Al final, no hubo choque. O, al menos, no de momento. La jornada de intrigas institucionales que amenazó durante muchas horas con una colisión de primera magnitud entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados acabó sin sobresaltos. La amplia mayoría de la Cámara Baja que apoya al Gobierno de coalición acabó respaldando este jueves la reforma del Código Penal que incluye, entre otras cosas, nuevas reglas del juego para la renovación del propio tribunal de garantías, con los mandatos caducados por el bloqueo del sector conservador de los magistrados. Finalmente, el recurso presentado por los de Feijóo no ha impedido el desarrollo de la sesión.
La votación final se ha saldado con entre 184 y 188 'síes' (más apoyos que los que logró Pedro Sánchez en su investidura) en las cuatro votaciones consecutivas celebradas pocos minutos después de las seis de la tarde. Un centenar de diputados no participaron de la votación, la inmensa mayoría del PP (88). Su portavoz, Cuca Gamarra, explicó en un turno extra concedido por la Presidencia de la Cámara que su grupo no ha votado porque considera que no se debería haber celebrado la sesión hasta que el Tribunal Constitucional no resolviera los recursos presentados.
Durante buena parte de la mañana la propia celebración del debate parlamentario estuvo en el aire. De forma paralela al orden del día en la Carrera de San Jerónimo, el pleno del Tribunal Constitucional se reunía para debatir las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP contra la tramitación parlamentaria de la reforma. Algo que, en la práctica, suponía paralizar la sesión en el Congreso. Una situación inédita en democracia que mantuvo en vilo al conjunto de grupos parlamentarios y que condicionó la actividad de toda la Cámara. Hasta que el Constitucional anunció que aplazaba su decisión al próximo lunes.
Desde la Presidencia se había encargado previamente a los letrados un informe sobre los posibles escenarios que podrían abrirse en caso de que el tribunal de garantías hubiera llegado a paralizar el debate y la votación. Una posibilidad a la que el PP dio pábulo y a la que los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo e incluso el propio Gobierno llegaron a otorgarle muchos visos de realidad. “Hoy atravesamos una situación que debe preocupar al conjunto de la ciudadanía. Espero que no se materialice, sería una crisis institucional sin precedentes”, dijo la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, unos minutos antes de conocerse el aplazamiento.
A pesar de la decisión del Constitucional de posponer su veredicto hasta el lunes, PP, Ciudadanos y Vox pidieron a Meritxell Batet paralizar el pleno. Iván Espinosa de los Monteros por parte de Vox, primero; Inés Arrimadas, de Ciudadanos, después; y Cuca Gamarra, del PP, por último, solicitaron a la presidenta de la Cámara que detuviese la sesión hasta que hubiese un posicionamiento de los jueces.
Batet declinó esas peticiones al no encontrar “razón ni obstáculo” para continuar con el procedimiento legislativo. Sus palabras generaron un rumor en la bancada de las derechas y los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo. Su presidente, Santiago Abascal, denunció posteriormente en una rueda de prensa un “golpe institucional, un golpe al Estado de derecho y a la Constitución”. Al final del debate, Vox volvió a intentar parar la votación. En su respuesta, Batet puntualizó que si la Cámara hubiese recibido una “resolución judicial” la habría acatado “como no podría ser de otra manera”. Pero no fue el caso.
Un debate de alto voltaje
La sobreactuación de Vox y lo vivido en los pasillos durante la mañana condujeron el debate hacia un tono bronco especialmente durante el cruce de ataques entre el PSOE y el PP. La portavoz popular, Cuca Gamarra, denunció que el Gobierno le hace “un traje a medida” a los líderes del procés con la reforma del Código Penal. “La reforma del delito de sedición no es solo un traje a medida, es el ejemplo de legislar para persona con nombres y apellidos”, dijo Gamarra, que a continuación pronunció en voz alta los nombres de los políticos independentistas condenados.
Por su parte, el diputado socialista, Felipe Sicilia, acusó a la derecha durante su intervención de haber querido en su día “parar la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas. Y no lo han conseguido porque nuestra democracia y nuestras instituciones son fuertes y sólidas”, clamó desde la tribuna.
Tras las palabras de Sicilia, Gamarra reclamó un turno por alusiones para defender a su partido de las acusaciones de querer repetir el golpe del 23F. “Aquél día gobernaba el centro derecha, que estaba sentado en esta Cámara”, dijo antes de arremeter contra la Ley de Memoria Democrática por intentar, en su opinión, “reescribir” la historia.
En su turno, Arrimadas, que minutos antes le había recordado a Batet las palabras que ella mismo le dirigió a la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, durante el debate en el Parlament en 2017 de las leyes de desconexión, volvió a describir la situación como un “momento histórico” que, en su opinión, tendrá consecuencias. “Esto tendrá un coste, hoy es el origen de muchos problemas graves que vamos a tener en nuestro país”.
“Se trata de qué hacemos para frenar a Pedro Sánchez, tenemos que utilizar todas las herramientas democráticas”, dijo antes de definir la reforma como una sumisión a los intereses del independentismo. “Ahora robar es más fácil si eres enemigo de España y amigo de Pedro Sánchez. Los separatistas hacen esto porque odian a España pero ustedes hacen esto porque aman el poder, por eso es ruin lo que están haciendo”, espetó a la bancada socialista.
En su turno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al igual que Arrimadas aunque por otras razones, comparó lo vivido este jueves con lo sucedido en el Parlament de Catalunya en 2017. “Me tomo muy en serio las palabras de la señora Arrimadas porque la última vez que le habló así a la presidenta de un parlamento fue a nuestra compañera Carmen Forcadell, que acabó en la cárcel”, dijo tras la intervención de la presidenta de Ciudadanos.
Rufián ironizó sobre el papel del tribunal de garantías al afirmar que hablaba desde la tribuna “con miedo a que entre Tejero con toga”. Y rechazó que la reforma del Código Penal responda a un chantaje de su grupo. “Nada de lo que está sucediendo es un chantaje o exigencia del independentismo. Hay dos millones de personas que, de forma recurrente en Catalunya, votan opciones independentistas, guste más o guste menos. Vehicular este anhelo, esta opción política, no es un delito. Y no se le pueden meter a nueve personas cien años de cárcel por vehicular este deseo”, concluyó.
Ese “golpe con toga” fue un hilo conductor, con mayores o menores matices, de las intervenciones también de los diputados de la izquierda. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem, Jaume Asens, acusó al PP de perpetrar junto a al derecha judicial un “golpe silencioso”. “Lo que ha sucedido esta mañana es muy grave, inaudito: el PP intentando utilizar el TC con el mandato caducado intentando sustituir la voluntad del pueblo, atacando la separación de poderes, intentado imponer una mayoría que perdió hace tres años, una mayoría que todavía está en el órgano de gobierno de los jueces”, censuró el diputado del grupo confederal.
“La democracia va a resistir, pero el estigma del PP les va a perseguir toda su vida política. Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, ustedes están intentando perforar la democracia con un golpe silencioso y nuestra obligación como demócratas es impedirlo”, zanjó Asens.
Los cambios que introduce el nuevo Código Penal
La reforma impulsada desde el Gobierno y aprobada por el Congreso modifica además el delito de sedición que ahora se ciñe exclusivamente a los desórdenes públicos rebajando a cinco años las penas máximas en esos casos cuando “se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”, recogiendo condenas de hasta ocho años de inhabilitación si los culpables son una autoridad, como fue el caso de los líderes políticos condenados por el procés.
Una nueva versión del artículo 557 bis del Código Penal, antes dedicada a versiones más graves de los desórdenes públicos, se concentra ahora en supuestos en los que no se utilicen la violencia o la intimidación y se invada un domicilio, un despacho o una oficina perturbando “la paz pública y su actividad normal” con condenas de hasta seis meses de cárcel o una multa.
Además, gracias a un acuerdo entre el Gobierno y ERC el texto aprobado este jueves castiga con hasta tres o cuatro años de cárcel el delito de malversación, frente a los ocho contempladas hasta ahora, en los casos en que no haya ánimo de lucro. El nuevo Código Penal rediseña el delito de malversación después de que el PP, en 2015, elevara y equiparara las penas tanto para los casos en que se sustraían fondos públicos para usos privados como los que el dinero se destinaba a un gasto público, pero prohibido o distinto al previsto.
Con la nueva redacción, la malversación más grave se mantiene penada con hasta ocho años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación. Pero la conducta que castiga se limita a la apropiación “con ánimo de lucro” del patrimonio público.