Condena de siete años y medio de cárcel al ultraderechista que propuso asesinar a Pedro Sánchez

La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de siete años y medio de prisión al hombre que en 2018 manifestó su deseo de asesinar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los jueces le imponen, por un lado, dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio en grado de proposición y cinco años más por depósito de armas de guerra: tenía 13 armas reglamentarias y otras 7 más prohibidas, entre ellas un fusil CETME de guerra.

La sentencia declara probado que Manuel Murillo participó en 2018 en un grupo de WhatsApp llamado “Terrasa por España” en el que empezó a mostrar su desacuerdo con la exhumación del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos, un proceso que el ejecutivo de Sánchez acababa de poner en marcha. En estos mensajes, además, “reivindicaba el pasado franquista”.

Entre otros mensajes, afirmaba: “No lo voy a consentir. Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo (...) si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor, patriotas no podemos consentir. Y esta vez no dejaremos ni uno”, dijo entre otras cosas.

Pasaron los días y los mensajes fueron subiendo de tono hasta proponer el asesinato del Presidente del Gobierno. “Si lo sacan me cargo al Sánchez, lo juro”, dijo antes de proponer la creación de un “comando que asalte por la fuerza la Moncloa, si no queda más remedio, y este comando que cuente conmigo”. “Quizás estoy hablando mucho pero digo lo que siento en mi corazón”, zanjó en uno de estos mensajes. A uno de sus contactos, llamado “Vox Organizador GDR” le propuso “defender a España con las armas, tenemos que estar organizados, armados para dar un golpe de estado y cargarse toda esa mierda que se ponga por delante”.

La Audiencia Nacional le condena por tener las armas pero también por las propuestas para matar a Pedro Sánchez. Entienden que no llegó a cerrar un plan para cometer el asesinato pero que, poco a poco, “fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del Presidente del gobierno, para lo que se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo”. En el juicio, Murillo negó ser un francotirador y afirmó que se sentía “como un héroe, como Rambo y decía cosas como estas para salvar a España”.

“Cosas de patriotismo”

La Audiencia Nacional explica que los mensajes de Murillo fueron llevados ante la Justicia por una mujer a la que enviaba este tipo de mensajes, que decidió hacerlo después de “consultar con un abogado, un Mosso y un Guardia Civil”, según dijo ella en el juicio. En su primera declaración en fase de instrucción, el acusado reconoció que “eso es de un loco” y alegaba que entonces “había bebido, vivía sólo y angustiado, sin tener intención alguna real pues no es un asesino y sí un sentimental”. 

Sus mensajes proponiendo el asesinato del Presidente del Gobierno, dijo también, eran para él “cosas de patriotismo” y explicó que sólo conocía a dos personas en el grupo de WhatsApp: “Un abogado de Vox y un comandante de la Guardia Civil retirado”, explicó.

Los jueces afirman que “lo que en principio pudiera ser una mera ideación sin mayor alcance desde el prisma pena” se convirtió en una decisión tomada por el condenado aunque no hubiera trazado un plan para hacerlo: “Efectivamente no hay un plan definitivamente urdido, tramado y menos aún concluido”, reconocen, aunque la veintena de armas que acumulaba prueban su “alta peligrosidad”. La Audiencia Nacional explica que “no se está ante un riesgo actual ni inminente, pero sí al menos remoto para la integridad física del objetivo”, el Presidente del Gobierno.

La exhumación de Franco

El rechazo que expresaba Murillo en sus mensajes venía por la intención del ejecutivo de trasladar los restos del dictador Franco desde el Valle de los Caídos hasta Mingorrubio, pero él expuso sus circunstancias personales y familiares para intentar justificar las “animaladas” que escribía, según dijo él mismo. Eso, dice la Audiencia, “no justifica que concibiera la idea de dar muerte al presidente del gobierno, sino más bien pues lo rezuman sus conversaciones, su absoluto rechazo a la orientación político-social marcada por los gobernantes aspirando en su nostalgia del pasado franquista a un cambio de rumbo que podía representar o se podía producir con el fallecimiento de la persona que enarbolaba la dirección de la política española”.

Los jueces rechazan considerar como explosivo un petardo casero que almacenaba en su casa, pero sí le condenan por tener armas que, además, estaban “en buen estado de funcionamiento”.

Los jueces rechazan que hubiera algún tipo de deficiencia en la cadena de custodia tras la incautación de las armas y de su teléfono móvil por parte de los investigadores: “Ningún vestigio de posible irregularidad se ha detectado”, dicen los magistrados en la sentencia. La condena, que todavía es recurrible y que implicaría su entrada en prisión, también le prohíbe tener y usar armas durante ocho años más.