Junts tumba en el Congreso la ley del sindicato de inquilinas para regular los alquileres de temporada

El Congreso ha tumbado este martes la admisión a trámite de una proposición de ley para regular el alquiler de temporada y recortar su duración a los seis meses. Se trata de un texto promovido por el Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, que denuncian desde hace meses que esta modalidad de contratos son el principal agujero del que se sirven los caseros para evitar la regulación de precios de la Ley de Vivienda, aprobada en la legislatura pasada. El PP, Vox, Junts y UPN han aunado sus 178 votos para rechazar el texto. Han votado a favor los proponentes (Sumar, EH Bildu, Podemos y el BNG), además del PSOE, PNV, Coalición Canaria y el diputado José Luis Ábalos.

Después de varias semanas de negociaciones lideradas por Sumar, que ha impulsado junto a Podemos, EH Bildu y el BNG esta ley redactada por los sindicatos de inquilinos, la mayoría de los grupos habían anunciado previamente el sentido de su voto. Junts, con un discurso muy crítico, había trasladado la posibilidad de una abstención que habría permitido la tramitación de la ley por un solo voto.

Pero al final ha optado por el 'no'. La ley ha contado así este martes con el apoyo de la mayoría de investidura, excepto Junts, que mantiene su negativa a apoyar al bloque que sostiene al Gobierno. La semana que viene, el Congreso debe votar la senda presupuestaria, paso previo a la negociación de las Cuentas de 2025.

La norma que se ha rechazado este martes viene de los sindicatos de inquilinas e inquilinos, que la registraron hace unas semanas en el Congreso de la mano de Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG. Buscaba cubrir uno de los principales agujeros que se quedaron sin abordar en la Ley de Vivienda de la legislatura pasada, el de los alquileres de temporada, el subterfugio que, según los proponentes, muchos propietarios están utilizando para sortear el control de precios de la norma en los lugares donde se aplica, por ejemplo en Catalunya.

“El cambio pasa por modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos [LAU]”, explicó en su momento Laura Benedetti, del Sindicat de Llogateres, para que los alquileres temporales y de habitaciones tengan un límite de tiempo más acotado. “Se establece un nuevo artículo que recoge que el máximo de un contrato por temporada serían seis meses y, si se supera, se considera vivienda de arrendamiento habitual”, explicó. “Se equiparan los derechos” de los inquilinos “y se desincentiva el uso de este tipo de figuras”. “Que haya una presunción general de contratos de vivienda habitual, para evitar que se expulsen a familias de los barrios y seguir subiendo los alquileres”, dijo.

“Mientras que la LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación, con el uso fraudulento de los contratos de temporada se posibilita la expulsión del inquilino y la subida del precio del alquiler año a año. De este modo, se ha convertido en un modelo de negocio al alza, el cual choca drásticamente con el ejercicio del derecho a la vivienda recogido en nuestra Constitución”, recoge la exposición de motivos del texto.

La proposición de ley introducía por un lado la obligación para el arrendador de justificar la necesidad de la temporalidad. Para ello, modificaba el artículo 2 de la ley, con un nuevo apartado: “Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. En caso de no quedar debidamente acreditadas, se presumirá que dicho contrato es de vivienda habitual”.

“El deber de comprobar si se dan dichas circunstancias recae sobre el arrendador, quien deberá requerir previamente la información a la parte arrendataria y hacerlo constar expresamente en el contrato. Se entenderá que no concurren dichas circunstancias, si el arrendador no las requiere, en cuyo caso, se presumirá un contrato de arrendamiento de vivienda habitual”, añade la proposición en ese artículo.

La proposición modificaba el artículo 9 bis para reducir los límites temporales y que no puedan exceder los seis meses. “En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal establecida y llegada la finalización de esta siguiera existiendo el motivo que causó la temporalidad, este podrá prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes, sin superar nunca la duración máxima de seis meses”, añade el texto. No obstante, siempre que su duración “exceda de seis meses” o “se encadenen más de dos contratos consecutivos”, “el primero se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos”.

Sumar pide acabar con las grietas de la Ley de Vivienda

“El alquiler de temporada se ha convertido en una rendija por la cual los propietarios pueden cometer fraude de ley”, ha denunciado el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, que ha defendido el texto en el debate de hoy. “La LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales no se puede subir más allá del IPC el precio del alquiler. ¿Qué hacen? Muchos propietarios hacen un uso fraudulento de los contratos de temporada y por tanto pueden subir el precio de alquiler año a año o echar a los inquilinos”, ha denunciado.

“Quería que mis primeras palabras fueran de agradecimiento y de reconocimiento a los sindicatos de inquilinos e inquilinas que son quienes han impulsado esta ley para regular el alquiler de temporada, que no es otra cosa que el gran agujero que el Partido Socialista dejó en la Ley de Vivienda”, ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que firmó como ministra de Derechos Sociales esa norma que terminando aprobando el Congreso a finales de la legislatura pasada. El partido de Belarra peleó dentro del Gobierno en su momento incluir la regulación del alquiler de temporada en esa norma, pero el PSOE terminó negándose.

ERC y EH Bildu temen que las derechas desvirtúen la norma

Tanto ERC como EH Bildu han anunciado su voto a favor de la toma de consideración pero ambas fuerzas han advertido de las dificultades que tendrá el texto finalmente de salir adelante.

Desde ERC y EH Bildu han avisado del riesgo de que la derecha parlamentaria aproveche este trámite para modificar elementos esenciales de la ley de vivienda que se aprobó en la pasada legislatura. 

La diputada catalana Pilar Vallugera ha ironizado con que PNV y Junts permitan la tramitación de la proposición de ley (con un ‘sí’ y una abstención, respectivamente), cuando ambos grupos se opusieron a regular los alquileres de temporada precisamente en la ley de vivienda de la pasada legislatura. “¿Cuál es el motivo que les ha hecho cambiar su ideología?”, se ha cuestionado.

Valluguera ha advertido de la introducción de enmiendas en el trámite que desvirtúen los objetivos de la norma. “Porque las derechas, les guste o no, son mayoría. Y algunas de ellas apoyaron la investidura, pero cuando les tocan el bolsillo…”, ha concluido la diputada de ERC.

En el mismo sentido se ha expresado el diputado de EH Bildu Oskar Matute en su turno. “No nos gustaría que tramitásemos esta ley para luego encontrarnos con una prórroga interminable”, ha advertido.

“Pedimos claridad, determinación y firmeza”, ha pedido desde la tribuna. “Creemos que frente a la especulación solo cabe la firmeza. La izquierda no está aquí para salvar los muebles al capitalismo, sino para construir sociedades más justas. Y no puede haber una sociedad justa sin casas para todos”, ha zanjado.

PNV, “voto crítico”

Las advertencias de los independentistas vascos y catalanes tienen que ver con las objeciones que han puesto tanto Junts como PNV al texto que se ha debatido en este texto, aunque con resultado diferente. Apuntes que en el caso de Junts se han convertido en una negativa. Su portavoz en este tema, Marta Madrenas, ha criticado prácticamente todos los puntos que tienen que ver con la limitación del alquiler de temporada y de habitaciones y se ha centrado en proponer otras medidas para solucionar el problema de la vivienda en general, como poner a disposición de los ayuntamientos los inmuebles de la Sareb. “Lo hemos propuesto decenas de veces, impulsando la colaboración público privada, no demonizándola”, ha dicho.

El PNV ha votado a favor, pero había advertido de que su voto sería “muy crítico”. “¿Qué pasa con las personas estudiantes, con los residentes en prácticas...? Regulamos una figura limitando su objeto y vestimos un santo para desvestir otro. El problema no son los contratos de vivienda temporal sino la pésima regulación de estos en la Ley de Vivienda”, ha dicho la portavoz de los nacionalistas Maribel Vaquero. Un 'sí' a regañadientes que no ha servido para que la ley siquiera pasara su primer trámite.