España se atasca con las medidas contra la corrupción. Este miércoles se han publicado dos informes elaborados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa (entidad supranacional de 47 Estados independiente de la UE). Y el resultado es que, aunque se ha mejorado en algunos aspectos, siguen pendientes avances, sobre todo en lo relativo a la independencia del poder judicial.
Uno de los informes publicados este miércoles es evaluación por tercera vez del grado de cumplimiento de la ronda de exámenes arrancada en 2013 sobre las medidas contra la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. Y el otro, es una ronda nueva, una nueva lista de medidas temáticas, en este caso sobre la prevención de corrupción en los altos puestos de gobiernos centrales y fuerzas de seguridad. El Consejo de Europa da un plazo de 18 meses para adoptar medidas en España y el resto de países y las evaluará en 2021.
En relación con la evaluación de las medidas pedidas en 2013, GRECO entiende que se han producido avances, particularmente en lo relativo a las medidas contra la corrupción en el ámbito de los parlamentarios. Pero en otras áreas no se han completado las medidas reclamadas. De las 11 que se pedían, sólo hay una completada, y donde ve más problemas en el sistema judicial.
“El GRECO lamenta que la importante labor llevada a cabo por la Subcomisión de Justicia en el Congreso en relación con la cuestión de la composición del CGPJ haya fracasado en el Parlamento, en particular, la necesidad de eliminar la elección del turno judicial por parte de los políticos. El GRECO considera que se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización”, afirma el informe.
Y prosigue: “La creación de Consejos del Poder Judicial tiene por objeto garantizar mejor la independencia del Poder judicial, en apariencia y en la práctica. Lamentablemente, el resultado en España sigue siendo el contrario, como ya se destacó en el informe de evaluación de la cuarta ronda y se ha visto confirmado por los recientes acontecimientos en el país. En el momento de la visita de evaluación, en 2013, el GRECO destacó que cuando las estructuras de gobierno del Poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, esto tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país. Seis años después, la situación es la misma y, por tanto, la recomendación no puede considerarse cumplida. El GRECO reitera su opinión de que las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”.
Al margen de sus críticas al sistema de elección del gobierno de los jueces, GRECO señala que España “ha realizado algunos avances”, al cumplir totalmente dos de las 11 recomendaciones y parcialmente otras ocho. Así, el organismo saca a España de la categoría de cumplimiento “globalmente insatisfactorio” concedida en enero de 2018.
En todo caso, pide “medidas más enérgicas” para terminar el código ético para fiscales. “Son necesarios resultados concretos”, afirma, seis años después de la adopción del informe de evaluación.
En cuanto al fiscal general del Estado, el GRECO pide que las comunicaciones con el Gobierno se puedan consultar online y que el Ministerio Fiscal disponga de mayor autonomía presupuestaria y de planificación.
Lo que sí reconoce el informe es que el Congreso aprobara en febrero el código de conducta para los diputados, con disposiciones sobre conflictos de intereses, regalos, viajes al extranjero y, en general mayor transparencia. También pide al Senado adoptar un código ético propio equivalente.
Los expertos ven como un “avance prometedor” la proposición de ley sobre denunciantes y whistleblowers, pero lamenta la falta de “resultados concretos”.