La policía concluye que la empresa que reformó en negro la sede del PP falseó facturas en un caso de corrupción de Castilla y León
El estudio de arquitectos que cobró en dinero de la caja B la reforma de la sede nacional del PP en Madrid, falsificó, según un informe policial, facturas en el caso Perla Negra, una causa de corrupción que se investiga en Valladolid sobre el procedimiento que sirvió para adjudicar desde la Junta de Castilla y León que preside el popular Juan Vicente Herrera el edificio de la Consejería de Economía que ocasionó graves sobrecostes.
La firma Unifica Servicios Integrales SL, que figura en los Papeles de Bárcenas, vuelve a aparecer vinculada a un caso de corrupción que afecta a otra administración gobernada por el PP, esta vez en Castilla y León, según ese atestado policial al que ha tenido acceso eldiario.es.
El asunto viene de lejos y acumula pilas de documentación en un juzgado de Valladolid y varios de los protagonistas están vinculados a otra causa de corrupción en la que también aparecen implicados varios ex altos cargos del Gobierno de Herrera, la llamada trama eólica.
En el caso Perla Negra, Unifica -la empresa que reformó según Los Papeles de Bárcenas la sede nacional del PP y cobró del partido en dinero negro- recibió de la Consejería de Economía del Gobierno de Juan Vicente Herrera 4,4 millones de euros sin que mediara licitación ni contrato de ningún tipo. Los pagos guardaban relación con el encargo que se había hecho a Unifica para que llevase a cabo la división interior del enorme edificio público construido en Arroyo de la Encomienda (a las afueras de Valladolid).
Parte de ese dinero que pagó la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Economía a Unifica acabó en manos de otras dos sociedades: la constructora Parqueolid y la promotora Urban Proyecta PM3, que recibieron 1,8 millones de euros del estudio de arquitectos.
En el sumario que indaga sobre está adjudicación ha quedado acreditado que la promotora Urban Proyecta PM3, a quien la Junta de Castilla y León adjudicó la construcción del polémico edificio recibió toda la documentación de la licitación antes de que se hiciese pública, tal y como reconoció ante el juez uno de los responsables del equipo de arquitectos que lo diseñó, Estudio Lamela.
Urban Proyecta es una vieja conocida del Gobierno de Castilla y León. Es la misma mercantil que compró la sociedad belga que alquiló entre 2004 y 2012 a la Junta su sede comercial en Bruselas, un palacete por el que se pagaban más de 12.000 euros mensuales. Hasta el momento, ni la Junta de Castilla y León ni la propia promotora han explicado cómo acabó ese contrato en una empresa de Valladolid que se camufló bajo una empresa belga.
La aparición de Unifica Servicios Integrales en el caso Perla Negra resulta también difícil de justificar para los investigadores que se preguntan. ¿Quién y cómo encargó a una empresa de Madrid la división interior del edificio y por qué no lo hizo la propia promotora inmobiliaria que debía levantarlo? Hasta el momento, lo que se sabe es que quien contactó con el estudio de arquitectos fue precisamente Urban Proyecta, tal y como declaró el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo, ante el juez que instruye la causa.
Pero el tramo final de la investigación ha destapado nuevas irregularidades. Todo está en los informes policiales remitidos al juzgado, a los que ha tenido acceso eldiario.es. A través de la investigación fiscal y bancaria de algunos de los imputados (los responsables de la constructora, de la promotora y de Unifica), la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha hallado pagos realizados en 2009 y 2010 por Unifica Servicios Integrales SL a varias sociedades: las empresas Abascal Consultores SL, Monari Consultores SL, relacionadas con Ángel Román Montes y la constructora del edificio, Parqueolid Promociones SA, vinculada a su vez con Urban Proyecta PM3, promotora del inmueble y matriz de esta.
Según los informes policiales, Unifica Servicios Integrales cobró, entre el 2 de enero de 2009 y el 10 de febrero de 2010, 4.444.315,91 euros del Gobierno de Herrera a través de la empresa pública Gesturcal / Ade Parques Tecnológicos y Empresariales. La Junta de Castilla y León efectuó dichos pagos a través de cinco facturas sin que conste en el expediente documentación alguna sobre la forma en la que la Administración eligió a la empresa.
Paralelamente, entre el año 2009 y el 3 de junio de 2010, Unifica Servicios Integrales pagó a Abascal Consultores SL 207.305,33 euros, a Monari Consultores 256.034,21 euros y a Parqueolid Promociones SA 1.424.728,28 euros. Las fechas no dejan lugar a dudas a los investigadores: Unifica cobró de la Junta por el trabajo adjudicado a dedo en el edificio Perla Negra y después desvió parte del dinero a empresas vinculadas a la promotora del inmueble.
Lo que la Policía pretendía saber es por qué el estudio de arquitectos que cobró los 4,4 millones de la Junta comenzó a pagar a la constructora y a las empresas de Ángel Román Montes López, vinculado a la promotora que levantaba el edificio.
Errores ortográficos y corta-pega
La documentación aportada por Unifica Servicios Integrales SL para justificar esos pagos que suman 1,8 millones no convence a la Policía. La empresa de arquitectura remitió dos contratos con Abascal Consultores y Monari Consultores, las empresas de Ángel Román Montes. El informe policial concluye: “Ambos contratos se encuentran fechados el 1 de agosto de 2008, el contenido es esencialmente coincidente y casi literal. Se puede decir que se trata de ”plantillas“ informáticas, de documentos de ”copia-pega“, firmados por los mismos intervinientes y que, por alguna razón, la facturación se prefirió dividir en dos bloques utilizando a dos empresas distintas”.
Según la letra de los contratos, Unifica y las empresas de Montes sellaron acuerdos de colaboración en el ámbito inmobiliario. En el caso de Parqueolid, que también recibió pagos de Unifica, no se ha aportado contrato, tan solo una relación de facturas y presupuestos por obras supuestamente subcontratadas.
También en las facturas emitidas por Abascal Consultores y Monari Consultores detecta la Policía “aparentes copia-pega” y están referidas siempre a un mismo concepto (“relación comercial y presentación del cliente...”). En cuanto a los presupuestos y facturas de Parqueolid Promociones “se advierten incluso errores tipográficos u ortográficos” que a juicio de la Udef, “parecen poco compatibles con el conocimiento de la obra que manifiestan haber realizado”.
Aunque esos pagos estaban supuestamente respaldados por facturas, la Udef quiso comprobar si tras esa apariencia de legalidad existían obras o servicios realizados. Los investigadores contactaron con el cliente final, con aquellas empresas para las que Unifica realizó trabajos supuestamente gracias a la intermediación de las dos consultoras o subcontratando a la constructora Parqueolid. Se trata de importantes firmas de ámbito nacional e internacional para las que Unifica realizó proyectos en varias provincias.
El resultado de la investigación ha permitido sacar conclusiones a los expertos en delitos económicos de la Policía. “Las informaciones aportadas por las distintas empresas requeridas, destinatarias finales de los servicios prestados por Unifica Servicios Integrales SL, son coincidentes en el hecho de señalar que no les consta nada acerca de la posible participación de las empresas investigadas como intermediarias para Unifica en su presentación como clientes”, señala el informe.
Sobre Parqueolid Promociones SA, subraya que “igualmente parece una constante el hecho de que los destinatarios de las obras subcontratadas desconocen tanto el hecho de la subcontratación, como a la mercantil, como a la empresa subcontratada”. Como ejemplo el informe policial alude la información que aportó la empresa Estudio Lamela SLP (el estudio de arquitectos que diseñó el edificio Perla Negra), en el proyecto Roca Madrid Gallery, en Madrid, dónde tenía la dirección facultativa. Estudio Lamela manifiesta que solo tiene constancia de que la ejecución se lleva a cabo por Unifica y desconoce la participación de Parqueolid Promociones como subcontratada.
Destaca la Policía que es “especialmente llamativo” el hecho de que una empresa de las dimensiones y la implantación de Unifica “precisara realmente de la intermediación de consultoras como las de Ángel Román Montes López para la captación y presentación de clientes”. Lo mismo ocurre con la supuesta subcontratación de Unifica a Parqueolid “sin aparente necesidad” ya que el estudio de arquitectos, a juicio de la Udef, dispondría de recursos necesarios para poder acometer los trabajos.
Facturas por servicios no realizados
“La profundización en la realidad material de los hechos a través de los clientes finales también parece demostrar que la única relación existente de éstos era únicamente con Unifica Servicios Integrales SL”. Por todo ello, el informe concluye con la hipótesis de que las obras y servicios que aparecen en las facturas que respaldan los pagos “no se llegaron a realizar” por las empresas que se consignan. Y que las facturas fueron meras tapaderas para desviar fondos cuyo destino final todavía se investiga.
“La única lógica” de esos pagos de Unifica a Abascal, Monari y Parqueolid es la vinculación de estas empresas con el expediente de contratación del edificio Perla Negra “tanto por la conexión temporal de las facturas como por la identidad de las personas jurídicas y físicas destinatarias de los pagos, todas ellas íntimamente relacionadas con Urban Proyecta PM3”.
Nuevos pagos de la Junta sin justificar
La Policía no ha podido investigar el origen de otros pagos recibidos por las empresas investigadas. Aparece Soincom SL, cuyos administradores no han podido ser localizados. A uno de ellos, José Manuel Castro Piedrafita, le constan requisitorias judiciales por condenas por delitos contra la Hacienda Pública y otros por los que fue condenado junto a los responsables de Parqueolid.
Por otro lado entre la información aportada por la Junta de Castilla y León al juzgado, uno de los informes destaca “facturas y pagos realizados a Parqueolid Promociones por importe total de 243.795,78 euros” y que “no se verifica la presencia de contratos que sustenten estos pagos, siendo las facturas y los pagos relativos a conceptos diversos” como “modificaciones, trasiego de gasoil o estafeta de correos”.
