El PP vetará que el Congreso investigue a Pujalte por considerar que su actividad era “legal”

El caso de Martínez Pujalte llegará hasta la Comisión del Estatuto del Diputado, pero se quedará allí. El PP, con su mayoría absoluta, se opondrá a que se abra una investigación sobre sus actividades como asesor de una empresa privada que, sin embargo, contrataba con el sector público. Los socialistas y la Izquierda Plural creen que hay motivos suficientes para investigar al diputado del PP y saber si incurrió en tráfico de influencias.

El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha asegurado que Martínez Pujalte en 2008 únicamente pidió autorización a la Comisión del Estatuto para compatibilizar su cargo de diputado con su labor como economista en su estudio jurídico Sirga XXI. Pero, según Hernando, “ocultó” la labor que en realidad iba a realizar como asesor para la empresa Collosa –que facturaba con el sector público–, y de la que cobró 75.000 euros en menos de un año siendo portavoz de la Comisión de Presupuestos.

Tanto los socialistas como la Izquierda Plural piden también que se habiliten mecanismos para investigar a Federico Trillo, ahora embajador de España en Londres, que también siendo diputado cobró por asesorar a la misma empresa constructora especialista en obra pública en la legislatura anterior.

En el caso de Pujalte, el PP se escuda en que pidió en su día el pertinente permiso en la Comisión del Estatuto y “ningún grupo” puso objeciones ni se opuso a ello. Rafael Hernando, el portavoz popular, ha insistido en que todo se ajustó a la ley. El portavoz popular ha intentado evitar concretar qué hará su grupo cuando este caso se plantee en la reunión. “No vamos a poner obstáculos para que esto se tramite –ha matizado–. Pero no si los hechos están basados en datos falsos”.

Hernando ha dejado claro que su grupo no es partidario de modificar “en esta legislatura” el régimen de incompatibilidades y ha recordado que ni el PSOE ni ningún otro grupo lo planteó en la ponencia de reforma del Reglamento del Congreso, de la que los socialistas se levantaron a mitad de los trabajos.

También ha terciado en la polémica el presidente del Congreso, Jesús Posada, para decir que la Comisión del Estatuto estudiará las compatibilidades concedidas a determinados diputados, pero que no las revisará todas “de oficio”.

El asunto de Pujalte y Trillo ha sido tratado por la Mesa del Congreso, que se ha limitado a enviarlo a la Comisión del Estatuto y que aún no tiene fecha de convocatoria. A la salida de la reunión de la Junta de Portavoces, la vicepresidenta primera, Celia Villalobos, ha adelantado a eldiario.es que su grupo no cree que haya que investigar hechos que datan de otras legislaturas. “¿Entonces, tendremos que investigar también a Felipe González?”, ha replicado la diputada del PP.

La polémica sobre las compatibilidades de los diputados ha crecido este martes con otro caso más que afecta a un destacado diputado del PP, Agustín Conde, portavoz adjunto del Grupo Popular y tertuliano habitual de las televisiones. Según la Cadena Ser, el diputado por Toledo ha ocultado en su declaración de actividades que formaba parte de una de las empresas filiales del Santander que él mismo fundó cuando cerró su despacho de abogado.

Rafael Hernando ha afirmado que ha hablado con Conde para pedirle explicaciones pero ha reconocido que desconoce los “pormenores” de este caso, de los que se va a “informar”. No obstante, ha disculpado que no lo comunicara al Congreso porque “a veces a la gente se le olvidan determinadas cuestiones”. “Si le contrata una persona o el Banco Santander, entra dentro de su actividad profesional. No tiene que declarar quiénes son sus clientes”, ha sostenido. “Otra cosa es que fuera una empresa pública”.

El portavoz popular cree que tampoco es cuestión de sembrar “las sospechas” sobre todos los parlamentarios ni de ponerles un detective para ver a qué se dedican. “Esto del Gran Hermano, en plan Orwell, creo que está superado”, ha añadido, mientras arremetía contra el PSOE porque cree que con estas denuncias lo único que pretenden los socialistas es “tapar los casos de tres parlamentarios” que se sientan en sus filas, en alusión a Chaves, Griñan y Zarrías.