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Los letrados del Congreso han tumbado una nueva ofensiva parlamentaria para investigar a Juan Carlos de Borbón, sus negocios privados y la posible comisión de delitos económicos que ya indaga la Fiscalía del Tribunal Supremo. En dos informes, a los que ha tenido acceso eldiario.es, se rechaza la creación de sendas comisiones propuestas por diversos grupos. Una de ellas, solicitada por Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y el Grupo Plural, se centraba en los hechos ocurridos tras su abdicación, tal y como ha hecho el ministerio público. Los letrados, sin embargo, sostienen que “la inviolabilidad” que da al Jefe del Estado la Constitución “tiene efectos jurídicos permanentes”.
El informe, cuyo contenido ha adelantado El Confidencial, será debatido el martes en la Mesa del Congreso. Tanto el PP como VOX ya habían anticipado su rechazo a abrir la investigación, dijeran lo que dijeran los letrados. En el PSOE, que siempre se ha opuesto a llevar al Congreso los supuestos negocios de la Jefatura del Estado, habían pedido esperar a conocer el documento jurídico, pero ya habían adelantado su negativa.
En la votación del martes solo Unidas Podemos votará a favor de la investigación. Los socios del Gobierno de coalición intentarán que esta vieja discrepancia no afecte a su entendimiento.
El partido de Pablo Iglesias ha intentado en varias ocasiones desde 2016 abrir una investigación parlamentaria sobre el rey emérito. Hasta ahora, siempre se había encontrado con la oposición de los letrados del Congreso quienes, dictamen tras dictamen, se han apoyado en la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución Española concede al Jefe del Estado.
En este último intento, desde Unidas Podemos habían aprovechado la investigación abierta por la Fiscalía, que ha encontrado una forma de evitar la mencionada inviolabilidad: los posibles delitos de blanqueo y delito fiscal por la gestión financiara de las comisiones que, supuestamente, cobró el monarca por intermediar a favor de empresas españolas en la construcción del AVE en Arabia Saudí.
No se trata, pues, de investigar las comisiones, sino su gestión. Y esta habría ocurrido tras la abdicación de Juan Carlos I en su hijo en junio de 2016. El argumento, válido para la Fiscalía, ha sido recogido por Unidas Podemos para su petición de creación de la comisión. Pero los letrados de la Cámara se oponen.
La investigación de la Fiscalía, un asunto “interno”
En su dictamen, consultivo pero no de obligado acatamiento, los letrados sostienen que se pretenden investigar “cuestiones que afectan al ex Jefe del Estado y que, aun pudiendo tener proyección en una etapa posterior, se corresponderían, sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I era el Jefe del Estado y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquél”.
Es decir, que los letrados sostienen que todo lo que hiciera posteriormente Juan Carlos de Borbón con las comisiones cobradas, presuntamente, durante su reinado, son también objeto de la inviolabilidad constitucional. Así lo refrendan a continuación al asegurar que “pretender una investigación parlamentaria” al respecto “vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del Estado que despliegan sus efectos de forma permanente”.
Los letrados, además, rebajan la investigación abierta por la Fiscalía a un mero asunto “interno de ordenación del trabajo” que “no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo o la forma del asunto, ni del Ministerio Fiscal ni, menos aún, de ningún órgano jurisdiccional”.
Pero incluso aunque la Fiscalía avanzara en sus trabajos, para los letrados del Congreso la situación sería exactamente la misma y no tendría “una repercusión directa y automática en la calificación que haya de hacer la Mesa sobre la solicitud de creación de una Comisión de Investigación de esta naturaleza”.
Por eso, finaliza el informe: “Las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad (...) son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes”.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto el pasado 5 de junio en el que designó para esta investigación a Juan Ignacio Campos Campos, fiscal de Sala del Supremo especialista en delitos económicos. La ley del Poder Judicial dicta su aforamiento ante el alto tribunal.
Campo, además, contará con la colaboración de varios fiscales más para las pesquisas que ya ha comenzado. Esos fiscales son su equipo habitual en el Supremo, entre los que están Jose Luis López Coig o Antonio de Cerro.
Echenique: “Lo vamos a seguir intentando”
La reacción del portavoz parlamentario de Unidas Podemos ha llegado vía Twitter. Pablo Echenique ha señalado que “cada vez necesitan argumentos más alambicados y más débiles para seguir protegiendo a la Casa Real y seguir poniéndola por encima de la ley”.
“Lo vamos a seguir intentando. Nuestra democracia no se puede permitir mirar para otro lado”, ha sostenido Echenique.