La investidura de Pedro Sánchez está más cerca que nunca. Todo está preparado para que el líder del PSOE sea reelegido presidente en primera votación la semana que viene en el Congreso. El lunes los reyes irán de viaje oficial a Dinamarca, donde permanecerán hasta el miércoles. El jueves es la festividad madrileña de La Almudena y el fin de semana el congreso de los socialistas europeos en Málaga. Pero, a falta ya solo de la oficialidad, también tendrá lugar la investidura de Sánchez, prácticamente atada después de que a última hora del martes se prudujera otro paso decisivo más: el pacto hecho oficial entre los socialistas y ERC sobre la ley de amnistía, además de un “avance decisivo en el acuerdo para la XV legislatura”.
Finalmente, todo hace indicar que no serán los días 7 y 8, la fecha inicialmente planteada, porque hasta la tarde del miércoles Felipe VI no regresará a España de su visita de estado a la reina Margarita. La presidenta de la Cámara Baja quiere preservar el decoro institucional y no celebrar una sesión de investidura sin el jefe del Estado presente en España. Así que en la tómbola de fechas en que se ha convertido la reelección del candidato del PSOE con el cerrojazo informativo impuesto por la Moncloa, la opción para la que todo el mundo se prepara es para que el pleno de investidura se pueda llevar a cabo los días 8 y 9 de noviembre (miércoles y jueves) o, incluso, el 9 y el 10 (jueves y viernes), ya con Felipe VI de regreso de Dinamarca.
El cónclave del PES (Partido Socialista Europeo) que se va a celebrar entre el jueves y el sábado próximos no parece un obstáculo para encajar la sesión la semana que viene, tal y como pretende el PSOE, porque Sánchez sólo asistirá a la clausura. Y tampoco que el jueves 9 sea fiesta en Madrid capital. La previsión con la que trabaja todo el mundo en el Congreso acota los posibles plenos, por tanto, a la segunda mitad de semana, porque los socialistas no quieren ir más allá en el calendario ni acercarse a la semana del 27, la fecha límite que fija la Constitución para convocar nuevamente elecciones si transcurren dos meses desde la primera votación de la investidura fallida con la que Feijóo puso en marcha el reloj de la democracia.
La única certeza es que el anuncio con el que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, formalizará la convocatoria del pleno, será inminente. Algunas fuentes señalan la posibilidad de que ese anuncio se pueda precipitar incluso a este jueves tras el festivo del 1 de noviembre y en vísperas de la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso que podrían ya ordenar los plenos de investidura. Lo que está claro es que, en cualquier caso, las cuentas del PSOE y sus socios contemplan que Pedro Sánchez sea investido presidente con 178 síes. Es decir, por mayoría absoluta en primera votación y sin necesidad de un segundo intento a las 48 horas.
El grueso de la negociación con los partidos independentistas catalanes estaba encarrilada desde hace días. En el caso de Junts, la foto del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, este lunes en Bruselas con Carles Puigdemont terminó de perfilar un acuerdo político centrado en la amnistía y que será oficial de manera inminente.
También es inminente el pacto con ERC respecto a la amnistía después de que los republicanos intentaran trasladar frialdad en torno a una posible investidura en un discurso que todas las partes interpretan como el intento de buscar una cuota de protagonismo político diluido en esta negociación en favor de Junts. Y con los votos de las dos formaciones independentistas amarrados la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es ya solo cuestión de días.
Los republicanos reclaman, eso sí, que a cambio de sus votos los socialistas vayan más allá de la amnistía y aborden sus demandas respecto al traspaso de Rodalies, a la financiación autonómica y a un compromiso por mantener viva la mesa de negociación bilateral entre Gobiernos.
Además, los socialistas cuentan con que la práctica totalidad de grupos que apoyan la investidura (Sumar, Junts, ERC, PNV y EH-Bildu, principalmente) registren de manera conjunta la proposición de ley de la amnistía en la Cámara Baja antes de la investidura para que su toma en consideración se produzca ya con Sánchez investido y no antes, como pretendían al principio de la negociación los independentistas catalanes en lo que llamaron “un pago por adelantado”. Si la norma se tramita por el procedimiento de urgencia, contaría con la aprobación del Congreso en el plazo de un mes, si bien esta decisión aún no está tomada.
La idea de que la proposición de ley lleve la firma de todos los grupos trata de diluir el coste de la medida, además de evitar los informes preceptivos pero no vinculantes del CGPJ y el Consejo de Estado a los que obligaría un proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros. Esto además de que el PSOE arguye que es la fórmula más atinada al tratarse de una demanda de otros 56 diputados, además de los 121 del PSOE. Y esa proposición de ley podría registrarse incluso esta misma semana o, como muy tarde, a principios de la que viene.
El caso es que, tras la reunión de Cerdán con Puigdemont y el acuerdo con ERC, ya no hay marcha atrás ni demasiadas probabilidades de que se produzca la anhelada repetición electoral que buscaba el PP de Alberto Núñez Feijóo. El encuentro en Bélgica formaba parte de las conversaciones que mantienen ambos partidos para la reelección de Sánchez y también de la exigencia de Junts para una puesta en escena que legitimara a quien declaró ilegalmente como president de la Generalitat la independencia de Catalunya y que se daba por descontada desde hace semanas. Lo que no se esperaba y ha sido motivo de controversia, dentro y fuera de las paredes de la Moncloa, es que la delegación socialista que viajó a Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont transigiera con retratarse bajo una imagen del 1-O que luce en el despacho de Puigdemont del Parlamento europeo y que los socialistas difundieron con un encuadre en el que no aparecía una de las urnas donde se votó la DUI (Declaración Unilateral de Independencia).
Desde el PSOE aseguran que la imagen se pactó con Junts para sugerir que el independentismo aceptó que se suprimiera el encuadre de la urna, lo que en todo caso no ha aplacado las críticas ni siquiera en las filas socialistas, donde califican la fotografía de “prescindible”. Mucho más duro en su valoración fue Alberto Núñez Feijóo, para quien se trataba de la imagen, no de una reconciliación como defendió el propio Cerdán en el patio del Congreso, sino de “una humillación y una rendición”.