El conflicto entre el Gobierno y los alcaldes sigue empantanado a la espera de una fórmula que permita a los ayuntamientos ahorradores gastar el superávit que tienen en los bancos y que asciende a cerca de 14.000 millones de euros. Casi un mes después de que Pedro Sánchez y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, rubricaran un acuerdo en Moncloa que solo contaba con los votos favorables de los alcaldes socialistas y la abstención del representante de Unidas Podemos en la FEMP rompiendo el tradicional consenso que imperaba en este organismo, el Ejecutivo se arriesga a una derrota en el Congreso. Ningún partido –salvo el PSOE, y con algunos alcaldes muy enfadados dentro de sus filas– apoya el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros. Ante la amenaza de tumbar esa propuesta, los aliados parlamentarios de la coalición emplazaron al Ejecutivo a negociar un nuevo texto. Hacienda, sin embargo, no prevé impulsar un nuevo decreto y emplaza a los grupos a llegar a un entendimiento tramitando el decreto como proyecto de ley para que se puedan introducir cambios vía enmiendas a lo largo del procedimiento.
Pero la mayoría de partidos ya han advertido de que no les sirven modificaciones puntuales sino que el problema que encuentran es de fondo por la fórmula planteada por la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo departamento sostiene que es “la única solución técnica que se ha podido encontrar” y no contempla en este momento dar marcha atrás. La propuesta que salió del Consejo de Ministros el pasado 4 de agosto pasa por que los ayuntamientos que tengan ahorros los presten al Estado a través del Tesoro a cambio de poder invertir un total de 5.000 millones en los próximos dos años. El resto del importe se les devolvería en un periodo de diez años a partir de 2022.
El conflicto parte de las normas de contención del gasto y cumplimiento del déficit que se aprobaron en la anterior crisis y que impiden a las entidades locales endeudarse, así como gastar el grueso de su superávit. En los últimos años, con la mejora de la situación económica, se han ido introduciendo excepciones puntuales para rebajar esa prohibición genérica. El compromiso de PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático es derogar esa normativa, pero la urgencia de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 ha hecho a los ayuntamientos reivindicar una solución exprés antes de que lleguen los cambios legislativos. Sin embargo, la respuesta de Hacienda, que ha tenido que negociar a fondo e incluso se ha peleado con los representantes socialistas, les parece insuficiente.
Fuentes gubernamentales señalan que esta propuesta permite a los consistorios gastar el remanente de acuerdo a las normas y sin incumplir a ojos de la UE las restricciones respecto al déficit al mismo tiempo que se inyecta liquidez en un momento que lo necesita la economía española ante la crisis que deja la pandemia.
Ninguna fuerza política, salvo el grupo socialista, está por la labor de apoyar el decreto –que tiene que convalidarse para seguir vigente en el primer pleno, que se celebrará la segunda semana de septiembre–. Todo el arco parlamentario, incluido Unidas Podemos, critica el decreto ley de Montero, que ha recibido calificaciones como “chantaje”, “incautación” o “coacción” desde los grupos de todos los colores políticos. La ministra tendrá que explicar su propuesta este lunes en una comparecencia en la Comisión de Hacienda que secundaron todos los grupos, pero ninguno parece dispuesto a aceptar la formulación en los términos en los que se publicó en el BOE. Desde el municipalismo recriminan, además, un ninguneo a los ayuntamientos frente a las comunidades, a las que el Estado ha concedido 16.000 millones a fondo perdido para combatir esta crisis.
“El Gobierno de España abandonó durante la pandemia al conjunto de los ayuntamientos, que siguen desde entonces sin recibir un solo euro de dinero público nuevo para luchar contra la pandemia y sobre todo contra la crisis económica en la que nos meten de cabeza. Por cierto, a aquellos ayuntamientos que tienen recursos suficientes se les hurta, eso sí, voluntariamente: si me das todos tus ahorros te dejo una parte y te la gastas en lo que yo te diga. Es lo que dice el Gobierno de España a los ayuntamientos, y a los que no tienen ahorros directamente les niegan la capacidad de gastarse o acceder al fondo que crea el Ministerio”, reprochó el diputado del PP Antonio González Terol, miembro de la dirección de Pablo Casado, en la Diputación Permanente en la que se debatió la comparecencia de Montero. El gran reproche desde el resto de grupos al PP, por su parte, es que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que impuso esas restricciones en el gasto municipal y su ministro llevó sus amenazas hasta el final, tal y como conoció de primera mano el Gobierno de Ahora Madrid en la capital de España.
“O que venga aquí a explicar los motivos, o que hable con los grupos parlamentarios, o que retire el real decreto y que inmediatamente se ponga a negociar uno nuevo, o que hable de un modelo de financiación local del que hablaron hace dos años y que han dejado en agua de borrajas”, remató el vicesecretario territorial del PP en el Congreso.
No fue el único que reclamó la retirada del decreto para buscar un acuerdo con los ayuntamientos. También los aliados parlamentarios del Gobierno le instaron a llevar una nueva propuesta. “Les emplazamos a presentar un nuevo acuerdo que recoja las necesidades reales del municipalismo”, afirmó la diputada de ERC Carolina Telechea, quien defendió que “ahora más que nunca los ayuntamientos deben disponer de la totalidad de sus ahorros para recuperar la economía de pueblos y ciudades”. En términos similares se expresó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que consideró que el planteamiento “confiscatorio” es “erróneo”: “Esto no se soluciona con trámites a través de enmiendas en una posterior tramitación como proyecto de ley de este decreto, no. La dificultad viene ya de raíz y lo que correspondería es sustituir este decreto por otro”. “En situaciones extraordinarias se han de tomar medidas extraordinarias y la medida extraordinaria no puede ser imponer un decreto a machamartillo. Creo que es el momento de rectificar, es el momento de consensuar”, dijo en esa misma dirección el diputado de Compromís, Joan Baldoví: “Le pido a la facción socialista del Gobierno que rectifique, que piense y que lleguemos realmente a un acuerdo que podamos compartir todos”.
Ni siquiera Unidas Podemos apoya esa medida, pese a que se aprobó en el Consejo de Ministros. El representante del grupo confederal en la FEMP, el alcalde de Rivasvaciamadrid, Pedro del Cura, se abstuvo en esa institución en la que los alcaldes socialistas tenían reticencias pero siguieron la disciplina de partido. “Hemos manifestado en otras ocasiones nuestras reservas a ese acuerdo, que, como se ha dicho, es más un pacto del PSOE con el propio PSOE que con el resto de formaciones políticas”, reprochó el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, que consideró que el acuerdo rubricado entre Sánchez y Caballero es “poco coherente con el acuerdo de Gobierno de coalición y con los respectivos programas electorales”. “Recentralizar y tutelar a los ayuntamientos como si fueran menorres de edad, pedirles que renuncien a su autonomía, al grueso de sus ahorros, es poco coherente”, recriminó en ese mismo debate.
“El dinero que han ahorrado los ayuntamientos y que ha salvado la presentación de cuentas del Estado ante Europa pasa ahora a destinarse a préstamos al Estado y solo aquellos ayuntamientos que lo acepten podrán disponer de parte de sus fondos para invertir en las necesidades del municipio. No sé, quizá es excesivo llamarlo chantaje pero sí es coacción”, dijo la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que recordó que PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo con la izquierda abertzale para una de las prórrogas del estado de alarma que incluía la derogación de la ley de estabilidad. Incluso la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, planteó que se reforme la legislación: “Dejémonos de temas políticos y resolvamos este tema: si tenemos que cambiar la ley orgánica y la Constitución en veinticuatro horas, las cambiamos”. Vox, Ciudadanos y JxCat también dejaron claro su rechazo a la medida del Gobierno.
“Los ayuntamientos que quieran, voluntariamente, podrán utilizar los remanentes que equivalen a los remanentes líquidos de tesorería íntegramente, sin que computen en la regla de gasto ni en el déficit. Esta fórmula consiste en hacer un préstamo de los remanentes al Estado voluntariamente –defendió la diputada del PSOE Susana Sumelzo–. Cada ayuntamiento puede decidir hacer la fórmula que le sea más ventajosa. Las obligaciones las impuso el Partido Popular, que obligó a los ayuntamientos a tener sus ahorros en el banco, mientras los ayuntamientos tenían que hacer frente a una crisis durísima, mirando a la cara a sus vecinos con sus ahorros en el banco y sin poderlos utilizar, y mientras el Gobierno del Partido Popular aprobaba amnistías fiscales. Esto sí que era insultante”.
Con esos mimbres, el Congreso tendrá que debatir el decreto ley cuando se reanude la actividad parlamentaria, pero en el Ejecutivo son conscientes de que se encaminan a una derrota en la convalidación. Aunque no es habitual, se ha producido en alguna ocasión, como los decretos sobre vivienda o el de la estiba, que fueron rechazados y los correspondientes ejecutivos tuvieron que aprobar nuevos textos para recibir el visto bueno de las Cortes.
A pesar del rechazo generalizado, Hacienda no baraja llevar al Congreso un texto diferente. “Ahora mismo no está encima de la mesa”, señalan fuentes del departamento que pilota Montero. La invitación que hacen desde el Gobierno es que se apruebe el texto y se introduzcan cambios en una tramitación parlamentaria posterior. “El próximo partido va a ser el de la votación: convalidar, no convalidar o tramitar como proyecto de ley”, dicen esas fuentes. Sin embargo, en el Gobierno creen que son los ayuntamientos los que tienen un problema provocado por la legislación que llevó a cabo el PP y que se les ha dado una solución técnica –“la única posible”, subrayan en Hacienda–.