El Congreso admitirá este martes a trámite la proposición de ley de igualdad de trato presentada por el PSOE. En la votación, Unidas Podemos se abstendrá. La pugna entre los dos partidos del Gobierno de coalición por las políticas de igualdad ya desde el mismo inicio de la legislatura sube así un escalón y se traslada a una votación en el Pleno del Congreso. Unidas Podemos ya había advertido de sus intenciones con el informe “desfavorable” a la proposición que la semana pasada emitió el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Este mismo lunes, el PSOE frenaba la llegada al Consejo de Ministros de las leyes trans y LGTBI. La bronca, creciente, ha provocado que todos los grupos, menos Vox, hayan criticado la actitud de ambos partidos y hayan pedido desde la tribuna a los integrantes del Ejecutivo que dejen “el vodevil” y que “acaben con la pelea interna” por las materias de igualdad. La proposición ha sido admitida a trámite por 160 votos a favor, 133 abstenciones y 52 noes.
La diputada socialista Beatriz Carrillo ha defendido la proposición como una “ley que viene a reforzar y mejorar los derechos y la dignidad de las personas”. Carrillo ha recordado desde la tribuna al impulsor de esta norma, Pedro Zerolo, en cuyo honor el PSOE ha querido bautizarla como ley Zerolo, lo que también les ha valido algún reproche de otros grupos parlamentarios. Carrillo ha presentado la proposición como un “mínimo común normativo del derecho antidiscriminatorio español” cuyo objetivo es “reforzar la garantía de los derechos fundamentales de la Constitución” que recoge el artículo 14.
La diputada socialista ha defendido que “el motor de cualquier sociedad avanzada reside en la riqueza de su diversidad y pluralidad” y que la proposición debatida este martes “es necesaria porque hay quien utiliza las diferencias como banderas del odio”. “Tienen una idea tan pequeña de España que solo caben ellos y mutilan las oportunidades del que es diferente”, ha acusado a quienes se oponen a esta norma.
“Esta ley es necesaria, integral, garantista”, ha asegurado la diputada. “Recoge un comisionado para la igualdad de trato, con personalidad jurídica propia, e independiente”, ha asegurado. Esta es, precisamente, una de las cuestiones que rechazaba el Ministerio de Igualdad en su informe, al rechazar que fuera nombrado por el Gobierno y proponer que lo haga el Congreso.
Carrillo ha concluido afirmando que esta ley será “un paraguas bajo el que todos y todas” las personas podrán “resguardarse”.
Por parte de Unidas Podemos ha intervenido el diputado Ismael Cortés, quien ha arrancado su discurso asegurando que el acuerdo con el PSE “era registrar la ley de manera consensuada y con la firma de los dos partidos”. “Me veo obligado a preguntarles, ¿qué les ha movido a actuar de manera desleal con Unidas Podemos, su socio de gobierno, presentando esta ley de manera unilateral tras seis meses de trabajo dialogado?”, ha añadido. “Nos sorprendió enterarnos por las redes sociales de que registraban esta ley”, ha zanjado.
Cortés también ha lamentado que ese registro se produjo “a la vez que el Consejo de Ministros bloquea el avance de los derechos LGTB y usa el nombre de Pedro Zerolo para disfrazar el contenido de esta ley y para hacerla pasar por algo que no es”.
Unidas Podemos también ha criticado que la ley es “tímida” y han planteado que debería ser una ley orgánica, lo que “permitiría trabajar de manera más profunda y con mayor garantía” para, por ejemplo, “modificar la ley de educación para erradicar la guetización de centros educativos y que se estudie la historia del pueblo gitano o el efecto en el presente del colonialismo o del Holocausto”. También ha apostado por “modificar la ley de extranjería para evitar, por ejemplo, la doble victimización de las mujeres víctimas de trata”. “Nada de esto es posible con la actual versión de la ley que presenta el PSOE”, ha lamentado.
Reproches de todos los grupos
El resto de los grupos parlamentarios que han intervenido en el debate, excepto Vox, han reprochado de una u otra forma al Gobierno y a los socios que lo conforman por el continuo enfrentamiento que hay en materia de igualdad. Desde el grupo mixto al PP, pasando por Bildu, PNV, ERC o Más País, todos han lamentado que se usen estas políticas como arma arrojadiza entre los socios del Ejecutivo.
La diputada Bel Pozueta (Bildu) ha reclamado “leyes específicas para acabar con las diferentes discriminaciones y las situaciones que las producen”, en lugar de una ley paraguas como la debatida este martes. “Cómo puede una ley atajar la discriminación de migrantes, lgtbi o trans? Abarca mucho, se presenta con prisas, sin consensuar con los movimientos sociales que llevan años en la lucha. No ponen en el centro las verdaderas necesidades, sino los intereses partidistas del PSOE”, ha criticado. Pozueta ha anunciado la abstención de su grupo para permitir la tramitación, pero ha avisado de que exigirán “muchos cambios”. Y ha concluido: “Exigimos que muestren responsabilidad, acaben con esta pelea interna que flaco favor hace a las miles de personas que esperan leyes que aseguren sus derechos. Dejen de jugar con cosas tan serias”.
Joseba Agirretxea, del PNV, ha lamentado “el vodevil” que protagonizan Unidas Podemos y PSOE. “Escenifican celos, traiciones, usurpaciones, engaños, puñaladas y armonías ficticias”, ha dicho. “Ustedes sabrán a quién compete qué, pero este show de protagonismos que vemos y padecemos no nos parece serio. Que yo sepa el Ministerio de Igualdad es de Podemos, pero la maternidad de la criatura es del PSOE y no están dispuestos a dársela en adopción. La igualdad es algo más serio como para andar jugando de a quién le toca. Son Gobierno, hagan las cosas más seriamente, por favor”, ha reclamado.
En cuanto al contenido, Agirretxea ha agradecido que la proposición socialista haya llegado con las incorporaciones que los grupos hicieron en legislaturas anteriores, en las que no se pudo aprobar. Pero ha pedido suprimir el capítulo de sanciones e infracciones. “No le corresponde a esta ley ser sancionadora. Es una ley de derechos. Es controvertido establecer un régimen de sanciones por añadir una potestad administrativa sobre ciertas actuaciones que quizá deberían dirimirse en los tribunales”, ha zanjado.
Desde Ciudadanos, Sara Jiménez se ha mostrado “emocionada por la iniciativa” y ha recordado que ella misma trabajó con Pedro Zerolo antes de dar el salto a la política de partido. Jiménez ha reclamado, eso sí, “talla política” al Gobierno y ha considerado “lamentable” la pelea p“or ver quién se pone la medalla de esta ley”. “Deberían ponerse de acuerdo y estar a una en un marco normativo totalmente necesario. Todas las fuerzas deberíamos estar en esto”, ha asegurado.
La diputada también ha criticado el régimen sancionador de la proposición. “Necesitamos que sea efectiva y el régimen sancionador, taxativo. Porque si no, es inaplicable. No me sirve el régimen sancionador que se presenta”, ha terminado.
Por el Grupo Plural han intervenido Néstor Rego (BNG) e Íñigo Errejón (Más País). Ambos han insistido en criticar el enfrentamiento interno del Gobierno. Errejón ha dicho que la ley es “importante y necesaria” porque supone un “avance en derechos para que nadie sea tratado como un ciudadano de segunda”.
“Pero todos sabemos lo que hay de fondo”, ha dicho. “Es la ley trans. Les digo que no usen la Cámara para meterse el dedo en el ojo. Es peligroso poner a competir los avances en derechos de uno y otros”, ha señalado Errejón, quien ha hecho una defensa de la regulación de los derechos de las personas trans que el PSOE ha frenado en el Gobierno.
Desde ERC, María Carvalho, ha defendido que “urge una ley de igualdad de trato” y que es “una vergüenza” que no exista. Como en el caso de Errejón, Carvalho ha anunciado que votarán a favor, pero ha advertido de que “no vale pedir un ok a esta ley e impedir la ley trans vaya al Consejo de Ministros”. “Necesitamos las tres leyes”, ha asegurado, en referencia a la debatida este martes, la trans y la LGTBI.
Durante el debate, solo un grupo se ha posicionado en contra: Vox. La diputada Carla Toscano ha recurrido a la habitual retahíla de acusaciones contra las leyes de igualdad, a las que acusa de servir para montar “chiringuitos” o “privilegios” y de servir a “intereses partidistas”.
“Utilizan la igualada como arma de enfrentamiento. Los españoles quieren trabajar, salud, cobrar los ERTE, que se acabe la pandemia y la crisis económica. No leyes inaceptables como esta”, ha asegurado.