En el mismo texto se insta “a dotar al servicio público de las capacidades necesarias para velar por la ciberseguridad con especial atención a las tecnologías para la soberanía, de forma que no existan dependencias exteriores en cuestiones de tal criticidad e interés”.
También se habla de fomentar la formación en el ámbito del desarrollo y utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de “promover el uso de estándares de seguridad y de certificación de comunicaciones”, tanto en el ámbito público como privado, con especial atención a la protección de información, protocolos y elementos en entornos críticos como, por ejemplo, la red de distribución eléctrica.
Según ha explicado el portavoz de Interior del PP, Conrado Escobar, la ciberseguridad es el conjunto de herramientas y acciones que prevengan y protejan de los delitos cibernéticos a las personas, empresas y países y de ahí que sea “indispensable para el ritmo empresarial, para las transacciones económicas, para los servicios enérgicos, para el funcionamiento cotidiano y para nuestra propia intimidad o nuestra defensa”.
En este sentido, ha destacado que ante un fenómeno mundial, la respuesta “sólo puede ser global” y la definición de acciones exige una coordinación “máxima”, así como una implicación privada “decidida”, porque “una empresa amenazada es un riesgo para la seguridad de todos”.