Los condenados del caso Marea a prisión casi 9 años después de su arresto

Ocho años, ocho meses y trece días después de su detención, los cinco principales condenados por el caso Marea, la mayor trama de corrupción registrada en la administración asturiana, dormirán desde este lunes en prisión para cumplir unas condenas que suman veintisiete años y tres meses.

El exconsejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez recogieron por la mañana en la Audiencia Provincial su mandamiento de ingreso en prisión, un trámite que obvió la exfuncionaria del Principado Marta Renedo, que optó por acudir directamente a la cárcel de Álava.

En dicha prisión ha ingresado también la ex directora general de Planificación Educativa mientras que, tanto Riopedre como los dos empresarios deben acudir antes de medianoche al Centro Penitenciario de Asturias donde el ex consejero, Otero y Renedo habían cumplido ya, tras su arresto, un periodo de prisión preventiva que eludieron bajo fianza tras pasar entre poco más de un mes y algo más de siete en la cárcel.

A partir de ahora los cinco condenados tienen diez días para abonar las multas judiciales que les impuso la sentencia, que suman 4,28 millones de euros, mientras que el Gobierno del Principado cuenta con un mes para fijar la cuantía del quebranto que cuatro de ellos, todos menos Riopedre, causaron a las arcas públicas.

El Tribunal de Cuentas ya estimó en 1,5 millones el quebranto causado a la administración autonómica por la exfuncionaria Marta Renedo -condenada a nueve años de prisión- mientras que un primer informe elaborado por el Principado sobre las posibles irregularidades en el material enviado a 87 colegios asturianos situaba esa cuantía en cuatro millones de euros.

Con el ingreso en prisión de los cinco principales condenados se cierra así, por el momento, la mayor trama de corrupción detectada en la administración del Principado después de que una mujer denunciase en 2010 en Gijón que alguien había abierto una cuenta bancaria con casi 100.000 euros a nombre de su anciana madre.

La cuenta era una más de las abiertas de forma fraudulenta por la exfuncionaria Renedo para ocultar los ingresos procedentes de contratos menores que ella misma autorizaba a favor de una empresa de su propiedad, un hilo que condujo hacia dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín, que la investigación constató que realizaban también prácticas irregulares con la Consejería de Educación que gestionaban Riopedre y Otero.