Condenado por timar a su suegra el abogado que denunció el 8M feminista

Víctor Valladares, el abogado que en 2020 llevó ante la Justicia la convocatoria del 8 de marzo feminista por la propagación del coronavirus, ha recibido una nueva condena por engañar a clientes y falsificar documentación judicial cuando ejercía como letrado. Después de ser condenado, entre otras cosas, por engañar a afectados por cláusulas suelo o a un matrimonio que denunciaba el acoso escolar de su hijo, ahora Valladares ha sido condenado a medio año de cárcel por falsificar una sentencia y hacer creer a su suegra que había ganado un pleito laboral a su antigua empresa. Recientemente el Tribunal Supremo ha declarado firmes dos condenas más, que suman tres años de prisión entre las dos, por engañar a clientes cuando ejercía como abogado.

Este exletrado, ahora varias veces condenado y sancionado por los tribunales y el Colegio de Abogados de Madrid, fue el que presentó la denuncia que derivó en la causa judicial contra el Gobierno y la convocatoria del 8 de marzo feminista de 2020. Una pieza esencial del frente judicial contra la actuación del Ejecutivo central que acusaba al Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, de permitir esta concentración en Madrid cuando las autoridades sanitarias ya tenían datos concluyentes en torno al peligro que podía suponer al propagar el virus. El caso se archivó tras convertirse en munición habitual para la derecha.

En ese momento Valladares ya estaba imputado y acusado de engañar a su suegra igual que había hecho con otros clientes. La mujer le encomendó su defensa en un pleito laboral contra su empresa y le dio, en total, 800 euros para llevar a cabo las gestiones. El letrado intentó sin éxito llegar a un acuerdo con la empresa en la fase previa de conciliación y después no hizo nada más, aunque contaba a la familia de su pareja que estaba haciendo gestiones ante un juzgado de la Plaza de los Cubos. Lo que sí hizo fue falsificar una sentencia que, supuestamente, daba la razón a su suegra y reconocía su derecho a cobrar más de 24.000 euros de su empresa.

La familia política del abogado se dio cuenta de que algo no iba bien cuando acudieron al juzgado de lo social número 32 de Madrid y para saber por qué la mujer no había cobrado todavía su indemnización. La respuesta de los funcionarios fue clara: esa sentencia 957/2016 no existía, como tampoco había existido el procedimiento 846/2016 en ese juzgado. Y ella no había ganado ningún pleito a su empresa en el marco del conflicto laboral.

La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, acaba de imponerle seis meses de cárcel por la falsificación de la sentencia del caso de su suegra, además de una multa de 1.800 euros. Una condena por falsedad documental, todavía recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente ante el Tribunal Supremo, inferior a la que pedían tanto la Fiscalía como la acusación particular. La Audiencia lo absuelve, por ejemplo, de varios delitos de estafa y deslealtad profesional por los que pedía varios años más de cárcel.

Los jueces de la sección 23ª entienden que no hubo ni estafa ni deslealtad profesional, porque sí puso en marcha la fase de conciliación con la empresa de su suegra, paso previo a acudir a la jurisdicción social, y también por la indeterminación del encargo que le hizo su familia política para llevar el caso. “Las gestiones o actuaciones a realizar en forma alguna estaban detalladas, con lo que no se entiende que el acusado urdiera un engaño en su provecho”, explican los jueces. Es cierto que falsificó una sentencia pero para “justificar su actuación” y no para que su suegra le diera unos 800 euros que ya le había entregado para entonces. “Pudiera existir ocultación de información o desarrollo inadecuado de las gestiones”, dicen los jueces, pero no una estafa. Tampoco hubo deslealtad profesional.

Lo que sí hizo fue entregar a su familia política una sentencia que él –o una tercera persona– había fabricado para hacer creer a su suegra que había ganado el pleito contra su empresa y que tenía derecho a cobrar más de 24.000 euros. “No hay duda de que estamos ante un documento creado por simulación”, razona la Audiencia Provincial de Madrid. La resolución era “íntegramente falsa” y, además, reflejaba los mismos datos que Valladares había puesto encima de la mesa durante la conciliación previa. La consideran culpable de este delito y descartan que la denuncia, presentada varios años después de los hechos, responda a un objetivo de su antigua familia política de perjudicarle después de romper su relación sentimental con la hija de su víctima.

Denuncia contra el 8-M

Para cuando la pandemia de coronavirus golpeó España, Víctor Valladares no era ningún desconocido en los medios de comunicación del país. Abogado desde 2006 en el Colegio de Madrid, este letrado gallego había destacado por su defensa de los derechos de los animales en casos como el Toro de la Vega, el perro Excalibur o como abogado de diversas plataformas animalistas, entre otros. Es citado como experto en la materia también en este artículo de 2014 del Consejo General de la Abogacía Española.

En marzo de 2020 volvió a los titulares cuando presentó en la Plaza de Castilla una denuncia contra el Ejecutivo central por permitir grandes concentraciones como el 8 de marzo feminista cuando los datos ya apuntaban a la peligrosidad y expansión del coronavirus. La causa cayó en manos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que imputó al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y puso en marcha una instrucción que terminó en archivo, pero que por el camino se convirtió en munición para PP y Vox, que se llegó a personar como acusación popular, y en la cual se elaboraron informes forenses y de la Guardia Civil que pretendían responsabilizar a la manifestación feminista de la expansión del virus en Madrid. Unos informes que, a su vez, se tradujeron en una crisis en la Guardia Civil que culminó con la destitución de Diego Pérez de los Cobos.

La causa se archivó y Valladares–que afirmaba actuar en nombre de una asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGC) que no tuvo ninguna actividad posterior conocida– no llegó a personarse como acusación en el procedimiento antes de que la Audiencia Provincial enterrara la causa de manera definitiva. Para entonces ya acumulaba varias sanciones y condenas por mala praxis antes de tener que dejar su carnet de abogado en 2018, una cuenta que ha ido aumentando en los últimos años.

Engaños a clientes

La mayor parte de estas sanciones y condenas se corresponden con una forma de actuar similar, reflejadas en los hechos probados y resoluciones examinadas por este periódico: Valladares, como abogado en ejercicio, se ofrecía para llevar asuntos por pequeñas cantidades de dinero que los clientes entregaban, aunque muchas veces el letrado nunca ponía en marcha la acción judicial encargada o dejaba morir los procedimientos. De cara al cliente, a veces apoyaba su mentira con documentos judiciales falsificados, como en el caso recién sentenciado por la Audiencia de Madrid.

Una de sus sanciones de 15 días impuesta por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) llegó en 2018 cuando una mujer lo denunció. Afirmaba que había contratado los servicios de Valladares para intentar recuperar a su hija pequeña, quien según sus acusaciones había sido sustraída por su padre y trasladada al extranjero, en paradero desconocido para ella desde entonces. El letrado aceptó el encargo pero, según denunció esta afectada, no puso en marcha las acciones necesarias para que ella pudiera recuperar a su hija. El mismo ICAM le impuso otros 15 días de sanción por el caso de una mujer que le pagó para defender su honor en un pleito.

Los tribunales también le han sancionado varias veces por la vía penal, incluso en resoluciones firmes. Recientemente el Tribunal Supremo ha confirmado para él una condena de un año de cárcel por falsedad documental y deslealtad profesional, además de la obligación de indemnizar a sus víctimas con más de 13.000 euros. Una mujer le encomendó hasta tres pleitos, uno de ellos relacionado con el acoso escolar que sufría su hijo, y Valladares se quedó el dinero “sin realizar trámite judicial alguno” pero haciendo su despliegue habitual: acudiendo al juzgado con ella para pedir información y falsificando documentación judicial.

Otra condena fue confirmada en noviembre del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarada firme el pasado mes de julio por la sala de lo penal del Supremo en un auto de inadmisión que ha podido examinar elDiario.es. En este caso los tribunales sellaron una condena de dos años de cárcel para él por hacerse cargo de una demanda contra el Banco Sabadell de cláusulas suelo en la hipoteca de un matrimonio y no hacer nada. En ese caso, Valladares falsificó varios documentos para hacer creer a sus víctimas que el caso iba viento en popa.