Contra los pronósticos iniciales, los comuns no entrarán en el Govern de Salvador Illa. La formación que colideran Ada Colau, Jéssica Albiach y Candela López priorizó durante las negociaciones para la investidura firmar un acuerdo que incluyese sus principales demandas antes que colocar consellers propios. Y esa dinámica se mantendrá durante la legislatura, según explica el partido, que quiere asegurarse de que el PSC cumple con lo firmado y no gira a la derecha para buscar una geometría variable con Junts.
Illa y Albiach sellaron el 3 de agosto el acuerdo para la investidura del líder del PSC. En un acto en la Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, ambos sellaron un texto de 13 páginas que contempla, entre otros asuntos, la construcción de 50.000 nuevos pisos protegidos, la recuperación progresiva de la sexta hora escolar y la gratuidad de la educación hasta los 3 años durante la legislatura.
También un compromiso para “no facilitar” proyectos como el macrocasino del Hard Rock en Tarragona, el punto de choque que provocó el adelanto electoral el 12 de mayo. Con este acuerdo, los comuns consiguen que se eliminen las reducciones fiscales sobre el juego para acabar con los incentivos para que este tipo de proyectos aterricen en Catalunya.
Entre los comuns cunde una sensación de satisfacción con el acuerdo alcanzado, mucho más a la izquierda de lo que esperaban en un inicio y de lo que, dicen, habría deseado el PSC, habida cuenta de los gestos que Illa lanzó a Junts durante la legislatura pasada, según argumentan. Pero esa satisfacción con lo firmado muta hacia el escepticismo cuando miran hacia el futuro de la legislatura. Especialmente tras conocer la lista de consellers que Illa fue desvelando la semana pasada.
“El Govern no nos sorprende para nada, hay perfiles que son mucho más cómodos para nosotros, más fáciles para trabajar, como Alicia Romero en Economía, Esther Niubó para Educació”, sostiene David Cid, portavoz de los comuns en el Parlament. El problema, precisa, está más en perfiles como el de Ramón Espalader en Justicia, Miquel Sàmper en Empresa y Trabajo y Olga Pané en Salut.
“En Sanidad vamos a estar muy vigilantes porque tienen un modelo muy alejado del nuestro y habrá que ver qué políticas construye”, advierte. Después de conocerse el nombramiento, en las redes circularon vídeos de Pané en los que señalaba que los médicos en Catalunya trabajan pocas horas o hablaba de la cooperación con el sector privado en la gestión sanitaria.
También escama en los comuns la elección de Espadaler, líder de Units per Avançar, partido heredero de Unió. El nuevo conseller de Justicia ya ocupó cargos similares con gobiernos de Convergencia i Unió entre 2012 y 2014, durante la presidencia de Artur Mas, al frente de Interior, y entre 2001 y 2003 con Jordi Pujol al frente de la Generalitat. Entonces se desempeñó como titular de Medioambiente. El nuevo conseller se posicionó en contra de la reforma de la ley del aborto impulsada por la entonces ministra de Igualdad Irene Montero y en el pasado también rechazó el matrimonio homosexual.
Cid cree que el Govern va en la línea de lo que el PSC busca en el último tiempo: la transversalidad ideológica, para atraer al votante de la antigua Convergència desencantado con la deriva de Junts. “Illa es la expresión de eso, Illa no es Maragall”, dice el portavoz de los comuns, que asegura que lo que marcará la relación con el PSC en la legislatura es lo que vaya haciendo el PSC con los acuerdos que han sellado.
El primer paso, como adelantó hace unos días el propio portavoz en una entrevista en EFE, serán los presupuestos para el próximo año, en los que van a velar por que se haga efectiva la eliminación de los privilegios fiscales para los proyectos como el Hard Rock. “Nosotros exigiremos que medidas que están en el acuerdo de investidura que firmamos ya se incorporen a este nuevo presupuesto”, dijo el dirigente de la formación, que deseó “una negociación rápida”. Cid ha emplazado ya al bloque de la investidura que forman con el PSC y ERC a abrir una mesa para esa negociación a la vuelta del verano.
La decisión, por tanto, de no haber planteado como una prioridad entrar en el Govern tiene que ver con la desconfianza que genera a los comuns el PSC de Illa, que en contra de la tradición de los socialistas catalanes, con el exministro de Sanidad se ubica ideológicamente más a la derecha que el PSOE estatal, argumentan fuentes de esa formación. La correlación de fuerzas actual en el Parlament tampoco ha reforzado esa ambición inicial de exigir consellerias a cambio del apoyo a la investidura El PSC obtuvo 42 escaños en las pasadas elecciones mientras que los comuns registraron el peor resultado desde su nacimiento con 6 diputados.
Esta negociación discurre en paralelo a las malas relaciones entre el PSC y los comuns en el Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, fue incapaz de aprobar las cuentas públicas este año precisamente por el 'no' de los de Ada Colau, y se tuvo que someter a una cuestión de confianza para sacar adelante esos presupuestos. La pelea de fondo era la exigencia de Barcelona en Comú de entrar en el gabinete, algo que el PSC rechazaba. Los comuns en cualquier caso separan ambas negociaciones y aseguran que la relación entre Albiach e Illa es “fluida”. “La relación conflictiva se circunscribe a nivel del ayuntamiento por la deriva de Collboni de desmontar o limitar el modelo de Colau”, asegura Cid.
En los comuns aseguran que no hay un debate sobre la mesa en cuanto a entrar en el Govern a medida que avance la legislatura o si aprovechar una negociación concreta para dar ese salto. Es algo, dicen, que medirán en función del PSC que se vayan encontrando en el Govern. “El contenido del acuerdo va más allá de la investidura, nos da espacio y un papel en la legislatura. Pero no hemos fijado el límite de la relación. No hemos cerrado la puerta y no hay un calendario ni un horizonte sobre si entrar o no”, dice Cid. “Estamos a la expectativa de ver qué van haciendo, la relación que vamos a mantener con ellos es de acuerdo, acuerdo, acuerdo”, dice, parafraseando el ‘programa, programa, programa’ de Julio Anguita.
Una decisión a contracorriente en la izquierda
No hay precedentes en la izquierda transformadora, un espacio que siempre que ha tenido la oportunidad ha puesto sobre la mesa en las negociaciones con el PSOE la entrada en gobiernos de coalición. Lo hizo Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, en 2003, en un Ejecutivo que nunca llegó a tomar posesión a causa del ‘tamayazo’. También Iniciativa per Catalunya Verds, en los dos tripartitos con el PSC y ERC, y también IU en Andalucía.
Las experiencias de coalición con el PSOE se dispararon con la irrupción de Podemos en la política española, primero en ayuntamientos y comunidades autónomas y después en el Gobierno estatal. En las negociaciones para aquella primera experiencia, de hecho, hubo sectores dentro del espacio confederal que apostaron por un acuerdo de gobernabilidad sin entrar en el Consejo de Ministros.
La decisión de los comuns también se desmarca de la estrategia marcada por Sumar durante las negociaciones para la segunda coalición progresista. La alianza de partidos entonces liderada por Yolanda Díaz se aseguró un acuerdo programático con los socialistas pero exigió estar en el gabinete de Sánchez con ministerios propios.