El Congreso aprueba la reforma para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional

El Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría la reforma legal que desbloquea la renovación de una parte del Tribunal Constitucional y facilita una mayoría progresista para los próximos años. La cámara baja, con 187 votos a favor, 152 en contra y 7 abstenciones ha aprobado la reforma de la Ley que permite al Consejo General del Poder Judicial renovar dos magistrados, dando luz verde también a que el ejecutivo central renueve a los otros dos que le corresponden. La norma se remite ahora al Senado.

La reforma que acaba de salir adelante en la cámara baja facilita la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional y que la nueva proporción dibuje una mayoría progresista. Dos de esos magistrados que cambiarán son los designados por el ejecutivo central, por lo que es previsible que los dos perfiles conservadores salientes sean sustituidos por dos progresistas, lo que ya dejará una mayoría progresista en el tribunal de garantías. También pone un plazo, hasta el 13 de septiembre, para que el CGPJ nombre sus dos candidatos.

El Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, no podía nombrar los dos magistrados que le corresponden al tener el mandato caducado desde hace tres años y medio y tenerlo prohibido por ley desde el año pasado. Con esta reforma será posible y el ejecutivo central salva también otro posible problema: no estaba claro que cada uno pudiera renovar su cuota de magistrados por su cuenta y no de manera conjunta.

El movimiento llega en un momento de decisiones clave en el Tribunal Constitucional. El pleno tiene pendiente abordar asuntos de tanta importancia social como el recurso del PP contra la Ley del Aborto, pendiente desde hace más de un década, los recursos de Vox contra leyes como las de Eutanasia o de Protección de la Infancia o contra la Ley Celaá de Educación, entre otras.

La mayoría de la cámara baja decidió ayer que la iniciativa legal sería tramitada de urgencia este mismo jueves después de las votaciones sobre la Ley de Memoria Democrática. Con 183 votos a favor, 152 en contra y 8 abstenciones se decidió la toma en consideración después de que el diputado del PSOE, Francisco Aranda, se dirigiese al Partido Popular para exigir el fin del bloqueo para la renovación del CGPJ: “Déjense de excusas y cumplan con la Constitución”, dijo el socialista después de que José Antonio Bermúdez de Castro (PP) acusara al ejecutivo de usar el Congreso para “quitar y poner competencias al CGPJ en función de su conveniencia política”, denunciando un “fraude reglamentario”.