- PSOE, sobre el nombramiento como asesor en Brasil del comisario acusado de matar a su mujer: “Hay deudas que se están pagando con un cargo en el exterior”
El correctivo sufrido por el Partido Popular en la comisión de Interior del Congreso de este martes ha incluido la asunción por parte de la mayoría de los diputados de la existencia de una 'policía política'. Solo UPN ha acudido a apoyar al Partido Popular en el debate de las proposiciones no de ley, aprobadas ambas, que dan por hecho que los conservadores han frenado investigaciones por corrupción y que han maniobrado para dejar en el más alto escalafón de la Policía Nacional a un grupo de comisarios afines, como adelantó eldiario.es.
El caso que ha centrado la iniciativa del PSOE ha sido la investigación del origen del ático de Ignacio González. Todos los grupos, a excepción de los citados, han aprobado un texto en el que instan al Gobierno a que ordene una investigación que permita aflorar “todas las actuaciones, instrucciones y órdenes policiales” de los número uno y dos de la Policía, Ignacio Cosidó y el comisario Eugenio Pino. La proposición no de ley pide “depurar las responsabilidades disciplinarias que, en su caso, procedan”.
Las intervenciones de las distintas formaciones han superado el caso del ático de González. El diputado de Podemos Eduardo Santos ha aludido a “actuaciones que distan mucho del principio de neutralidad política que se deben presumir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y que adquieren “forma de informes fantasma”. “Se prefabrican para generar un estado de opinión o de prensa que son altamente perjudiciales para la libre concurrencia de todas las ideas y además dañan al conjunto de personas de las Fuerzas de Seguridad que se ven desprestigiados por la actuación de unos pocos”, ha añadido.
El portavoz socialista en la Comisión, Antonio Trevín, defendió la proposición no de ley de su partido, y también aludió a los “informes anónimos” de la Policía sobre “adversarios políticos diversos” que desde hace tres años, añadió, “se suceden continuamente”.
También recuperó el episodio de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, cuando fue recogida en su casa por un vehículo policial en una de sus primeras declaraciones en la Audiencia Nacional para ser después fue introducida por el garaje, lo que le ahorró hacer “el paseíllo” ante las cámaras. O las fotografías que publicó La Razón en las que él mismo tomaba café con dos comisarios que fueron a raíz de ese hecho destituidos.
El comisario en Panamá
Trevín ha explicado que la Embajada de España en Panamá cuenta con un agregado de Interior desde hace tan solo un año, por decisión del Gobierno del PP. Según Trevín, concurrieron al puesto muchos comisarios, pero solo se analizó el expediente de uno, antiguo jefe de la escolta de José María Aznar. Ese policía “tiene la información de todas las relaciones de la Policía española con la panameña y de todas las tramitaciones judiciales que se hagan desde España a Panamá”, ha advertido en alusión al caso del bufete Mossack Fonseca y a la vinculación de éste con la sociedad que compró el ático de Ignacio González.
“Como dijo un miembro relevante del PP, hay deudas que difícilmente se pagan con honor y este Gobierno las está pagando con cargos en el exterior. Seguramente, la información de hoy de eldiario.es es la mejor demostración: sigue como asesor para que no pueda ser encarcelado el agregado que teníamos en Brasil, que mató a su mujer, según confesión propia (...) que después de ser jubilado se le vuelve a nombra asesor”, ha continuado Trevín.
Ciudadanos también ha apoyado la petición de investigación interna por el ático de Ignacio González, pero en su intervención ha aludido a los casos citados y a otros de la época socialista, como el Faisán. Elena Ribera i Garijo, de Democràcia i Llibertat, ha dicho que siendo grave el caso que ha expuesto el PSOE hay otros que también lo son como cuando “se han inventado casos de corrupción que no lo eran” porque no gustaba al Gobierno el proceso independentista en Cataluña.
El PP recurre a los GAL
El representante del PP, José Alberto Martín-Toledano, dijo que la intervención de Trevín había sido “una bufonada plagada de falsedades y repleta de odio político” y trajo a colación varios casos ocurridos con los gobiernos socialistas, con varias alusiones a los GAL. Martín-Toledano dijo a Trevín que si no tuviera inmunidad parlamentaria no habría formulado las citadas acusaciones, a lo que el socialista replicó exigiendo que retirara esas palabras, lo que finalmente no sucedió.
En cuanto a la maniobra del Gobierno para dejar 'in extremis' a un grupo de comisarios afines en el mayor escalafón de la Policía, el de comisario principal, la diputada del PSOE Ana Botella lo atribuyó a una “voraz actitud sectaria y arbitraria” del PP en la Policía.
El Ejecutivo aprobó poco antes de las elecciones un reglamento por el que introduce una nueva vía para alcanzar el grado de comisario principal y que elimina el requisito de antigüedad que antes se establecía. El plazo de inscripción finalizó el mismo día de las elecciones generales. En palabras de Botella ha sido “una jugada política calculada al milímetro desde el director general de la Policía al ministro, habida cuenta de los obstáculos administrativos, jurídicos y reglamentarios que han tenido que remover y los numerosos recursos legales a que han dado lugar”.
La Comisión de Interior ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Podemos para que se dote de chalecos antibalas a todos y cada uno de los policías y guardias civiles. El diputado de la formación morada Juan Antonio Delgado Ramos ha celebrado la partida anunciada este lunes por el Gobierno de 18.000 nuevas prendas, pero ha advertido que “a este ritmo harían falta diez años para que todos tuvieran esta herramienta fundamental”.