La gestión de las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus se ha convertido en una de las principales armas utilizadas por el PP y por Vox para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez tratando de sacudirse la responsabilidad por lo sucedido en algunas autonomías, como Madrid, que ha registrado la mitad de víctimas de todo el país.
La oposición de las derechas ha centrado sus alegatos en el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al que han llegado a acusar de “dejar morir a los ancianos” por su “negligencia” como “mando único” al frente de los servicios sociales. Pero ni Iglesias ha sido mando único en ningún momento durante el estado de alarma ni las competencias en la materia fueron transferidas desde las comunidades autónomas al Ejecutivo central. De hecho, el Ministerio de Sanidad reforzó el papel de los Gobiernos regionales en varios apartados, a través de los decretos que el Gobierno ha ido aprobando.
El real decreto ley del 14 de marzo que introdujo el estado de alarma en España estableció para todo el Estado cuatro autoridades competentes delegadas en sus respectivos ámbitos de actuación: la ministra de Defensa, el de Interior, el de Transportes y el de Sanidad. Salvador Illa, además, sería autoridad que coodinaría las materias ajenas a estos cuatro departamentos. Esos son los “mandos únicos” que se han establecido para el periodo de excepcionalidad que termina el próximo 21 de junio.
Bajo ese paraguas el Gobierno se facultaba para dar órdenes de obligado cumplimiento a todas las personas e instituciones del país. Dichas órdenes podían ser adoptadas “de oficio” o “a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes”, según indica el texto legislativo. Pero las administraciones autonómicas conservaron “las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios” Así lo establecían los artículos 4 y 6 del real decreto del 14 de marzo.
Pocos días después, el 19 de marzo, el ministro Illa firmaba una orden ministerial específica para las residencias de mayores en la que se establecían normas obligatorias tanto para evitar que se propagara la enfermedad como para el tratamiento de las personas ingresadas. La orden señala en varias ocasiones la labor de las autoridades sanitarias competentes, que deben ser quienes reciben las comunicaciones de los casos detectados o recomienden las “medidas extremas de limpieza” necesarias.
Esa orden (SND/265/2020) facultaba además a “la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma” a intervenir en la gestión de las residencias de titularidad pública o privada para “modificar la prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario vinculado con las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios”. En su apartado 7, facultaba a dicha autoridad, los gobiernos autonómicos, a “dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden”.
Cuatro días después, Illa volvía a firmar una nueva orden ministerial para reforzar la anterior. Se facultaba a las autoridades sanitarias competentes, que seguían siendo los gobiernos regionales, a definir la periodicidad y el medio por el que las residencias debían informar de los casos de COVID-19 detectados y de su evolución.
La orden permitía la intervención total de los centros por parte de la “la autoridad competente de la comunidad autónoma”. Todos ellos, además, quedaban “sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente” que podrían realizar su trabajo “en cualquier momento”.
El documento obligaba a las residencias a informar de las situaciones excepcionales “a las correspondientes Consejerías de Servicios Sociales y de Sanidad de la comunidad autónoma, así como a la Delegación o Subdelegación de Gobierno”. En su punto 2, se faculta a las “autoridades competentes” a “auxiliar” a las residencias que lo necesitaran y a informar posteriormente a los Ministerios de Sanidad y Derechos Sociales.
La iniciativa de esta orden parte precisamente del ministerio que dirige Pablo Iglesias, tal y como señala el propio preámbulo del texto legal. En aquellos días, el Ejército había denunciado situaciones límite, como el descubrimiento de algunos cadáveres que permanecían en geriátricos junto a los residentes.
Investigaciones judiciales
La crisis de las residencias de mayores ha acabado en diferentes tribunales de todo el país. En Aragón, por ejemplo, un tribunal ha condenado al Gobierno regional por no haber dotado de equipos de protección individual (EPI) al personal sanitario, incluido en de los “centros socio-sanitarios o sociales”.
La Fiscalía investiga lo ocurrido en más de un centenar de residencias de toda España. En uno de ellos, el Monte Hermoso de Madrid, fallecieron 17 internos. El centro no cumplía el plan de medicalización ordenado, precisamente, por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según justificó el Gobierno regional. “No es la tónica general”, señaló la presidenta madrileña, en contra de lo que siempre ha dicho el responsable de Servicios Sociales de su Gobierno, Alberto Reyero, quien clamó desde el principio para que el departamento de Sanidad pusiese medios en los geriátricos.
Los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés siguen pidiendo a día de hoy que se medicalicen sus residencias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó que se hiciera, pero el Gobierno de Ayuso optó por recurrir. El tribunal se ratificó en su decisión de exigir a la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero la medicalización de las residencias.
No es el único quebradero de cabeza judicial de Ayuso. A finales de mayo, 25 familiares de personas fallecidas en residencias madrileñas, agrupados en la Marea Residencia, se querellaron contra ella, Ruiz Escudero, y el consejero de Justicia, Enrique López. La jueza admitió a trámite la querella y la remitió al Tribunal Supremo, el competente para juzgar a la presidenta madrileña.
Pero los problemas del Gobierno de Ayuso con las residencias no acaban ahí. El Ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos sufre una profunda crisis por el intercambio de acusaciones entre sus consejeros de Sanidad y Políticas Sociales precisamente a cuenta de la gestión de estos centros.
El responsable de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), alertó en dos correos electrónicos al de Sanidad (PP) de que no enviar a lo ancianos enfermos de las residencias a los hospitales supondría su muerte en “condiciones indignas”. Reyero dejaba así constancia por escrito de que el Gobierno era conocedor de que se habían distribuido unos protocolos desde el Gobierno de Ayuso a las residencias y los hospitales.
La misma orden también se dio desde el Gobierno de Castilla y León en los primeros compases de la crisis, en marzo, aunque se levantó en abril.
El Gobierno de Ayuso tuvo que reconocer, pese a sus negativas iniciales, que dichos protocolos se habían enviado a los centros, lo que confirma que las competencias en la materia eran autonómicas. Pero es que, además, durante el peor momento de la pandemia la propia Ayuso quitó a Ciudadanos las competencias sobre las residencias, “descontenta” con su gestión. La presidenta otorgó dichas competencias a su consejero de Sanidad. Luego la ha defendido, acusando a Ciudadanos de tener una “estrategia incomprensible”.
Iglesias: “Un auténtico escándalo, si no es un crimen”
Mientras el escándalo crece en Madrid, con gobierno roto, desde PP y Vox han elevado el tono de las acusaciones contra el Gobierno a cuenta de lo ocurrido en las residencias de ancianos. El partido de ultraderecha fue el primero en decir, sin tapujos, que el vicepresidente segundo del Gobierno había ordenado “encerrar” a la personas mayores hasta su muerte.
Lo hizo primero la diputada María de las Cabezas Ruiz Solás, por dos veces. La primera, en una interpelación en la que culpó a Iglesias de tener “a miles de mayores encerrados en las residencias condenados a muerte”. Después, en la comisión parlamentaria de reconstrucción, donde Iglesias acusó a Vox de querer “un golpe de Estado”.
Luego fue el propio líder del partido, Santiago Abascal, quien durante el último debate de prórroga del estado de alarma dijo que el Gobierno buscaba quitarse de encima sus responsabilidades penales: “Las de un presidente que ha provocado la muerte de miles de españoles y un vicepresidente que ha dejado morir a los ancianos en las residencias sin la asistencia del Estado”.
También en sede parlamentaria la diputada del PP Alicia García se preguntaba “¿cuántos de los 19.000 fallecidos en las residencias estarían vivos hoy si no hubieran cometido tantos errores?” en una comparecencia de Iglesias, quien respondió señalando que las competencias eran autonómicas.
La estrategia de intentar culpar al Gobierno de la gestión de las residencias se ha convertido, así, en una de las principales armas de la oposición de las derechas. Este mismo martes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraba que el vicepresidente segundo ostenta el mando único sobre las residencias de ancianos y se preguntaba “qué ha hecho para proteger la vida de los mayores”.
Iglesias nunca ha sido “mando único”, aunque sí recibió el 19 de marzo el mandato de coordinar el funcionamiento de los servicios sociales de todo el Estado, en cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos. De hecho, el Ministerio de Derechos Sociales ha repartido entre las comunidades autónomas 300 millones destinados “a reforzar la atención social a colectivos vulnerables ante el COVID-19”, según explicó el propio Iglesias.
El vicepresidente aludió expresamente a “reforzar las plantillas de las residencias de ancianos” y señaló como una “prioridad absoluta responder a la situación en los centros de mayores” que, dijo, debían ser medicalizados.
En una entrevista posterior en TVE, Iglesias señaló que lo ocurrido en Madrid y Castilla y León era “un auténtico escándalo, si no es un crimen”, recordando las palabras del consejero de Políticas Sociales de Ayuso.
Este martes, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, defendía su gestión. “En el marco de nuestras competencias hicimos lo que teníamos que hacer. Modestamente, cumplimos con nuestro deber y nuestra obligación”. Y zanjaba: “Hay muchas cosas que se tienen que terminar de saber. El propio consejero apunta a que puede ser ilegal. Y lo que es ilegal, lógicamente se debe perseguir”.