Tres jueces que expulsaron a Garzón integran el tribunal que revisará la condena a Elpidio Silva
El juez en excedencia Elpidio José Silva se jugará el 14 de abril su separación definitiva de la carrera. El Tribunal Supremo examinará ese día el recurso de casación interpuesto por la defensa de Silva contra la condena a 17 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por prevaricar durante la instrucción del denominado 'caso Blesa'.
El tribunal que examinará el recurso de Silva estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Francisco Monterde, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo y Carlos Granados. Tres de ellos -Marchena, Martínez Arrieta y Monterde- integraron el tribunal de siete magistrados que condenó por unanimidad a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas ilegales del 'caso Gürtel', lo que supuso la expulsión de la carrera del juez de la Audiencia Nacional.
De confirmarse la condena que le impuso el TSJM, Silva quedaría apartado definitivamente de la carrera judicial. La sentencia del TSJM considera probado que Silva dictó resoluciones “injustas” y que lo hizo “a sabiendas”. Entre ellas figuran las dos ocasiones en que envió a prisión provisional a Blesa por las presuntas irregularidades en la adquisición de un banco de Florida por parte de Bankia cuando él estaba al frente de la entidad. El TSJM consideró que Silva había actuado contra Blesa “dentro de un plan preconcebido” y con el objetivo de “favorecer a los denunciantes (Manos Limpias), en perjuicio del denunciado”.
Aquel fallo contó, sin embargo, con un voto particular, el del presidente del tribunal, Arturo Beltrán. Según Beltrán, sus compañeros condenaban a Silva por un delito que no existe, la “instrucción prevaricadora”. El magistrado coincidía con los otros dos jueces en que Silva utilizó “de forma indebida el enorme poder sobre la libertad, la intimidad y la seguridad de los ciudadanos que la ley concede al juez de instrucción”. Sin embargo, unir una con otra decisión equivocada o prevaricadora no sirve para concluir que había un plan preconcebido por el juez.
Esta afirmación del magistrado Beltrán es recogida por la defensa de Silva en su recurso ante el Supremo. “Este sentir discrepante en el corazón de la Sala de enjuiciamiento, por sí solo muestra algo importantísimo: algunas resoluciones dictadas por el Juez acusado eran debatibles, otras sencillamente irregulares, sin entrar en el contundente ámbito delictivo de la prevaricación”, escribe el abogado Gonzalo Boye.
En este voto particular se centran las esperanzas de Elpidio José Silva. De hecho, Beltrán ya daba por supuesto en su voto particular el recurso de Silva ante el Supremo y lo ofrecía como una visión distinta para que tuvieran en cuenta sus compañeros del Alto Tribunal. Los tres magistrados que condenaron a Garzón componen la mayoría conservadora del tribunal al que se enfrenta Silva. El ponente que redactará el fallo es el magistrado progresista Andrés Martínez Arrieta.
Vista pública
El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha decidido que el recurso se vea en vista pública, una potestad que le concede el artículo 893 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo indica que la vista será pública atendiendo a “la trascendencia del asunto”. El Supremo suele adoptar esta decisión cuando se trata de casos de relevancia pública, ya sea terrorismo, corrupción o tenga impacto mediático, como es el caso de Elpidio Silva. La mañana de la vista, el tribunal escuchará al abogado de Silva, al fiscal y al resto de partes personadas.
El proceso a Silva parte de una iniciativa de la Fiscalía, que investigó a Silva a su espalda, sin tomarle declaración, lo que su defensa considera una clara vulneración de sus derechos que vicia todo el proceso posterior. Entre sus motivos, la defensa del juez expone que el tribunal no permitió incorporar a la causa los denominados 'correos de Blesa', cuyo contenido demostraría que no había un interés personal de Silva en investigar al banquero sino un “impulso honesto y responsable de tratar de esclarecer hechos gravemente delictivos”.
