Los promotores de la destitución del presidente de Perú se niegan a dialogar

Lima, 6 dic (EFE).- Los líderes políticos de la derecha peruana que promueven la moción de destitución del presidente Pedro Castillo se negaron a acudir este lunes al Palacio de Gobierno de Lima para participar en una ronda de conversaciones convocada por el mandatario con diversas fuerzas políticas.

La ronda de conversaciones fue convocada por el gobernante un día antes de que en el pleno del Parlamento se debata si se admite a trámite la moción, presentada por el partido fujimorista Fuerza Popular, el ultraderechista Renovación Popular y el neoliberal Avanza País.

Los tres partidos continúan sosteniendo sin pruebas que hubo un fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales y sigue sin reconocer a Castillo como el presidente legítimo de Perú tras más de cuatro meses en el poder.

“Fuerza Popular lo espera en el Congreso para que responda frente a todo el país”, afirmó en redes sociales el portavoz fujimorista Hernando Guerra García para anunciar que no asistiría su líder, Keiko Fujimori, quien perdió la segunda vuelta de los comicios presidenciales por un escaso margen de unos 44.000 votos.

En el mismo sentido se manifestó el líder de Renovación Popular, el ultraconservador Rafael López-Aliaga, quien cree que la convocatoria es para intentar negociar y aseguró que no tiene nada que conversar con Castillo.

López-Aliaga consideró que sería contradictorio acudir a dialogar con el presidente, al que tildó de “corrupto” y “mentiroso”, cuando él es uno los principales promotores de su destitución.

Tampoco acudieron a la cita marcada por Castillo los representantes de Avanza País, pese a que en su grupo parlamentario hay divergencias entre apoyar o no la vacancia contra el presidente.

BLOQUE CONTRA LA MOCIÓN

Entre los líderes que acudieron estuvo el empresario César Acuña, del partido de centroderecha Alianza Para el Progreso (APP), quien afirmó que su bancada en el Parlamento votará contra el proceso de vacancia.

Sin fijar posición todavía visitaron al jefe de Estado los representantes del grupo parlamentario de Acción Popular, aunque el presidente del partido, Mesías Guevara instó al Gobierno y al Congreso a “sentarse a buscar los grandes problemas que tiene el país, porque ambos están desgastándose mucho”.

También pasó por Palacio la coalición de izquierdas Juntos por el Perú (JP), cuyo presidente, Roberto Sánchez, es el ministro de Comercio Exterior y Turismo.

“Lamentamos que las otras fuerzas políticas no hayan querido establecer este diálogo. Ellos pretenden ingresar (al poder) por la puerta falsa, desconociendo a quien ha sido legítimamente elegido presidente del país”, manifestó la congresista de Juntos por el Perú Ruth Luque.

Más expectación despertó la visita a Palacio de Vladimir Cerrón, el secretario general del marxista partido Perú Libre, el partido con el que Castillo ganó las elecciones pero del que se distanció a los dos meses de asumir el mando, al sacar a siete ministro para dar un giro más moderado al Ejecutivo.

Cerrón, que en la mañana ya había anticipado que su bancada votará en contra de la moción, llegó acompañado del congresista Guido Bellido, quien fue el primer ministro de Castillo hasta que el jefe de Estado decidió sacarlo al cambiar su gabinete.

VOTOS EN EL AIRE

Para admitir a trámite la moción de vacancia del presidente se necesitan 52 votos a favor de los 130 congresistas que componen el hemiciclo peruano, una cantidad que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no garantizó que se logre alcanzar.

Esta es la quinta moción de destitución presidencial en cuatro años presentada por el Parlamento bajo la figura de la “incapacidad moral permanente”, contemplada en la Constitución para casos de incapacidad mental del jefe de Estado e interpretada ahora como carencia de ética.

Producto esta situación, Perú vive inmerso desde las elecciones de 2016 en un cruda crisis política en la que ha tenido cinco presidente en los últimos cuatro años y tres parlamentos diferentes.

Ante este escenario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, ya adelantó este lunes que el Gobierno presentará una demanda competencial contra el Congreso en el Tribunal Constitucional para que este se pronuncie sobre la legalidad de la moción de destitución e interprete la figura de la incapacidad moral.