La Comunidad de Madrid dejará de pagar al personal de la Guardia Civil que vigila la casa de la expresidenta regional y ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, a partir del 1 de diciembre, según ha informado este martes el portavoz regional, Ángel Garrido tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según ha explicado a los periodistas, el Gobierno de la Comunidad se hacía cargo de los pagos por la seguridad del domicilio de Aguirre, a raíz de un convenio con el Ministerio del Interior que se renueva en diciembre.
Este acuerdo afectaba a los domicilios de los presidentes en ejercicio así como a los edificios oficiales, pero el Ejecutivo de Cifuentes ha decidido que el domicilio particular de Aguirre, un palacete en el barrio de Malasaña, no forma parte de este convenio. A partir de diciembre, el ministerio del Interior deberá decidir si la expresidenta sigue necesitando un equipo de seguridad frente a su puerta.
El diario Vozpópuli publicaba este fin de semana que las facturas de la luz de la casa de Aguirre también ha corrido a cuenta de la Comunidad de Madrid entre finales de 2003 y principios de 2012. Según este periódico, el coste total acumulado oscila entre 21.000 y 32.000 euros y fue Ignacio González, su sucesor, el que ordenó dejar de pagarlos.
Fuentes del entorno de Aguirre indicaron en un primer momento que el gasto correspondía a la garita de seguridad que se encuentra en el paso de carruajes de su casa aunque los expertos dudan de que un espacio pequeño pudiera corresponderse con un gasto medio de 300 euros mensuales.
El equipo de Aguirre trató de desmentir esta información y difundió dos recibos de la luz, aunque correspondientes al año 2014, cuando ella hacía ya dos años que había dejado la presidencia.