Las comunidades se resisten al mando único de Sanidad: caos en los datos y conflicto a la vista por la desescalada

“A los efectos del Estado de Alarma, la Autoridad Competente será el Gobierno”. El decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 14 de marzo ponía bajo las órdenes de cuatro ministros –Sanidad, Defensa, Transportes e Interior– a las comunidades autónomas para centralizar la lucha contra el coronavirus. El papel más importante lo asumió Salvador Illa, cuyo objetivo pasó a ser “garantizar la cohesión y la equidad en el trato dispensado a todos los ciudadanos españoles” al erigirse como mando único de la Sanidad en España.

La tarea de Illa consistía en coordinar un sistema profundamente descentralizado para garantizar una respuesta unitaria a la epidemia. La tarea no era fácil ya desde el punto de partida y la realidad ha demostrado que es imposible: varias comunidades autónomas se han enfrentado con el Ministerio, en una cruzada con tintes políticos, y en ocasiones han desobedecido las indicaciones de Sanidad. Ahora, con el escenario de la desescalada en el horizonte, los gobiernos autonómicos empiezan a plantear sus propios planes de acción eludiendo la coordinación del Gobierno.

Sanidad es un área con las competencias transferidas a las comunidades autónomas, en la que estas tienen un amplio margen de actuación mientras el Gobierno se reserva tareas de coordinación y unas pocas competencias. El Real Decreto del estado de alarma trató de recuperar parte del poder para el Ministerio de Sanidad, cuya descompensación con los gobiernos regionales queda patente al observar los funcionarios que tienen unos y otros. Mientras en el Ministerio trabajan unos 1.200 empleados públicos, las comunidades autónomas tienen en el sector sanitario a más de medio millón de funcionarios.

Así, la norma que aprobó el Gobierno establece que el ministro de Sanidad tendrá el control de todas las autoridades civiles sanitarias, de los funcionarios y trabajadores de los sistemas autonómicos, que deberán seguir sus órdenes directas cuando “sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”.

Es decir, la gestión continúa en manos de las comunidades autónomas pero el ministro se reserva la posibilidad de intervenir si lo cree necesario. Lo aclara el texto cuando dice que las administraciones autonómicas y locales mantendrán la organización “de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento”. Lo que hace Illa es reservarse “el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio”.

El Ministerio, con ese Real Decreto, también se garantiza poder mover medios técnicos o personales de un territorio a otro, en función de las necesidades médicas. Unos días antes, el Ministerio había anunciado que coordinaría las compras de material sanitario para tratar de garantizar el suministro.

Lo cierto es que ese mando único ha quedado más en una figura sobre el papel que en una realidad. Por ejemplo, el día que lo anunció, Illa dijo que se iban a centralizar todos los datos de contagiados y fallecidos, que se recogerían por parte de las comunidades autónomas con unos criterios comunes “para suministrar de forma homogénea toda la información”. Un mes después, Sanidad sigue batallando para que sea así.

Los informes que cada día distribuye el Ministerio están plagados de anotaciones a pie de página porque no todas las comunidades utilizan los mismos criterios. Algunas sumaban el total de pacientes que habían pasado por la UCI mientras otras solo ofrecían el de ingresados ese día; unas aglutinaban a todos los contagiados, mientras otras dividían entre asintomáticos o con síntomas. Algunos gobiernos regionales informan de los fallecidos en residencias de forma periódica; otros, cuando lo consideran oportuno, y hay quien ni siquiera ha comunicado esas cifras a Sanidad. El salto en el número de muertos en Catalunya es una muestra de ese descontrol y Madrid también ha avisado de que su cifra se incrementará.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, fue la encargada de mostrar el profundo enfado del Gobierno con esa disparidad en los datos. Acusó a Madrid y Catalunya de “intentar confundir” con las cifras: “Cualquier intento de tratar de confundir a la ciudadanía, a la opinión pública, no aporta luz y provoca sensación de desconfianza o de que no todas las administraciones públicas están cumpliendo con su obligación de rendir datos y de que estos sean de calidad”.

Para tratar de paliar esa situación, Sanidad ha publicado este viernes una orden para que se unifiquen los datos: deberán dar el total acumulado de casos confirmados y distinguir entre los sintomáticos y los asintomáticos, informar de las altas y enviar el dato acumulado de pacientes que han pasado por la UCI.

Ahora el nuevo campo de batalla está en los pasos de la desescalada. Antes incluso de que el presidente del Gobierno anunciase la noche del sábado que a partir del 27 de abril los niños podrán salir a la calle acompañados de sus padres siguiendo unas normas que todavía se deben estipular, la Generalitat ya había aprobado poner en marcha esa medida. Según anunció el conseller de Interior, Miguel Buch, el sábado por la mañana, el plan del Govern pasaba por dejar salir a los menores a partir del 26 de abril, con mascarillas en una serie de franjas horarias. Euskadi, por su parte, también se había adelantado a proponer esta medida y que a las iniciativas de desescalada se añada también la posibilidad de practicar deporte en la calle.

Sánchez, que este domingo se reúne con todos los presidentes autonómicos, anunció por la noche que se abrirá la mano con las salidas de los niños a partir del 27 de abril, aunque los detalles se perfilarán durante la próxima semana.

Los ritmos de la desescalada amenazan con abrir nuevos focos de conflicto entre las autonomías y el Gobierno central. Sánchez admitió este sábado por primera vez que las medidas de relajación del confinamiento dejarán de ser homogéneas para todo el territorio nacional y dependerán del grado de afectación por la pandemia. El presidente abrió la puerta a que no sean ni por comunidades autónomas y a que se puedan adoptar decisiones distintas en pueblos o ciudades incluso dentro de una misma provincia, en función del número de contagios. Se comprometió eso sí a tomar medidas en colaboración con las comunidades autónomas.  

Galicia se ha erigido también en un foco de disidencia frente al Gobierno de Sánchez. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que los 100.000 test que le ha enviado el Ministerio se emplearán para elaborar un estudio epidemiológico amplio, desoyendo a Sanidad, que ya había anunciado su propio plan para todo el país y que recomienda a las autonomías su uso en hospitales, residencias y cárceles.

Preguntado sobre este asunto, durante la comparecencia de este sábado, el presidente del Gobierno llamó a la “colaboración institucional” y recordó a Feijóo que el Gobierno va a realizar un estudio para todas las comunidades autónomas en el que se desplegarán 64.000 profesionales y que así se había anunciado. “Apelo a la unidad”, pidió Sánchez, a las distintas administraciones cooperen en el plan de desescalada que se iniciará en las próximas semanas y cuya primera medida será la salida de los niños a la calle, tal y como anunció Sánchez este sábado, aunque con restricciones y normas todavía por determinar, a partir del 27 de abril. 

Ese problema con el que se enfrenta Illa desde hace semanas acaba de estallarle también a la ministra de Educación. El departamento que dirige Isabel Celáa anunció el pasado miércoles un principio de acuerdo con las comunidades autónomas para finalizar el curso escolar con la idea de una “promoción general”. Un día después, cinco comunidades autónomas se desmarcaron del consenso.

La ministra ya ha lanzado un aviso a los discordantes en la entrevista con eldiario.es: “Nos hemos dotado de un sistema autonómico, no centralizado. Esto tiene muchas ventajas, por su cercanía a las necesidades de las personas, pero tiene estas otras cuestiones: hemos de confiar y cuidar que las comunidades autónomas actúen correctamente”.

La compra centralizada de material sanitario también supuso otra área de fricción entre algunas comunidades y el Gobierno. Algunos ejecutivos regionales han acusado al central de prohibirles comprar por su cuenta en los mercados. Quim Torra, el presidente de Catalunya, tildó el sistema de fracaso y dijo que solo les había llegado el 10% del material que necesitaban; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusó el Gobierno de requisarle material. El ministro siempre ha negado que se prohíba a las comunidades autónomas comprar su material y ha definido esa compra centralizada como una labor de coordinación para garantizar el suministro. Sanidad ha informado del reparto de material que ha hecho a las comunidades autónomas: más de dos millones de test rápidos y 71 millones de mascarillas y elementos de protección.

Con ese escenario se celebra este domingo una nueva conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Allí volverá a ponerse sobre la mesa que el Gobierno no ha conseguido todavía la unidad de acción con las comunidades autónomas, algunas de las cuales han decidido ir por libre en la batalla contra el coronavirus.