Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) lleva casi tres décadas en lo que se conoce como la cúpula judicial española. La sala de lo penal del Tribunal Supremo, lo más alto de la Fiscalía General del Estado y, desde hoy, la presidencia del Tribunal Constitucional. El magistrado afronta un mandato con mayoría progresista en el pleno y con la intención de desatascar asuntos que cogen polvo desde hace años en los cajones del tribunal de garantías. También con la misión de pacificar el Constitucional después de una de sus etapas más convulsas, con un sector conservador abiertamente contrario a su presidencia y un sector progresista dividido por la candidatura de su rival, María Luisa Balaguer.
A sus 73 años, Cándido Conde-Pumpido no es ningún desconocido para la opinión pública. Su currículum arranca en 1974 en el juzgado de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria y pasa por Ourense, Donostia y Segovia hasta llegar en 1995 a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por entonces el juez más joven en la calle Marqués de la Ensenada, donde no abundan los togados con menos de medio siglo de vida. Tenía entonces 46 años.
Su firma aparece estampada en algunas de las decisiones más relevantes de esta sala en la segunda mitad de la década, relacionadas con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el terrorismo de estado durante el gobierno del socialista Felipe González. Es responsable, por ejemplo, de la condena del ministro José Barrionuevo por el 'caso Marey'. También fue el ponente de la sentencia que elevó a 31 años de prisión la condena de Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil que saqueó las arcas del cuerpo, otro de los momentos más convulsos del ejecutivo del PSOE en aquellos años.
Fue en 2004 cuando saltó a otro organismo, la Fiscalía General del Estado. El primero vinculado al Gobierno y, por extensión, a un partido político. Fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que le eligió para dirigir el Ministerio Público. “El fiscal más sectario de la democracia”, dijeron varios representantes del PP a lo largo de su mandato como fiscal general hasta su salida en 2011 con la llegada de Mariano Rajoy. Su nombramiento por parte de un ejecutivo socialista fue utilizado por el PP no solo para hacer oposición, sino también para intentar situarle detrás de investigaciones de casos de corrupción contra los populares que, en algunos casos, han terminado en sentencias firmes condenatorias contra sus colaboradores y dirigentes.
También fue en 2009, por ejemplo, cuando el PP que lideraba Rajoy pidió sin éxito su comparecencia en sede parlamentaria para dar explicaciones por las filtraciones del sumario del caso Gürtel, que entonces denominaban una “trama contra el PP” y cuya sentencia desembocó en su salida de Moncloa una década después. Ese mismo PP dio en 2017 sus votos a Conde-Pumpido para ser nombrado magistrado del Constitucional a propuesta del Senado.
Con casi cinco décadas en ejercicio, la trayectoria jurídica de Cándido Conde-Pumpido no ofrece dudas ni a sus detractores dentro del propio tribunal. Su intención, según ha expuesto el propio magistrado a su entorno, es intentar que el Constitucional deje de ser ese organismo que resuelve asuntos y recursos con años de retraso y, a veces, cuando la situación recurrida por un ciudadano ya no tiene solución. Desatascar, por ejemplo, la sentencia del recurso que el PP interpuso contra una Ley del Aborto que está a punto de ser sustituida por una norma nueva. O que un migrante no tenga una respuesta a su orden de expulsión cuando ya lleva varios años fuera de España y en paradero desconocido.
Un Constitucional partido por la mitad
A su favor juegan varios factores. El primero y esencial, la mayoría progresista implantada en el Tribunal Constitucional tras la última renovación. También la neutralización del intento de María Luisa Balaguer, de este mismo sector, para disputarle la presidencia: Conde-Pumpido se ha proclamado presidente con solo un voto más que ella, pero manteniendo cohesionado al bloque progresista. Una Balaguer con la que, hasta esta pugna que ha durado semanas, siempre ha mantenido opiniones coincidentes en sentencias y votos particulares. La vicepresidencia, que en otras ocasiones se ha otorgado al sector contrario, también ha recaído en la progresista Inmaculada Montalbán.
Juega en su contra que el sector conservador del tribunal, ahora en minoría, no ha ocultado que no le quería en la presidencia. Una oposición que no ha surgido de la nada estas semanas. Diferencias jurídicas al margen, el choque entre Cándido Conde-Pumpido y los magistrados conservadores se hizo evidente cuando el primer borrador de uno de sus votos particulares sobre la sentencia del estado de Alarma le llevó a pedir disculpas a sus compañeros, a los que llegó a calificar de “juristas de salón” por anular el primer estado de alarma. Esas expresiones no figuraron en el documento final.
En las últimas semanas, voces del sector conservador no adelantaban explícitamente que apoyarían a Balaguer solo para desbancar a Conde-Pumpido, pero sí deslizaban que la catedrática les parecía un perfil más “conciliador” que el del exfiscal general. Una manera diplomática de decir que miembros del sector conservador no querían que fuera presidente.
Cuando Pedro González-Trevijano se puso al frente del Tribunal Constitucional en 2021, uno de sus principales objetivos era buscar el consenso en las sentencias, enterrar la división entre bloques y tener un mandato corto pero pacífico. Consiguió otras cosas, pero no estas. El tribunal de garantías que pasa a presidir Cándido Conde-Pumpido viene de la mayor crisis institucional de toda su historia: de los plenos en los que el sector conservador retorció las posibilidades de la admisión y la inadmisión para no apartar al número necesario de magistrados para paralizar de forma inédita una votación en el Congreso.
También de sentencias en las que el Constitucional se partió por la mitad para anular dos estados de alarma estimando sendos recursos del partido ultraderechista Vox. De acusaciones de María Luisa Balaguer alertando de una “polarización extrema” dentro del propio tribunal. Y de una incapacidad total para sentenciar por unanimidad casos de tanta relevancia como las condenas del procés independentista.
Su llegada a la presidencia ha venido marcada por una de las épocas más convulsas del Consejo General del Poder Judicial y la acción coordinada de un grupo de vocales conservadores que, con el mandato caducado, dedicaron sus esfuerzos a imponer unos candidatos que dificultaran su elección al frente del Tribunal Constitucional. Durante meses se negaron a sentarse a negociar y votar a los dos candidatos que les correspondían, bloqueando también la llegada de los dos designados por el Gobierno, manteniendo mientras tanto a González-Trevijano en su puesto durante medio año de prórroga.
El jurista gallego, por tanto, no llega a la presidencia del Constitucional en un momento pacífico y no lo hace por un periodo corto: estará en el puesto hasta su salida del tribunal en 2026, cuando termine tanto su mandato como el de Balaguer y los magistrados nombrados por el Senado en 2017 con el apoyo de PSOE y PP. Apaciguar un tribunal sacudido por las polémicas tanto externas como internas y desatascar asuntos y recursos que amenazan con criar telarañas en la calle Domenico Scarlatti son dos de los retos de Conde-Pumpido en un Tribunal Constitucional que atraviesa su época más convulsa en 44 años de historia.