El concierto económico para Catalunya previsto en el acuerdo entre PSC, ERC y los Comuns para la investidura del socialista Salvador Illa ha abierto una brecha entre los partidos de Sumar. Cuando se constituyó hace un año como grupo plurinacional en el Congreso, la coalición nació con la ambición de representar todas las sensibilidades políticas de ese espacio político y, en especial, las territoriales, algunas enfrentadas entre sí. Y una de ellas es la financiación singular para Catalunya, que se ha convertido en un debate central a raíz del pacto de izquierdas para la nueva Generalitat.
Las pegas sobre el acuerdo se extienden más allá de las fuerzas de corte regionalista dentro de Sumar que sienten el concierto para Catalunya como un agravio para sus propios territorios. Compromís y Chunta Aragonesista fueron los primeros en levantar la voz para avanzar que no votarán a favor de ninguna reforma en el Congreso que no incluya también una mejor financiación para la Comunitat Valenciana y Aragón, respectivamente. Izquierda Unida ha mostrado sus recelos en un comunicado de la ejecutiva en el que rechaza el principio de ‘ordinalidad’ firmado, que establece que esa comunidad no pueda aportar al Estado más recursos de los que recibe de esa administración.
Al costado de IU se ha posicionado en las últimas horas Martín Urriza, el portavoz económico de Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz, que en un artículo en elDiario.es advertía de que ese criterio de ordinalidad, trasladado a personas físicas, “significaría que los ricos tienen que ser los que más servicios públicos reciban, en tanto que son los que más aportan”.
En su texto, Urriza, que además es diputado, cree que el acuerdo firmado supone, si se materializa, el primer paso para la destrucción del sistema actual, para profundizar un modelo confederal que “pone en riesgo la distribución y redistribución justa de la renta y la riqueza entre personas y regiones”.
“La cesión de soberanía fiscal no amplía el Estado federal, sino que lo debilita. No es compartir más, sino todo lo contrario”, argumenta, para recordar el funcionamiento del denominado cupo en Euskadi y Navarra, donde “la administración central está ausente y las relaciones financieras [...] son opacas”. “Los ingresos impositivos por habitante en el País Vasco están apreciablemente por encima de los de comunidades como Madrid y Catalunya con una renta per cápita similar, sin que ello se traduzca en una aportación justa a la caja común”, razona.
La posición de Urriza, sin embargo, es minoritaria dentro de Movimiento Sumar. La ejecutiva del partido aprobó hace unos días una resolución que celebra el acuerdo alcanzado en Catalunya para la investidura de Salvador Illa y pone en valor la aportación de los Comuns para “abrir una nueva etapa política centrada en las políticas sociales –con acceso a la vivienda y derechos sociales como eje fundamental– y verdes”.
El texto consensuado habla del acuerdo no como una amenaza sino como una “oportunidad para un imprescindible cambio de sistema de financiación autonómica” que camine hacia una “mayor federalización del Estado”. “En Sumar defendemos la necesidad de un nuevo modelo de financiación de carácter federal plurinacional para el conjunto del Estado, basado en el reconocimiento de la diversidad de nuestro país y en la solidaridad”, expone la formación.
Son los argumentos que han defendido estos días tanto Yolanda Díaz como Íñigo Errejón en sendas entrevistas en medios de comunicación. La ministra de Trabajo expresó en RNE su satisfacción por el acuerdo alcanzado y apoyó una financiación singular para Catalunya al mismo tiempo que habló de la necesidad de acompañarlo con una reforma fiscal para acabar con el dumping de autonomías como Madrid y Andalucía, un punto que también recoge el documento de la ejecutiva de Movimiento Sumar.
“El sistema de financiación no está funcionando”, dijo Errejón el viernes en la Cadena SER. El portavoz en el Congreso diagnosticó que el Estado central “retiene demasiado” y “transfiere poco a las comunidades”. Y, por otro lado, argumentó que los casos de autonomías como la Comunitat Valenciana son “flagrantes” y tienen que corregirse también. “Que Catalunya abra el melón no le perjudica a nadie, sino que facilita una discusión en un sentido federalizante, que es el Estado central, tiene que poner más al servicio de las comunidades autónomas”, dijo el portavoz parlamentario de Sumar, que apostó también por garantizar “mecanismos de compensación interterritorial y una reforma fiscal”.
Fuentes de Movimiento Sumar explican que el debate no está tanto dentro del partido como del grupo parlamentario, donde coinciden visiones muy diferentes. Si Izquierda Unida celebró el pacto para hacer president a Illa, criticó al mismo tiempo la reforma negociada, los Comuns están en el lado contrario, como expresó su diputado Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso, en una columna también en este diario.
“Es verdad que la combinación entre concierto solidario, progresividad fiscal y refuerzo de los servicios públicos asumida en los acuerdos entre el PSC, ERC y Comunes, es singular. Pero singular no quiere decir exclusivo o no generalizable”, defendía el pasado lunes para limitar las “resistencias” al pacto a las provenientes del “centralismo insolidario y neofranquista de las Ayuso y los Abascal de turno” o de los “barones que parecen reducir su socialismo a agitar cada tanto un nacionalismo español rancio a gusto del PP”.
Tras las posiciones verbalizadas hasta ahora dentro del grupo plurinacional, si la reforma llegara al Congreso tal y como refleja el pacto hecho público la semana pasada por ERC –y no incluyera una reforma integral del sistema que corrigiera la situación de la Comunitat Valenciana y Aragón–, tendría el apoyo de los once diputados de Movimiento Sumar salvo el de Carlos Martín Urriza, los seis de los comuns y el de Més. En contra, estarían los cinco de IU, los dos de Compromís y el de CHA. Aunque Más Madrid no se ha pronunciado al respecto, su única diputada, Tesh Sidi, retuiteó este martes la columna en de Urriza en elDiario.es. El concierto tampoco cuenta con el aval de Iniciativa de Pueblo Andaluz, partido que forma parte de la coalición pero que no tiene representación en el grupo parlamentario, por motivos similares a los que detalla el portavoz económico de Sumar.
Reunión del grupo tras el verano
Fuentes de Sumar sostienen, sin embargo, que es muy pronto para abordar la posición del grupo parlamentario en un debate muy complejo y que, estiman, tardará mucho tiempo todavía en llegar al Congreso. Por eso, las formaciones de la coalición se han citado tras el parón del verano para abordar esta discusión y tratar de dirimir si se puede consensuar una posición conjunta o si se deja a cada formación libertad de voto, lo que complicaría que el Gobierno pudiese aprobar cualquier reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) en esa cámara.
“Se ha abierto el melón, pero si se aprueba una reforma de la LOFCA se va a aprobar con la mayoría que hay y eso significa que si de nosotros depende se va a aprobar con los mecanismos justos de compensación interterritorial y de solidaridad interterritorial que garantice que ninguna comunidad, si es la tercera en aportar, sea la décima en recibir”, dijo Errejón el viernes. “Esto es una discusión que va a ser larga, que va a requerir de mucho consenso, de mucho acuerdo y sobre la que vamos a tener ocasión de explicar y hacer pedagogía largo y tendido”, sintetizó.