalía y en la negociación abierta para evitar la cárcel. Los dos delitos fiscales por los que está investigado González Amador tienen que ver con su intento por evitar el pago de 350.951 euros en impuestos que había ganado con un pelotazo por la venta de mascarillas en plena pandemia de la Covid-19.
De los 2,33 millones de euros que facturó el empresario en 2020 con su empresa Maxwell Cremona SL, casi el 85%, 1.973.000 euros, procedieron de una única operación, un contrato por “intermediar” para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas para la protección frente al coronavirus. González Amador se llevó casi dos millones de euros por poner en contacto a una empresa gallega y otra catalana. En la justificación de gastos incorporó un viaje a Nueva York dentro de la intermediación entre las dos empresas españolas.
A Alberto González Amador también le funcionaron los contactos. Se da la circunstancia de que en el Consejo de Administración de la empresa que compraba, Mape Asesores, se sienta Fernando Camino, un amigo suyo con un puesto clave en el grupo Quirón –el gigante de la sanidad privada madrileña–, al que la pareja de Ayuso venía facturando desde hace tiempo.
Camino es directivo de Quirón Prevención y en el pasado creó una empresa en el paraíso fiscal de Panamá donde posteriormente figuró como administrador la pareja de Ayuso mientras defraudaba a Hacienda. Ahora, González Amador debe responder de dos delitos por fraude fiscal y otro de falsificación de documentos para haber presentado invenciones como trabajos pagados a terceros con la única finalidad de no pagar a Hacienda lo que debía en concepto de Impuesto de Sociedades. En la última negociación con el ministerio público ha admitido los tres delitos. Su objetivo es evitar la entrada en prisión con una condena más baja. Pese a ello, Ayuso nunca rectificó la comparecencia pública en la que culpaba a todos los poderes del Estado de montar una operación contra ella y en la que también dijo que en realidad era Hacienda la que debía dinero a su pareja.
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Nota de rectificación remitida por Alberto González Amador
En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por Alberto González Amador a la redacción de elDiario.es:
“Jamás, en momento alguno, ha utilizado la empresa a la que se hace referencia del paraíso fiscal de Panamá.
Jamás, en momento alguno, ha realizado operación o transacción alguna con la empresa a la que se hace referencia del paraíso fiscal de Panamá.
Jamás, en momento alguno, ha realizado operación o transacción con administración pública alguna, ni en territorio nacional ni en el extranjero“.