La Comunidad de Madrid tendrá que pagar casi 30 millones de euros por 135 camas inexistentes del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. El diario 'El País' avanza este jueves que un juzgado ha condenado al ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso a pagar este importe a la empresa concesionaria a pesar de que nunca han existido: una situación que se remonta a los tiempos de Esperanza Aguirre, cuando la entonces presidenta madrileña decidió que el nuevo hospital debía tener habitaciones individuales y no dobles aunque se pagara por las camas que no iban a utilizarse. Una pelea que la concesionaria ha ganado en los tribunales pero que también se está investigando por la vía penal en el juzgado 53 de la capital.
Fuentes del ejecutivo regional confirman esta información a elDiario.es. “Según la sentencia, la Comunidad debe pagar 29.705.262,20 euros por la decisión del Gobierno regional, en su momento, de hacer habitaciones individuales en lugar de dobles como contemplaba el primer proyecto”, explican estas fuentes. De ese dinero hay 11,3 millones que ya se han pagado y que corresponden al pago atrasado entre 2013 y 2021 mientras que el resto, otros 18,3 millones más, son los pagos a realizar desde 2022 hasta el final de la concesión en 2035.
El origen de estos casi 30 millones de euros se remonta a 2005, cuando el ejecutivo que lideraba entonces Esperanza Aguirre adjudicó la gestión del hospital majariego Puerta de Hierro a la UTE integrada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease. Tres años más tarde, poco antes de la inauguración, el expediente se modificó para que 135 habitaciones dobles pasaran a ser individuales. Ese cambio no vino acompañado de una modificación económica del contrato y la Comunidad de Madrid pagó lo mismo, en definitiva, por 135 camas menos.
Fue el siguiente ejecutivo, el de Cristina Cifuentes, el que intentó poner freno a este pago de dinero público por camas que no existían. La Comisión Jurídica Asesora de la administración regional, un órgano consultivo, reflejó en un informe de 2017 que el cambio en las habitaciones fue “a requerimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”, lo que llevó a Cifuentes a abrir un procedimiento sancionador para reclamar 4 millones de euros por estos servicios no prestados.
Una batalla que, por ahora, ha ganado la concesionaria en los tribunales. Es un caso que también está siendo investigado por la vía penal. Desde hace meses el juzgado 53 de Madrid indaga en si esa reducción sorpresiva de camas sin cambios presupuestarios, en perjuicio de las arcas públicas, pudo ocultar delitos de malversación y prevaricación, tal y como considera la Fiscalía Anticorrupción. En este caso, por el momento, están imputadas la directora general Elena de Mingo y el entonces director general de Gestión Económica Jesús Alejandro Vidart.
La magistrada del juzgado 53 rechazó la petición de Anticorrupción de imputar a Esperanza Aguirre y a su entonces consejero de Sanidad, Juan Jesús Güemes, así como a la viceconsejera Ana Sánchez. La Fiscalía está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva su recurso sobre esta negativa al considera que Aguirre debe dar explicaciones sobre una decisión que los informes internos del ejecutivo regional le atribuyen de manera personal.