La Mesa del Congreso ha confirmado que todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley que regula la abdicación de Juan Carlos I se tratarán como propuestas para devolver el texto al Gobierno, con lo que este miércoles no habrá una votación separada de cada una de las propuestas que reclaman la celebración de un referéndum sobre la Monarquía, el reconocimiento del derecho de autodeterminación o la presentación de una declaración de bienes por parte del Rey.
La Junta de Portavoces ha cerrado este martes el diseño de la sesión plenaria que tramitará en lectura única el proyecto de ley que hará posible que el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, sea proclamado la próxima semana como nuevo Rey de España.
En la sesión plenaria, que comienza a las nueve de la mañana, habrá dos debates parlamentarios sobre la ley. Primero se discutirá el procedimiento, donde los grupos parlamentarios, por un tiempo de cinco minutos cada uno, fijarán su posición sobre la tramitación urgente y en lectura única del proyecto del Gobierno. Después se votará este punto, por el procedimiento ordinario del Congreso.
DEBATE ACUMULADO
Luego se debatirá el contenido, que arrancará con la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para presentar el proyecto a la Cámara. A continuación, y por un tiempo de 15 minutos, intervendrán los grupos de la oposición, de mayor a menor, para fijar posición sobre el proyecto de ley, y en su caso, defender las enmiendas que han presentado.
Se espera la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), Josep Antoni Duran i Lleida (CIU), Cayo Lara (Izquierda Plural), Rosa Díez (UPyD), Aitor Esteban (PNV) y todos los partidos del Grupo Mixto. Cerrará el debate el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso. Si el presidente del Gobierno reabre el debate, habrá un segundo turno de los grupos parlamentarios.
Después se procederá a votar las enmiendas presentadas por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y cuatro formaciones del Grupo Mixto (ERC, BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai). Pero la decisión de la Mesa ha sido acumular todas en una única votación, al considerar que, teniendo en cuenta la especial naturaleza del proyecto y su concreción (un único artículo), cualquier modificación del mismo supondría devolver el texto.
Eso sí, las enmiendas no son exactamente iguales. Izquierda PLjural quiere añadir que las Cortes Generales autoricen la celebración, en un plazo de tres meses, de un referéndum consultivo sobre la forma política del Estado con la disyuntiva entre República o Monarquía.
El BNG acorta ese plazo y plantea realizar la consulta en el plazo de un mes y que, “además de la determinación del modelo de Jefe del Estado, reconozca la soberanía de las naciones y su derecho a decidir”.
AUTODETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DE BIENES
También Esquerra Republicana (ERC) quiere que, además del referéndum para que los ciudadanos españoles puedan decidir ente Monarquía y República, se reconozca el derecho de autodeterminación de las “naciones” del Estado para que puedan convocar sus propias consultas soberanistas, como la que se plantea para Cataluña el 9 de noviembre.
Por su parte, Compromís-Equo plantea que a más tardar en un mes se pregunte a los ciudadanos si quieren que la Jefatura del Estado esa “ocupada por una persona electa directa o indirectamente por los ciudadanos” o prefieren “la continuidad de la monarquía como institución hereditaria”. También aprovecha para reclamar que el Rey Juan Carlos haga una declaración de bienes y dé a conocer todo su patrimonio para poder “conocer en qué medidas se ha podido enriquecer” durante su reinado.
La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, no pone plazo para el referéndum pero sí subraya que el Gobierno debe iniciar “de forma inmediata” un proceso de consulta ciudadana para resolver el debate sobre el modelo de Estado que, en su opinión, se ha reabierto con la sucesión del Rey.
Una vez rechazadas las enmiendas, como asegura la mayoría absoluta del PP y el respaldo del PSOE, se procederá a la votación del proyecto de ley, que al tener rango orgánico precisa de un respaldo mínimo de 186 diputados (mayoría absoluta).
302 VOTOS A FAVOR Y 19 EN CONTRA
A petición de Izquierda Plural, la votación será pública por llamamiento, lo que supone que todos los diputados deberán proclamar su voto a viva voz desde su escaño conforme son citados, uno por uno, por la Mesa del Congreso.
Se calcula que alrededor de 300 parlamentarios de PSOE, PP, UPyD, Foro y UPN) votarán a favor del proyecto de ley y que en contra votarán 19 diputados de Izquierda Plural, ERC, BNG, Compromís-Equo, Geroa Bai y Nueva Canarias. Los nacionalistas de CIU, PNV y CC optarán por la abstención mientras que los de Amaiur no piensan participar en la votación.