Se trata del informe que a finales de 2017 encargó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Lo hizo a instancias del PP, que presentó una iniciativa, apoyada por PSOE y Ciudadanos, para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana desde 2011 se habían utilizado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia”.
El informe de fiscalización concluye que las delegaciones catalanas en el extranjero gastaron al menos 27,2 millones a actividades sin que sea posible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control.
LA ÚNICA QUE VOTÓ EN CONTRA
Respecto al Diplocat, el documento indica que gastó 15,8 millones de euros en todas las actividades desarrolladas entre 2011 y 2017, de las cuales más de 74% tuvieron como objetivo “promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista”.
Según confirmaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, el Pleno aprobó el informe el pasado jueves con un único voto en contra, el de la consejera María Dolores Genaro, que este lunes ha presentado un voto particular.
La consejera Genaro, que en el tribunal está encuadrada en el área que examina las cuentas de los partidos políticos, asume que el Govern incurrió en un desvío de fondos públicos en apoyo de sus tesis independentistas, pero cree que la aprobación del informe fue precipitada y no se buscó el consenso. Según publica El País, entiende que algunos aspectos denunciados en el documento carecen de rigor contable o no están suficientemente acreditados, en incluso percibe tintes ideológicos ajenos a la labor del tribunal.
Y DOS VOTOS CONCURRENTES
Otros dos consejeros elegidos en su momento a instancias del PSOE, Enriqueta Chicano y Felipe García, han presentado también un voto concurrente, que es la fórmula que se utiliza cuando se discrepa de la argumentación, pero se comparte la resolución. De hecho, ambos votaron a favor del informe en el Pleno de la pasada semana.
La institución que preside María José de la Fuente remitirá su informe esta semana a las Cortes Generales para ser debatido la próxima legislatura por el Congreso y el Senado que salgan elegidos en los comicios del próximo 28 de abril.