Concepción Sáez (Madrid, 1957) se convirtió oficialmente hace una semana en exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es la única consejera que, hasta el momento, ha renunciado ante el “deterioro” del órgano de gobierno de los jueces, que ha superado los cuatro años en funciones. El pasado octubre dimitió el presidente, Carlos Lesmes. Elegida a propuesta de Izquierda Unida en 2013, Sáez afirma que los socialistas tienen parte de “responsabilidad” en el bloqueo de la institución. Asegura que, tras su dimisión, al PSOE no le interesó “forzar la crisis institucional que hubiera supuesto la salida en masa o de un grupo numeroso de los vocales progresistas”.
La exvocal también se muestra muy crítica con el Partido Popular, a quien acusa de utilizar la mayoría absoluta que la derecha tiene en el órgano como “punta de lanza de sus políticas contra el Gobierno”. Hace hincapié, además, en la derechización de los órganos judiciales más relevantes, lo que, a su juicio, deja un “paisaje desolador” para los posibles futuros Gobiernos de izquierda.
¿Por qué presentó su dimisión?
No ha sido una decisión súbita. La carta de renuncia la redacté al poco de cumplirse nuestro mandato, en enero de 2019. La iba actualizando porque cada vez tenía un motivo distinto o añadido a los anteriores. Y llegó un momento en que decidí que no esperaba más a nadie. Ni a nadie de dentro ni a nadie de fuera. Quizás algunos lo interpreten como una deslealtad. Otros, como una suerte de ofensa a quienes se quedan dentro todavía. Mi intención no ha sido dar lecciones. No quiero transmitir la idea de que menosprecio al órgano, ser vocal ha sido un privilegio.
¿Por qué no renunció antes? El órgano lleva ya más de cuatro años en funciones.
Porque ya no espero ni puedo esperar a nadie más. Desde el 5 de diciembre de 2018 [cuando se cumplió el mandato] ha sido muy incómodo estar allí. Antes de la entrada en vigor de la ley 4/2021 [la que impide al órgano hacer nombramientos cuando está en funciones] encontraba un sentido a estar allí porque me oponía sistemáticamente a que siguiéramos actuando en funciones como si no lo estuviéramos y era una de mis banderas.
A lo largo de 2021 maduré la necesidad de irme. En diciembre de ese año se lo planteé a [Carlos] Lesmes [el entonces presidente]. Él me pidió que esperara porque estaba convencido de que después de las elecciones de Castilla y León se iba a renovar el Consejo. Pero inmediatamente después se convocaron las elecciones en Andalucía y, después de eso, se nos retornó la competencia para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Había un sector muy claro que pretendía estirar el nombramiento hasta el cambio de legislatura. Y eso fue el aldabonazo que me hizo quedarme hasta que se resolviera.
Decía que algunos de sus compañeros quizá interpretaron su renuncia como una deslealtad e incluso una ofensa. ¿Cómo reaccionaron cuando se conoció la noticia de su dimisión?
La noticia saltó inopinadamente, no tuve nada que ver en la filtración. Internamente no tuve demasiadas reacciones, salvo personas de mi grupo que sí que me indicaron que no era conveniente, que esperara. Sí me sorprendió la reacción el día del pleno [en el que se oficializó su renuncia]. Hubo quien sostuvo que estando en funciones no cabía la posibilidad de renuncia y hubo quien se molestó porque mi carta situaba en una posición incómoda a los que se quedaban y les desplazaba buena parte de la responsabilidad de lo que yo decía que estaba sucediendo: no solo el debilitamiento y el deterioro, sino es posible que incluso la extinción misma del órgano por la vía de los hechos. También hubo quien hizo un panegírico de mi persona. Creo que ni lo uno ni lo otro fue adecuado porque yo no puse en conocimiento mi renuncia para que ellos la aceptaran o no la aceptaran, pues quien tiene que hacerlo es el presidente.
¿Le sorprendió?
Sí. Me sorprendió negativamente. No me pareció adecuado que se establecieran obstáculos para salir. Aquello no es una secta, es un órgano de carácter político, constitucional, en donde está perfectamente determinado cuándo, cómo y de qué manera se entra y se sale. Y, desde luego, la voluntariedad está siempre por delante de cualquier decisión individual o colectiva. Otra cosa sorpresiva ha sido que la renuncia se ha hecho pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de ayer [por el martes 18 de abril]. Demasiado tarde. Tengo motivos para pensar mal pero no quiero hacerlo. Ha habido quien ha pensado que yo estaba buscando una salida profesional fuera y creo que se ha prolongado la publicación quizá más de lo debido.
¿De forma deliberada?
En el Consejo no se da puntada sin hilo. Cuesta pensar que algo sucede por casualidad.
Tras su propuesta, el vocal Álvaro Cuesta alentó una propuesta de dimisión conjunta del bloque progresista que no salió adelante. De hecho, no ha dimitido ni el propio Cuesta. ¿Por qué cree que no le siguieron sus compañeros?
No lo sé. Hasta hace unos días habría dicho que la responsabilidad de la renovación es 100% del PP. Pero después de lo sucedido con mi renuncia empiezo a pensar que la responsabilidad, aunque no al 50%, recae en el PSOE. Creo que el PSOE hizo un cálculo equivocado y consideró que hay otras prioridades antes de terminar la legislatura y que ahora mismo desde el punto de vista electoral o de mera oportunidad no le interesaba forzar la crisis institucional que hubiera supuesto la salida en masa o, al menos, de un grupo numeroso de los vocales progresistas. Por otra parte, también sé que hay compañeros que honestamente creen que tienen que quedarse.
¿Está diciendo que sus compañeros siguieron órdenes del PSOE para no dimitir?
No, órdenes, no. Pero sí al revés. Hay determinadas personas dentro del grupo progresista que tienen unos vínculos muy directos, que nunca han ocultado y que son perfectamente legítimos, con el PSOE. Yo creo que si al PSOE le hubiera interesado ese giro de timón hubiera intentado mostrar que estaba de acuerdo con intentar salir del impasse en que estamos. Es evidente que no lo hizo. Y no sé si pensar incluso que hizo llegar la idea de que no era el momento adecuado.
El mismo día que los vocales estaban reunidos para hablar de una posible dimisión en bloque, el presidente del Gobierno trasladó la idea de que no habría renovación hasta después de las generales.
Sí, creo que hicieron ese cálculo. Y creo que es equivocado. La presencia de los progresistas, más allá de que indirectamente se siga colaborando en el hundimiento del CGPJ, genera una suerte de coartada para los otros vocales. Si se quedaran solo los vocales elegidos a propuesta del PP, sus decisiones posiblemente serían legales –siguen teniendo mayoría suficiente para constituir el pleno– pero no legítimas desde un punto de vista político. El legislador constitucional elaboró un órgano amplio para dar la oportunidad de que estuviera representado todo el abanico de opiniones que conforman una sociedad tan múltiple y tan diversa como la nuestra. Por lo tanto, el hecho de que se quede solamente un grupo que viene a representar exclusivamente a un partido, que además ni siquiera está gobernando, me parece que desde un punto de vista político puede cuestionar muchas de las decisiones que se tomen.
Entre los argumentos que han dado vocales de su grupo para quedarse en el CGPJ es no dejar el órgano en manos, únicamente, de la derecha judicial. ¿Qué opinión le merece?
En manos de la derecha ha estado desde el minuto menos uno. Los progresistas nunca hemos sido decisivos. El problema de estos órganos no es tanto la adscripción política de quienes los integran como las personas. El factor humano es muy importante. En estos años, en el Consejo se han trenzado alianzas, incluso amistades, que han ido mucho más allá de la ideología de cada cual y que han incidido en las decisiones que se han adoptado. Eso ha supuesto una quiebra clarísima y que muchas de las decisiones se adoptaran por unanimidad, salvo mi voto.
Usted ha roto la unanimidad del voto en muchas ocasiones y se mostró especialmente crítica con el hecho de que el órgano siguiera nombrando jueces con el mandato caducado. ¿Fue acertado cambiar la ley para impedir que un órgano en funciones siguiera haciendo nombramientos? Es una norma que PP y Vox han impugnado ante el Constitucional.
La ley es mejorable desde un punto de vista técnico, pero siempre la he interpretado como una norma que venía a rellenar el vacío legal que se produce cuando se acaba el mandato legal. Es algo que está perfectamente claro en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, pero no había nada previsto para el órgano que gobierna el poder judicial. Es una norma que tiene que existir, nos tienen que indicar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer cuando el Consejo se queda en funciones. Si el Constitucional dice pasado mañana que esa ley es anticonstitucional, lo acataremos todos. Pero no es óbice para que no se haga nada porque es una ley importantísima.
La primera propuesta de esa reforma, que fue retirada, reducía la mayoría necesaria para elegir a los vocales en segunda vuelta. ¿Qué le pareció?
Esa iniciativa se quedó fuera por las presiones que fuera. Yo eché de menos que estuviera incluida, pues conducía a un objetivo que me parece legítimo, necesario y muy oportuno, que era establecer otro régimen de mayorías. Si no, este bloqueo se va a producir siempre. Cuando se estableció ese sistema de mayorías, el Parlamento estaba configurado de otra manera, pero la actual configuración parlamentaria ha venido a quedarse. Olvidémonos. Ningún partido va a poder gobernar en solitario en este país.
Pero hubo una oposición muy grande, especialmente de la Comisión Europea.
Bruselas es el gran espacio que no han sabido ocupar los partidos de izquierdas a pesar de que hay gente muy valiosa allí. No hay más que ver los prejuicios con los que han venido las personas de enorme poder que se han desplazado a nuestro país para ver qué pasa con el Consejo. Sus interlocutores, sus fuentes, sus conocimientos siempre son personas destacadas de la derecha. La izquierda ha descuidado el establecimiento de vínculos fuertes con Bruselas.
Antes decía que hay vocales progresistas que tienen “unos vínculos muy directos” con el PSOE. ¿La polarización política se traslada al órgano?
En lo que hace la izquierda, no. En lo que hace la derecha, sí. Aunque la derecha ahora mismo sí que está más dividida. La marcha de Lesmes vino provocada porque la mayoría de su grupo dejó de apoyarle y se encontró con que personas que habían sido sus más leales y directos colaboradores le daban la espalda. Probablemente no se hubiera ido si se hubiera apoyado en nuestro grupo y en tres o cuatro personas del suyo que le eran fieles para sacar adelante los nombramientos del Tribunal Constitucional. Era un asunto que tenía mucho interés en que se resolviera.
¿Ve una vinculación entre el PP y parte de los vocales del sector conservador?
Sin ninguna duda. Posiblemente, debido a cuestiones ideológicas e incluso motivaciones personales. Desde que se constituyó este Gobierno, el PP ha constituido la mayoría absoluta que tiene en el Consejo como la punta de lanza de sus políticas antigubernamentales. Era el único poder del Estado donde le quedaba ese trasvase de poder que le daba su situación cuando el Consejo fue creado. El Consejo ha sido siempre el ariete de las políticas del Gobierno, hasta que el Gobierno dejó de ser del PP. Después, este Consejo ha servido como la punta de lanza para todas las iniciativas políticas provenientes de un PP que estaba dispuesto a no darle ni agua a este Gobierno desde el minuto cero.
Con respecto al bloqueo del órgano, ¿es igual el reparto de culpas entre el PSOE y el PP?
No, no es igual, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que el PSOE podría haber hecho mucho más. Desde el punto de vista del Ejecutivo, podría haber aprovechado la ocasión [de su renuncia] para abordar la posibilidad de negociar. Y desde el punto de vista del legislativo, podría haber convocado a las cámaras y plantear como punto del orden del día la renovación. De esa forma, habría quedado reflejado con luz y taquígrafos quién está empeñado en que el Consejo no se renueve y que hubieran dado explicaciones. Hubiera sido cuestión de que los presidentes del Congreso y del Senado tomaran la iniciativa. Pero no hicieron ni el amago. Son omisiones deliberadas y serias en el marco de bloqueo en el que nos estamos moviendo.
¿Ve alguna opción de renovación después de las autonómicas y municipales de mayo?
Después del 27 de octubre [entonces el PP suspendió unilateralmente la última negociación cuando estaba a punto de culminar] ya no me creo nada. El PP no rompió por el tema de la sedición, ni por la reforma del Código Penal. Fue una excusa como tantas otras, aunque mucho más tardía. Ese día tuvimos pleno y salimos despidiéndonos. La mayoría estábamos convencidos de que nos íbamos. Desde entonces, ya no me creo nada.
Otra de las ocasiones en las que parecía cercano el acuerdo, el PP rompió las negociaciones al vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones. ¿Qué le parece?
Es ir en contra de la letra y del espíritu de la Constitución. El legislador constitucional quería establecer un órgano de gobierno del Poder Judicial amplio, que abriera el abanico a todas las sensibilidades sociales y no sólo a los jueces. Ni siquiera sólo a los que trabajamos en la Administración de Justicia. Los conocimientos técnicos y jurídicos los proporcionan los órganos técnicos [del CGPJ]. El pleno lo tiene que conformar gente que amplíe la mirada y recoja las sensibilidades de toda la sociedad desde una perspectiva jurídica.
¿Esa pluralidad sale perjudicada con la designación directa de los vocales judiciales por los propios jueces?
Claro. Esa idea de que el órgano de gobierno del poder judicial es un órgano representativo de los jueces es equivocada y muy peligrosa desde un punto de vista constitucional y democrático. No creo que por ahí se deba pasar nunca porque habremos perdido la esencia que pretendía el legislador constitucional: que hubiera una suerte de poro que permitiera llegar al poder judicial todo lo que se respira en la calle. Cambiar la forma de designación de los vocales judiciales y dar entrada a la vía de que sea una representación de los jueces es dar entrada al corporativismo y privar al órgano de esa necesaria porosidad. Desde el punto de vista político e institucional estaríamos cavando el final de este órgano al desplazar el poder de las asociaciones judiciales al Consejo y estaríamos desvirtuando su naturaleza. La designación a través del Parlamento es lo único que nos vincula a la voluntad popular. No defiendo nada que no esté en la Constitución.
Tras su salida, ¿qué balance hace de este mandato?
Este Consejo estaba llamado a regenerar el órgano y esa era la excusa que se puso para conformar un modelo de organización interna que algunos hemos sufrido. Pero, fundamentalmente, pasará a la historia –además de ser, espero, el más largo de toda la historia– porque con su conformación, tanto ideológica como personal, la derecha ha conseguido que los órganos que integran el vértice de nuestra organización judicial, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia, estén dirigidos y conformados, salvo pocas excepciones, por magistrados destacadamente de derechas. Este era el objetivo de este Consejo. Y al menos el tiempo que estuvo Lesmes presidiendo, él supo llevar a cabo la tarea para la que había sido nombrado.
Pero es algo que viene de lejos. La Sala de lo Penal del Supremo pasó de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2022 sean 12 conservadores frente a cuatro progresistas.
La conformación actual del Tribunal Supremo y de los órganos judiciales más relevantes no es casual, ni se ha producido por una concatenación de circunstancias que han venido dadas. Este era un objetivo perfectamente buscado. Desde la perspectiva de la izquierda, que es mi perspectiva, es un paisaje desolador a corto y medio plazo. Por la conformación de las personas y por su edad [han entrado en el Supremo personas a las les quedan casi dos décadas de carrera]. Eso va a ser muy duro de llevar por los sucesivos gobiernos de izquierdas que espero que vengan.