El consejero de Castilla y León que se alaba a sí mismo: sentencias en contra, listas de espera y récord en 'bufandas'

El consejero de Sanidad más cuestionado en la historia de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, no está en el ojo del huracán por casualidad. La carta supuestamente enviada por jefes de servicio y unidad de Sacyl en la que negaban el caos sanitario, y que salió de su ordenador personal es, para él, un contratiempo.

Sáez Aguado, del que sus propios compañeros dicen que es “muy orgulloso” y “demasiado seguro de sí mismo”,  lleva muchos años en la gestión pública. Psiquiatra de profesión, es funcionario del cuerpo facultativo superior  de la Junta y ha trabajado en distintos centros de asistencia psiquiátrica en Castilla y León. También dio clases en la Universidad de Salamanca.

Desde el 87 ha pasado por distintas áreas de la Consejería de Sanidad y participó en el proceso de transferencia de la Sanidad. Aunque ocupó puestos de libre designación en la Junta, su ‘formación’ política arrancó en 2007. Estuvo al lado del consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, también psiquiatra de profesión, en concreto en la Dirección General de Planificación y Análisis Estratégico. En realidad es el lugar donde se planifican los discursos, las ruedas de prensa y se sigue metódicamente el trabajo de los medios de comunicación y en concreto de algunos periodistas. “Aprendió mucho sobre medios allí”, dicen con sorna fuentes cercanas. En junio de 2011 asumió el cargo de consejero. Desde entonces Sáez Aguado ha resistido impasible.

Uno de los escándalos más sonoros fue el del maquillaje de listas de espera del Hospital de Burgos que denunció Izquierda Unida-Equo en abril de 2017. La Plataforma Sanidad Pública Sí, puso en sus manos un documento en el que la gerencia del hospital instaba a alterar las listas. En el escrito se daban instrucciones muy precisas como que en casos de igual gravedad debía operarse lo menos complejo y lo que menos tiempo de intervención precisase, que se debía retrasar lo máximo posible la incorporación de pacientes a las listas de espera y sacar a otros argumentando cualquier razón entre otros. El asunto se cerró, días después, con la dimisión de la responsable de área quirúrgica del hospital. Sáez Aguado se limitó a negar que se hubiesen alterado las listas.

Del Hospital de Burgos, de concesión privada y que tuvo un sobrecoste de más de 600 millones que aún se estudia en una comisión de investigación, dice Saéz Aguado que es el “buque insignia de la sanidad de Castilla y León”. El centro ha sufrido varias inundaciones pocos años después de su inauguración. En el proyecto que la Junta aprobó en un principio, se planificaron quirófanos con ventanas y se olvidó el espacio para el banco se sangre.

En 2015, en el Complejo Asistencial de Ávila, se perdieron unas 15.000 pruebas radiológicas que estaban archivadas informáticamente. Sáez Aguado dijo entonces que lo ocurrido era un “hecho grave” y lo desvinculó de los recortes presupuestarios aplicados en los últimos años. Según él, el extravío se produjo en el proceso de migración a nuevos sistemas de almacenamiento más potentes. Meses después dimitió el jefe de informática del hospital.

El problema informático que no se quita de encima es el de Medora, el sistema que utilizan los médicos de atención primaria y que sufre continuas caídas y bloqueos. A pesar de que facultativos y pacientes son testigos del mal funcionamiento, Sáez Aguardo niega que sean “fallos continuados”.

A lo que no afectan los recortes sanitarios que tiene a pacientes y a profesionales en pie de guerra (el pasado sábado se convocó una manifestación con cifras de asistencia históricas) es al reparto de gratificaciones de la Consejería. Sanidad es la que más bufandas puso en 2015 a unos cuantos trabajadores elegidos.

Aunque la Junta se niega a facilitar los datos, el PSOE desveló hace una semana los de hace dos años. Sanidad destinó  892.651 euros para servicios extraordinarios de 173 funcionarios . Seis veces más que el año anterior, 131.975 euros.

De esos casi 900.000 euros, más de medio millón se lo han llevado 71 informáticos que, posiblemente, trabajaron contrarreloj para levantar el Medora de sus sucesivas caídas. Pero también hay 11 jefes de servicio y ocho jefes de sección.

Las oposiciones y las interinidades también ahogan al consejero, hace poco el TSJCyL condenaba a la Junta por doble fraude en las contrataciones.

Hasta el momento, Sáez Aguado no se plantea dimitir. Pero es que Herrera tampoco quiere hacer cambios en su equipo de Gobierno precisamente en este momento. El PPCyL vive una complicada bicefalia. Herrera sólo preside la Junta, el partido está en manos de Alfonso Fernández Mañueco. Retirar a uno de sus consejeros implicaría aceptar la elección de Mañueco, con quien tiene un enfrentamiento soterrado.

Mientras Herrera y el propio Sáez Aguado aguantan, los grupos de la oposición piden su comparecencia, su dimisión y hasta una disculpa que por el momento no ha llegado.