Once activistas han sido condenados a penas de hasta cinco años y medio de prisión por los disturbios de un mitin de Vox en la localidad madrileña de Navalcarnero en las elecciones autonómicas de 2021. La Audiencia Provincial de Madrid, después de que la mayor parte de los acusados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía, les atribuye delitos de atentado, daños, lesiones y desórdenes públicos, en algunos casos con la agravante de discriminación ideológica por haber intentado impedir un acto de campaña del partido de Santiago Abascal. Las condenas de diez de los encausados, que en su mayoría han reconocido que insultaron a los asistentes, que lanzaron huevos y piedras y se enfrentaron a la Policía, superan los dos años de cárcel, pero la Fiscalía ha apoyado que la mayoría de ellos no tenga que entrar en prisión a cumplir condena.
El partido de extrema derecha acudió a esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid el 21 de abril de 2021, dos semanas antes de la cita electoral y de que otro acto electoral de Vox acabase en disturbios en la Plaza Roja de Vallecas. Varias decenas de personas, la mayoría vecinos del municipio, acudieron a la Plaza del Teatro a protestar contra la presencia del partido de extrema derecha en la localidad, momento en que varios de los encausados, según han reconocido ellos mismos, empezaron a lanzar huevos e insultar a los asistentes: “El fascista bueno es el que está muerto”.
El lanzamiento de huevos y los gritos se transformaron en batalla campal cuando varios manifestantes se enfrentaron a la Policía y la Guardia Civil, lanzando piedras sacadas de los jardines del Ayuntamiento, como también adoquines arrancados de la calle. Los disturbios se trasladaron después a la zona de salida del pueblo, por donde la comitiva de Vox pretendía abandonar la localidad.
Las 15 detenciones iniciales por delitos electorales y de odio se tradujeron en un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid a finales del pasado mes de mayo con 12 personas en el banquillo acusadas de participar en los disturbios. En el juicio comparecieron los policías y guardias civiles que participaron en el operativo para identificar a casi todos los acusados y explicar que a muchos de ellos ya les conocían “de tiempo atrás”. También compareció Santiago Abascal, que relató cómo tuvo que interrumpir el mitin aunque finalmente y tras hablar con el jefe del operativo de Seguridad decidió seguir adelante.
Ocho de los acusados pactaron con la Fiscalía antes del juicio. El resultado ha sido una sentencia con once condenas y una absolución, exonerando a uno de los que no quiso llegar a un acuerdo con las acusaciones: los jueces entienden que la única prueba que había contra él era la declaración de los guardias civiles que, después de los disturbios, le identificaron en sus informes tras ver las grabaciones.
Dos de los encausados son condenados, en total, a cinco años y medio de prisión por desórdenes, atentado contra la autoridad, daños, y lesiones. Otro más a dos años y cinco meses de cárcel. Un grupo de siete acusados, a dos años y siete meses de prisión y un último encausado, a un año y nueve meses de presidio. En la mayor parte de los casos, la Fiscalía ha explicado que no se opone a que se suspenda la ejecución de la condena si no delinquen en los próximos años y que, por tanto, no tengan que entrar en prisión obligatoriamente. En tres de los casos, las condenas por un solo delito superan los dos años de prisión, línea roja que marca el encarcelamiento ineludible.
“Discriminación ideológica” a Vox
En varios delitos de desórdenes públicos, los jueces aplican la circunstancia agravante que en su mayor parte pactaron las defensas y las acusaciones: la discriminación ideológica del artículo 22.4 del Código Penal. Esa discriminación contra el partido de extrema derecha, dice la Audiencia de Madrid, “se constata de manera clara en los insultos dirigidos contra los representantes del partido político Vox y contra los asistentes al mitin”. También, añade, “con el lanzamiento de huevos a Santiago Abascal y a los asistentes al acto, consiguiendo provocar además que el mitin se interrumpiera”.
Sobre el resto de delitos relacionados con los disturbios y los enfrentamientos con la Policía y la Guardia Civil los jueces acusan a los condenados de actuar “coordinados y crecientemente violentos”, “en unidad de acción, con ánimo de perturbar la seguridad y el orden electoral y poniendo en riesgo la convivencia y la paz social”. Además de las penas de prisión, también son condenados a pagar diversas multas e indemnizaciones a los agentes y pagar los destrozos en las calles y los escudos de los antidisturbios.
Esta no es la primera condena de prisión dictada en los últimos meses contra personas que han protagonizado altercados en actos de Vox protestando contra la presencia del partido de extrema derecha en localidades de todo el país. El pasado mes de febrero el Tribunal Supremo impuso condenas de cuatro años y nueve meses a los antifascistas que en enero de 2019 participaron en disturbios posteriores a las protestas contra un acto de Vox en Zaragoza. Condenas que recientemente han empezado a cumplir en prisión.
Hace apenas unos días, la Justicia dio un paso más e impuso seis meses de cárcel a un hombre por cometer un delito de odio y seis meses más por amenazas, por una agresión a un dirigente del partido en Ceuta. La sentencia, dictada después de una conformidad entre el condenado y las acusaciones, le atribuye entre otros un delito de odio por llamar “racistas”, “hijos de puta”, “perros” o “maricones” a integrantes del partido en mayo del año pasado. Al ser una conformidad, los jueces de la Audiencia Provincial no entraron en el fondo de las acusaciones ni argumentaron, por tanto, si realmente se trata de un delito de odio, que el Supremo ha ceñido en varias sentencias a colectivos en situación de riesgo o desfavorecidos.
Los tribunales madrileños tienen otro caso pendiente de enjuiciar en el que una persona se enfrenta a una acusación de delito de odio por criticar a Vox. El partido de Santiago Abascal pide seis años de cárcel para un usuario de Twitter que, en la misma campaña electoral de 2021, publicó un mensaje con la foto del cadáver de Benito Mussolini con la frase: “Monasterio y Abascal colgados del Puente de Vallecas”. La Fiscalía rechazó presentar una acusación en este caso.
En el caso de Navalcarnero, Vox actuó como acusación popular y, según ha podido comprobar este periódico, llegó a pedir más de once años de cárcel para algunos de los acusados por un ramillete de delitos a los que luego renunció al adherirse al acuerdo suscrito entre los acusados y la Fiscalía: delitos electorales y también delitos de odio.