La reforma con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden restringir la capacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de nombrar jueces con el mandato caducado, como viene haciendo este órgano desde hace más de dos años, ha recibido este jueves el aval del Congreso. El dictamen de la Comisión de Justicia ha logrado un amplio respaldo, con 196 votos a favor, 150 en contra y una abstención. PP, Vox y Ciudadanos han rechazado la reforma, a la que solo le queda el paso por el Senado para su aprobación definitiva.
Desde que en diciembre de 2018 caducó su mandato, el Consejo ha adjudicado 74 puestos clave en la cúpula judicial. Los últimos, hace una semana. Los socios de Gobierno defienden que el objetivo de esta reforma es acabar con un vacío legal, pues actualmente la única competencia que no puede ejercer el CGPJ en funciones es nombrar a un nuevo presidente. Se trata, sostienen, de una “anomalía democrática” que no ocurre con los demás poderes del Estado.
Las tres derechas, sin embargo, ven en esta modificación legislativa una “injerencia” en la separación de poderes y la independencia judicial y exponen que no tiene sentido limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces cuando el problema es, a su juicio, el actual sistema de elección de sus veinte vocales. También han criticado ampliamente su tramitación por la vía de urgencia fuera del periodo de sesiones ordinario y que sea un texto “huérfano” de informes jurídicos.
A la votación ha precedido un debate en el que ha sobrevolado el nuevo escollo que puede suponer para la renovación del CGPJ la nueva coyuntura política en la Comunidad de Madrid. Y mientras las PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra el Gobierno de coalición por considerar que supone una “injerencia” del poder Ejecutivo en la Justicia, parte de la izquierda ha insistido en la falta de legitimidad del órgano de gobierno de los jueces para llevar a cabo la tarea esencial de hacer designaciones en la cúpula judicial.
Unidas Podemos, Bildu y Compromís han ido más allá e incluso han pedido la dimisión de los actuales vocales, elegidos en 2013 cuando el PP de Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. De hecho, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha abierto la puerta a una reforma que cese a los vocales del Poder Judicial si sigue el bloqueo a su renovación. “Si esta reforma no desbloquea la situación habrá que contemplar otras que incluyan el cese de los vocales una vez concluido su mandato”, ha anunciado el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, que ha criticado que un CGPJ “agotado” se vuelque en “hacer política” y se inmiscuya en las funciones del Ejecutivo.
No ha recogido el guante de esta propuesta el diputado socialista Francisco Aranda, que ha centrado su intervención en defender la necesidad de “regular la interinidad” del CGPJ con una reforma “necesaria y oportuna” y ha cargado contra el PP, al que ha criticado por “alimentar la bancada ultra” como consecuencia de su “corta visión visión política”. “Su voto contra el estado de alarma, contra las leyes sociales… Solo les queda Vox y parece que les tienen que pedir permiso para hacer política”, ha dicho el parlamentario socialista, que ha reconocido que la reforma que previsiblemente quedará aprobada este jueves a falta de su paso por el Senado “viene a poner fin a una situación pero no acaba con el problema”.
Previamente, el diputado del PP Luis Santamaría ha afirmado que esta reforma tiene la finalidad de “chantajear” a su partido para obligarles a pactar la renovación del CGPJ. “Aprobarán esta ley porque pueden y si el PP no se aviene a aceptar las trágalas, aprobarán la rebaja de las mayorías que tienen en la recámara”, ha augurado.
También ha asegurado que esta reforma es un ejemplo más de las “técnicas facinerosas” de un Gobierno con “demasiados tics autoritarios” y ha remarcado que es un texto que está “huérfano de informes jurídicos” y que aglutina “el rechazo unánime del mundo del derecho”. El diputado ha cargado duramente contra los socios de coalición, a los que ha acusado de estar cruzando una “línea roja” porque el CGPJ es “la última línea de defensa del Estado de Derecho”. Y ha acabado su intervención con una mención al partido de Pedro Sánchez: “Su actitud está mucho más cerca del PSOE del 36 que del PSOE de 1978”.
“Reparto de la tarta”
Muy duras han sido también las intervenciones de los portavoces de Vox y Ciudadanos, que han cuestionado el “reparto de la tarta” que tradicionalmente han hecho PP y PSOE de los vocales del CGPJ. El diputado de extrema derecha Javier Ortega Smith ha atribuido la reforma al afán de los partidos del Gobierno de controlar a los jueces y de “colocar sus fichas” y ha defendido que sean los propios jueces los que elijan a los vocales de su órgano de gobierno. “Ustedes tienen bloqueado al poder judicial por sus intereses bastardos”, ha aseverado.
Edmundo Bal, de Ciudadanos, también ha acusado a los socios del Ejecutivo de usar su “apisonadora de votos” para sacar adelante esta reforma, subrayando que “ni siquiera” han escuchado al CGPJ, que pidió emitir informe, y ha reiterado que esta proposición de ley es “una deslealtad al sistema constitucional” y “una traición al principio de equilibrio entre poderes”. También ha vuelto a exigir un cambio en el sistema de designación de los vocales del CGPJ, lamentando que actualmente los jueces no ascienden por su buen hacer sino por tener “amigos” y “padrinos”.
La ‘medida Lesmes’
Ese “reparto de cromos” entre las fuerzas del bipartidismo también ha sido criticado por otros grupos que no se han opuesto a la reforma y que también han tenido palabras para los actuales miembros del Consejo. Así se ha pronunciado el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, que ha respaldado la proposición aunque, a su juicio, se queda “corta” ante la actitud “chulesca y rebelde” de varios vocales y su “carrera de nombramientos”. “Lo lógico sería que dimitieran. Esta medida se queda corta y habría que ir al cese”, ha expuesto.
Por su parte, Mireia Vehí, de la CUP, se ha referido al actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, como uno de esos personajes que se resisten a cumplir las leyes desde la magistratura. “Podríamos llamar ‘medida Lesmes’ a esta modificación”, ha aseverado antes de criticar el “espectáculo de negociación del bipartidismo” donde, a su juicio, “se siguen escogiendo los jueces en una dinámica de vinculaciones intereses de partido”.
El PNV, por boca de Mikel Legarda, ha rechazado tanto el “injustificable bloqueo” del PP, que considera una “anomalía constitucional”, como la “reforma exprés” ideada por PSOE y Unidas Podemos. Respecto de esta última, ha criticado el procedimiento y el contenido por entender que no ataca “el problema de raíz”, que también ha situado en “la aplicación de criterios partidistas” en la elección de los vocales.
Choque con el Ejecutivo
La designación de jueces en la cúpula judicial es una de las tareas clave del CGPJ. Precisamente esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, pues el órgano de gobierno de los jueces ha realizado hasta 74 nombramientos discrecionales con el mandato caducado y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta.
La reforma para regular su interinidad también ha elevado la tensión entre ambos poderes del Estado. El órgano de gobierno de los jueces, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Está previsto que esa reforma se apruebe por el Congreso el próximo 11 de marzo, aunque faltaría la votación definitiva en el Senado.