Los comisionistas vendieron material defectuoso al Ayuntamiento de Madrid para embolsarse seis millones

La ciudad de Madrid pagó en marzo de 2020 más de 11 millones de euros a una empresa de Malasia para traer material sanitario a la capital en lo peor de la primera ola de la pandemia. Más de la mitad de ese dinero, según la Fiscalía, fueron comisiones para dos empresarios españoles, Luis Medina y Alberto Luceño. Ahora, un juzgado investiga si estafaron al consistorio, si falsificaron documentos para justificar sus ingresos millonarios ante el banco y, finalmente, si blanquearon su botín comprando coches, relojes y un yate de lujo. También si, además, el material que trajeron a Madrid era defectuoso: muchos test de anticuerpos no valían y los guantes que vinieron desde China no eran del modelo que había pedido el Ayuntamiento.

Los guantes de “ínfima calidad”

El episodio más clamoroso es el de los guantes. El Ayuntamiento de Madrid pactó con la empresa malaya Leno la compra de 2,5 millones de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares. Según relata Anticorrupción, Luceño se comprometió a entregar guantes de 40 centímetros “de gran calidad”, los que llegan hasta casi el codo y permiten cubrir todo el brazo por encima de un equipo de protección individual (EPI).

El problema es que los guantes que llegaron a Madrid el 8 de abril no eran esos. Eran de “ínfima calidad”, dice la Fiscalía, y solo llegaban hasta la muñeca y no hasta el codo como necesitaba el Ayuntamiento. El alto cargo del consistorio que trataba con los empresarios exigió una solución mientras además le informaba de que los guantes que les habían vendido eran veinte veces más caros que los que había en los supermercados españoles.

Luceño, siempre según el relato de la Fiscalía, intentó maniobrar para evitar que se acabase la relación tan beneficiosa que él y su socio mantenían con el Ayuntamiento de Madrid. Afirmó que habían conseguido rebajar el precio a casi un tercio del original y que el consistorio recuperaría su dinero. Lo primero no era cierto y lo segundo sí: el consistorio recuperó esa inversión pero Luceño renunció a su comisión para hacerlo posible. Fue penalizado con 25.000 dólares que también repercutió al Ayuntamiento de Madrid.

Los test que no servían

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la funeraria municipal, también compró 250.000 test rápidos de anticuerpos por 4.250.000 dólares a la empresa malaya que Medina y Luceño habían llevado hasta Cibeles. En este caso, el dinero fue cobrado y las comisiones fluyeron, según la Fiscalía, pero el material tampoco cumplía un estándar mínimo de calidad. Eran “defectuosos”, según la querella de Anticorrupción, no tenían sensibilidad suficiente en su mayoría y hacían falta nuevos reactivos.

Solo 75.000 de los 250.000 test comprados tenían “un nivel de sensibilidad aceptable”, del 94%, dice la Fiscalía. Otros 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80% y un lote de 60.000 tenía un nivel de sensibilidad “especialmente bajo”, del 66,7%, según la querella. En los primeros meses de pandemia, y hasta la llegada de los test de antígenos, la única alternativa a las pruebas PCR eran los test de anticuerpos para detectar si el coronavirus había dejado rastro en el organismo.

El consistorio contactó con Luceño para exigir que al menos el lote de menor sensibilidad fuera devuelto, pero el empresario dijo que la empresa malaya no estaba dispuesta a devolver el dinero aunque sí a enviar “una nueva remesa de reactivos para realizar los test, pues consideraba que el defecto causante de la baja sensibilidad se corregiría con esos nuevos reactivos”. La Fiscalía explica en su querella que no tiene constancia de que esos reactivos se enviaran aunque el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, explicó esta semana en una rueda de prensa que sí habían sido remitidos.

Este contrato es uno de los que más han llamado la atención tanto del Tribunal de Cuentas como de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso del primer organismo, destacó que Madrid compró los test a razón de 16,03 euros la unidad, mucho más caros que otras grandes ciudades del país en esas fechas. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, destacan que entre las comisiones pactadas y las que solo conocía Alberto Luceño, el botín de los empresarios era del 244% sobre el precio real del producto.

Mascarillas: caras pero buenas

El único envío investigado que no trajo material de baja calidad fue el de las mascarillas, al menos a ojos de Anticorrupción. El consistorio pagó 6,6 millones de dólares por un millón de mascarillas KN95 de grafeno de las que no hay queja, al menos en la querella de la Fiscalía que ha admitido a trámite el juzgado 47 de la Plaza de Castilla de Madrid. Sí la hay sobre el sobreprecio y las comisiones: el botín de los comisionistas salió de inflar el presupuesto un 148% sobre el valor del producto. Madrid fue uno de los ayuntamientos que más pagó por estas mascarillas en las primeras semanas de pandemia.

Está por ver si el juez Adolfo Carretero pone la lupa no solo sobre las comisiones y la gestión posterior del dinero, sino también sobre la calidad de los productos que trajeron a Madrid desde China y que, en dos de las tres ocasiones, no estaban a la altura de lo exigido por la administración de la capital.

Es algo que también sucedió en el caso que Anticorrupción investiga en relación con la Comunidad de Madrid y el hermano de la presidenta regional, Tomás Díaz Ayuso. Ese contrato por 1,5 millones de euros había sido puesto en marcha, en teoría, para traer a España mascarillas FFP2 pero finalmente, tal y como explicó elDiario.es, fueron del modelo KN95, más barato. Uno de los objetivos de la Fiscalía Europea, al intentar hacerse con las riendas de la causa, era investigar no solo si existieron comisiones ilegales sino también si existió algún tipo de engaño con respecto al tipo de mascarilla requerida por la Comunidad de Madrid.