El juez Juan Carlos Peinado, al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dejado sin efecto la comparecencia a la que había sido citado mañana el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el marco de una denuncia interpuesta por un abogado por mantener los grandes parques de Madrid cerrados durante la pandemia del coronavirus, han informado fuentes jurídicas.
El juzgado, tras la anulación de la comparecencia, mantiene abiertas las diligencias de investigación a los solos efectos de oír al denunciante y recibir la documentación que tenga a bien aportar, informa Europa Press.
La comparecencia se había fijado para que el instructor tomara una decisión respecto a la medida cautelar solicitada el letrado José Luis Mazón para que se reabran estos espacios verdes, algo que ya prevé el Ayuntamiento si Madrid pasa el lunes al pasar ya Madrid a fase 1.
La Fiscalía Provincial de Madrid había solicitado al juez que procediera al archivo de la demanda presentada por el abogado. Así, el Ministerio Público se sumaba al recurso presentado por el alcalde y el delegado y pide que, aparte del sobreseimiento de la causa abierta contra ambos, deje “sin efecto” sus respectivas comparecencias previstas para este sábado, 23 de mayo.
El abogado José Luis Mazón denunció a ambos por presunta prevaricación al mantener clausurados los grandes parques de la ciudad y reclamaba su reapertura como medida cautelar. También lo reclamó en otro procedimiento contencioso tras ser multado cuando paseaba por el Parque del Oeste, rechazando este juez su petición de reapertura.
En su escrito, el representante del Ministerio Público no apreciaba en la resolución de mantener cerrados al público los parques y jardines de la capital dictada por las personas denunciadas “datos que permitan inferir que contradicen la norma de forma patente y grosera o desborden la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, o muestren una desviación o torcimiento del derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antijuridicidad que requiere el tipo penal”.
A la Fiscalía le llamaba “poderosamente” la atención el hecho de que el denunciante atribuya al alcalde de Madrid y a su concejal un delito de prevaricación en su modalidad de dictar una resolución arbitraria sin mencionar a qué resolución concreta se refiere “debiendo adivinar las partes intervinientes la misma”.
En su recurso de reforma, Almeida solicitó el archivo de la denuncia y se opuso a la medida cautelar al entender que si se reabren estos parques “más controvertidos” para el control de la pandemia podría suponer un “alto riesgo” de rebrote, algo a lo que se opuso el letrado al afirmar que precisamente el riesgo está “en las calles aledañas” de los grandes parques de Madrid.