El Consejo de Europa “deplora” la “ausencia de mejoras” ante la corrupción en “la Policía Nacional y la Guardia Civil”

El Consejo de Europa suspende a España por la falta de avances en la lucha contra la corrupción en la Administración central del Estado y, en particular, en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Así lo establece el último informe de evaluación de GRECO –Grupo de Estados contra la Corrupción– de la institución paneauropea, no dependiente de la UE, que reúne a 47 países. GRECO puso 19 tareas a España hace tres años y, de acuerdo con su examen, “España no ha implementado satisfactoriamente ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones: siete se han implementado parcialmente y 12 no se han implementado”.

En relación con los altos cargos de las instituciones públicas, el informe conviene que “hay algunos indicadores prometedores en el IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024), en particular, en relación con la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el sector. Sin embargo, sería importante asegurar que se preste la debida atención a los riesgos específicos de las personas encargadas de funciones ejecutivas superiores, incluidos los asesores políticos”.

En este sentido, se reconoce que supone “un avance positivo la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI)”, si bien “tanto las facultades como recursos de la OCI y del Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno merece mayor atención para que la puesta en marcha de las distintas iniciativas normativas se hagan realidad, no sólo en la ley sino también en la práctica. La regulación de los lobbys sigue siendo un tema pendiente. Asimismo, se debe revisar el sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, el llamado aforamiento”.

En este sentido, GRECO recomendó garantizar que se modifique el procedimiento especial de “aforamiento”, para que no obstaculice el proceso de justicia penal con respecto a los miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción. Y el informe señala que “las autoridades han encargado un estudio para investigar el tema de la responsabilidad penal de los miembros del gobierno (aforamiento) con el fin de restringir su alcance” y “hace un llamamiento a las autoridades para impulsar una acción efectiva”.

“La situación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley es decepcionante”, afirma GRECO, que “subraya que el alcance del procedimiento de cumplimiento es evaluar la implementación de las recomendaciones, no volver a evaluar la situación ya descrita en el momento de la evaluación. Las autoridades, en su mayor parte, han reiterado las normas que ya estaban vigentes en 2019 cuando se adoptó el Informe de evaluación de la Quinta Ronda sobre España”.

En este sentido, se señala que “la Guardia Civil ha avanzado en su infraestructura ética, que, sin embargo, aún no se ha materializado efectivamente, y en el desarrollo de una regulación más detallada sobre los procesos relacionados con la carrera, en particular, los sistemas de evaluación, los procedimientos de nombramiento y los incentivos al desempeño”.

GRECO también reconoce algunos “avances valiosos señalados, tanto por la Policía como por la Guardia Civil, para promover la igualdad de género”.

Dicho esto, “GRECO deplora particularmente la ausencia de cualquier otra mejora concreta y fáctica realizada por la Policía: ésta es una oportunidad perdida para establecer una infraestructura de ética integral, proactiva y efectiva dentro de la fuerza. Para concluir, GRECO espera que las fuerzas de seguridad tomen medidas tangibles, comprometidas y exhaustivas para cumplir con las recomendaciones, de forma prioritaria y sin demora”.

“El nivel de cumplimiento de las recomendaciones de GRECO con respecto a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley es decepcionante”, dice el informe: “No se ha avanzado en la Policía Nacional y la Guardia Civil en el desarrollo de una estrategia anticorrupción, en el fortalecimiento de los procesos de investigación, en la revisión de los procedimientos de denuncia ni en el desarrollo de una regulación más específica sobre los riesgos de conflictos de interés en el servicio y después de dejar el cuerpo. Tampoco se ha avanzado en la reevaluación de las cuotas de entrada de los descendientes de la Guardia Civil. GRECO espera que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tomen medidas tangibles, comprometidas y exhaustivas para cumplir con las recomendaciones, como un tema prioritario y sin demora”.

En este sentido, GRECO señala que “no existe una estrategia de prevención de la corrupción dedicada y proactiva (y no meramente reactiva) ni en la Policía ni en la Guardia Civil. Esto requiere una acción decidida”.

GRECO recomendó que la Guardia Civil adoptara un Código de Conducta y que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil complementaran sus respectivos códigos con directrices en materia de conflictos de interés, obsequios, uso de recursos públicos, información reservada, actividades accesorias, neutralidad política..., así como “un mecanismo creíble y eficaz para su supervisión y cumplimiento”. Y la conclusión es que GRECO “reconoce los avances de la Guardia Civil con la redacción del Código de Conducta, a la espera de su adopción. En cuanto a la Policía, no se ha hecho nada”.

GRECO también recomendó “que se lleve a cabo una revisión completa de los procedimientos actuales de denuncia de irregularidades dentro de la Policía y la Guardia Civil, con el objetivo principal de fortalecer la protección de la verdadera identidad de los denunciantes y centrarse más en la sustancia de la información proporcionada”. Pero el informe señala: “GRECO deplora la falta de desarrollos específicos, incluso de naturaleza práctica, para proteger mejor a los denunciantes en las fuerzas policiales del Estado. Esta es un área sensible donde la acción determinada es más crucial para la prevención y detección de la corrupción”.