Condenado el tuitero Fonsi Loaiza por acusar a la Policía de asesinar al mantero Mame Mbaye

El tuitero y periodista Alfonso 'Fonsi' Loaiza ha sido condenado a pagar una multa de 2.100 euros por acusar a la Policía Municipal de asesinar al joven senegalés Mame Mbaye fallecido en Lavapiés en 2018. El juez entiende que incurrió en un delito de injurias graves al cuerpo policial al asegurar en su cuenta de Twitter que “la policía lo ha asesinado” y absuelve a los otros dos acusados en el juicio: Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros en la capital, y una mujer que regenta una tienda de ropa en Lavapiés.

La muerte de Mame Mbaye tuvo lugar el 15 de marzo de 2018 en la calle del Oso donde vivía. Él y otros manteros huían de la Policía Municipal en una persecución que había comenzado en la Puerta del Sol cuando cayó desplomado. El senegalés tenía entonces 34 años, padecía una patología cardíaca y falleció. La Justicia descartó por la vía penal que su muerte hubiese sido causada por la actuación policial o por una deficiente atención por parte de los servicios de emergencias después de estudiar una denuncia de SOS Racismo.

La muerte de Mbaye se tradujo en concentraciones de cientos de personas en el barrio de Lavapiés denunciando que el senegalés había sido víctima del “racismo institucional” y poniendo de manifiesto las condiciones en las que las personas migrantes viven en nuestro país. Las manifestaciones acabaron con varias detenciones y enfrentamientos con la Policía mientras un gran número de personas también opinaba sobre lo sucedido en sus redes sociales.

Tres de ellos fueron Alfonso 'Fonsi' Loaiza, Malick Gueye y la dueña de una tienda de ropa del barrio. Los tres fueron llevados al banquillo acusados por la Fiscalía y varios sindicatos policiales al entender que los tres habían atribuido su muerte a la Policía Municipal. Gueye aseguró en una entrevista en 20 Minutos, entre otras cosas, que “cómo no protestar, si delante de nuestros ojos han matado a una persona”. El perfil de Facebook de la tienda que regentaba la mujer publicó un mensaje asegurando que “lo que decimos es que los hijos de puta de los guindillas son responsables de esta muerte y de muchas más. No estamos diciendo que haya sido un asesinato o le hayan pegado un tiro”.

Esos dos mensajes no han sido considerados como delictivos por el juez José Enrique Sánchez-Paulete, pero sí lo que escribió Loaiza en su cuenta de Twitter que tenía entonces más de 56.000 seguidores y que hoy atesora casi 140.000 en total. “La policía lo ha asesinado. Para el Estado no era un ser humano”, dijo en su mensaje. Un delito de injurias graves a la Policía que le cuesta una multa de 2.100 euros además de la obligación de publicar la condena en su cuenta de Twitter, aunque se trata de una sentencia recurrible.

“El acusado es un periodista”

El juez rechaza en primer lugar que Loaiza estuviera dando una opinión y asegura que “lo expresado no es una opinión, sino un hecho. Se informa de un asesinato y de su autoría” para después entender que atribuyó de forma injusta un crimen a la Policía. La afirmación que realizó “no es veraz y se expresa con temerario desprecio hacia la verdad”, ya que en un primer momento algunas informaciones expresaron lo sucedido de forma confusa pero concluye que “que algún policía hubiera asesinado a Mame Mbaye no fue una hipótesis veraz en ningún momento”.

La sentencia reflexiona también sobre su capacidad de difusión en Twitter y su papel como periodista. Dice el juez que Loaiza “es un periodista (...) siendo perfectamente conocedor de las exigencias de veracidad de la información” y que “no se trata pues de un mero ciudadano que contacta con sus amigos (...) sino de alguien que difunde sus mensajes a miles de personas” por lo que también es responsable de lo que diga a través de las redes sociales teniendo decenas de miles de seguidores.

Se refiere en este punto el juez a los “influyentes” y su actividad comunicativa, que “no puede quedar al margen de una regulación, que aún exigua, comprende la responsabilidad por los propios actos”. En este caso, considera el magistrado, Loaiza ofreció la versión del asesinato “para imponer un determinado relato sobre lo sucedido, que con desprecio a la verdad, pueda imponerse frente a otros en la percepción social, conformando una opinión pública errónea mediante su manipulación”. La Ley ampara la crítica a actuaciones policiales, dice la sentencia, pero “no puede admitir ataques infundados hacia las mismas tendentes a provocar su desprestigio social”.

La resolución, que todavía no es firme, concluye que el mensaje escrito por Loaiza en Twitter “revela un ánimo de injuriar a la Policía, que prevalece claramente sobre el de criticar o denunciar la situación de los manteros, o la represión que padecen, que puede expresarse con rotundidad, incluso crudeza, sin alusiones a la comisión de un asesinato”.

Dos absueltos

El magistrado llega a conclusiones distintas en el caso del portavoz del Sindicato de Manteros en Madrid y sus declaraciones realizadas al periódico 20 Minutos. Sus expresiones pudieron ser, según la sentencia, “excesivas o desafortunadas” pero “en el contexto de un mensaje de denuncia de la realidad social de un grupo de personas, que entiende se les condena a la marginalidad, siendo objeto principal de su crítica el comportamiento de las autoridades y su insensibilidad ante dicha situación”. Además, entiende que hablaba en un idioma que no es el suyo y que no hay una grabación de la entrevista, sólo la transcripción.

En este punto el juez avala el derecho de Gueye a criticar la actitud de las instituciones españolas ante la situación de los migrantes. Esas críticas, dice, “contribuyen a la formación de una opinión pública libre, que no puede formarse sin escuchar el discurso de las personas inmigrantes en situación irregular en relación con la situación en que se encuentran”. En cuanto a la tercera acusada, los jueces entienden que ni siquiera pueden probar que ella escribiese personalmente los mensajes que aparecieron en la cuenta de Facebook de su tienda, a la que más gente tenía acceso.