Un juez de Madrid ha condenado a siete meses de prisión por atentado contra la autoridad a un hombre detenido en las inmediaciones de la casa del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. El condenado es Francisco Zugasti, uno de los asiduos a las protestas que se producen desde hace casi un año frente al hogar de los dirigentes de Podemos y su familia. Zugasti preside la asociación ProJusticia, de carácter ultraconservador y antifeminista.
La sentencia, que puede ser recurrida, confirma la denuncia que hicieron en su día los agentes de la Guardia Civil que vigilan la vivienda de los dos miembros del Gobierno, según ha avanzado La Razón. Los hechos se remontan al 30 de diciembre cuando, durante la habitual protesta frente a la casa, los agentes solicitaron a los manifestantes que respetaran el perímetro de seguridad establecido. Según la jueza Margarita Valcarce, queda probado que Zugasti “se alteró” y se dirigió a los uniformados “en tono despectivo”. El condenado les tildó de “delincuentes” e “impresentables”.
En el juicio se han exhibido vídeos donde se ve al condenado golpear en el pecho a un agente, que procedió a reducirlo y detenerlo, según recoge la sentencia, que también le condena a pagar las costas del juicio.
No es el único procedimiento abierto por el acoso que los dirigentes de Podemos sufren. Uno de los cabecillas del grupo ultra que acude a diario a protestar frente a la casa está siendo investigado por grabar en el interior del domicilio de Iglesias y Montero. Miguel Frontera está investigado en el Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Collado Villalba por cinco delitos: coacciones, acoso , desobediencia a agentes de la autoridad, injurias y revelación de secretos, éste último por las imágenes captadas en el interior de la casa donde residen Iglesias y Montero y sus tres hijos de corta edad.
La Justicia ya abrió otros procedimientos tras diferentes denuncias de Iglesias y Montero. Una de ellas fue conta la instigadora de las movilizaciones en un primer momento, una concejala de Vox de la localidad madrileña de Galapagar, donde se encuentra la vivienda. Meses después, la concejala fue expulsada de su propio partido, aunque mantiene el acta. Primero le abrieron expediente por insultar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en Twitter. La expulsión se confirmó cuando fue denunciada por un conocido que fue testigo de comportamientos inapropiados en presencia de sus hijos menores de edad.