El Consejo de Europa insiste en “eliminar la intervención de los políticos” en el nombramiento de los vocales jueces del Poder Judicial

El Consejo de Europa insiste en que España debe reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. El organismo –entidad supranacional de 47 Estados no perteneciente a la UE–, a través de la evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), afirma que “una cuestión crítica es el sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su percepción de politización. Esto es motivo de preocupación, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el poder judicial, incluida la designación de jueces en puestos superiores y las cuestiones disciplinarias”.

GRECO lleva recomendando dese 2013 que se haga una evaluación del marco legislativo que rige el CGPJ y de sus efectos en la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida. Y en su informe difundido este jueves, la institución “lamenta que no se haya logrado ningún resultado tangible en relación con la composición del CGPJ y, en particular, su método de selección, es decir, el núcleo de la recomendación”. En este sentido, GRECO señala que ha vuelto “a reiterar la necesidad de eliminar la intervención de los políticos en la selección de los miembros judiciales del CGPJ”, por lo que concluyó que la recomendación no se había cumplido. 

El Consejo de Europa reconoce que el Gobierno defiende “la legitimidad y el carácter democrático del método de selección”, en tanto que el nombramiento de los vocales del CGPJ –los 12 jueces y magistrados y los 8 juristas de reconocido prestigio– requiere un amplio consenso del Parlamento a través de una mayoría cualificada de 3/5; y que los candidatos son preseleccionados por los propios jueces a través de un sistema democrático, y la lista de candidatos resultante se presenta al Parlamento, que designa a los vocales. 

Pero GRECO señala que “la información facilitada no aporta nada nuevo a lo que ya se había analizado en 2013. Hoy la situación es exactamente la misma, y las preocupaciones continúan igual, si no más, que antes”.

En aquel momento, el Consejo de Europa subrayó que “uno de los objetivos más notables es salvaguardar la independencia del poder judicial, tanto en apariencia como en la práctica” y que “el resultado en España había sido todo lo contrario”. Así, “GRECO señaló las normas aplicables del Consejo de Europa relativas a la elección a los vocales de extracción judicial de los Consejos judiciales: cuando existe una composición mixta, para la selección de los vocales jueces, se aconseja que éstos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección”. 

“Siete años después de la aprobación del informe de evaluación de 2013, y de la serie de informes sobre el cumplimiento que se han presentado posteriormente, continúan las críticas al sistema en el ámbito nacional y también han trascendido a foros internacionales”, afirma GRECO: “Cada vez que se ha llevado a cabo una renovación del CGPJ, se han expresado recelos sobre la negociación política y el nombramiento de puestos judiciales clave”.

El organismo también recuerda que, a causa del bloqueo de más de 1.000 días en la designación del CGPJ, el PSOE y Unidas Podemos decidieron presentar una proposición de ley para desbloquear el sistema recurriendo a una votación por mayoría cualificada de 3/5 en las Cortes Generales, pero, si no se alcanzase bajando el umbral en una segunda votación a mayoría absoluta: “GRECO, junto con otros actores internacionales clave en este ámbito, entre ellos la Comisión Europea y la Asociación Europea de Jueces, expresó su preocupación por la propuesta antes mencionada. La tramitación de la proposición se encuentra suspendida desde el 22 de octubre de 2020”. 

Posteriormente, en diciembre de 2020 se presentó una nueva proposición para impedir que el CGPJ hiciera nombramientos discrecionales, es decir, el nombramiento de las categorías superiores de la judicatura, cuando se encontrara en funciones. “Esta propuesta también ha sido objeto de críticas por los jueces, y por el propio CGPJ”; continúa el informe. 

“En este contexto”, prosigue el organismo del Consejo de Europa, “GRECO solo puede lamentar la falta de un avance positivo tangible en este ámbito. GRECO insta a las autoridades a que apliquen sin demora la recomendación, y que al hacerlo se consulte al poder judicial y que tenga voz en las decisiones clave relativas a su funcionamiento y a sus prioridades. Los debates necesarios a este respecto con otros poderes del Estado deben celebrarse en un clima de respeto mutuo y tener especialmente en cuenta la preservación de la independencia y la imparcialidad del poder judicial”. 

GRECO señala que “lamentablemente, las críticas sobre la percepción de politización del CGPJ repercuten negativamente en las decisiones de nombramientos adoptadas por este último. Incluso si los procedimientos para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura se han articulado y mejorado con el tiempo, persiste a los ojos de los ciudadanos una sombra de duda sobre su imparcialidad y objetividad. Dado el amplio margen de discrecionalidad con que cuenta el CGPJ para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura, la cuestión de su composición parece de importancia primordial”.

“Reconsiderar el método de selección de la Fiscalía General”

GRECO recomendó en el pasado “reconsiderar el método de selección y el mandato de la Fiscalía General; establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno; y ”estudiar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal“.

Y, ahora, la institución afirma que “sólo puede reiterar la necesidad de una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para protegerlo de interferencias indebidas”.

Así, GRECO “alienta a las autoridades a que piensen en profundidad a este respecto, entre otras cosas, teniendo presentes las consideraciones ya señaladas en relación con la cuestión de las puertas giratorias, en particular, en lo que respecta a la actividad política”. 

Además, el informe insiste en que “dado que la relación entre la Fiscal General y el Ejecutivo es una cuestión que sigue siendo objeto de críticas públicas en España en cuanto a la percepción de su independencia, la transparencia de la comunicación entre la Fiscalía General y el Gobierno resulta clave”. 

En este sentido, “la relación entre la Fiscalía General y el Ejecutivo es un tema que sigue siendo objeto de críticas públicas en lo que respecta a su percepción de independencia” y “aún se necesitan más esfuerzos para aumentar la autonomía y la transparencia en este sentido. Esto es especialmente importante en el contexto de la reforma propuesta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se ha promulgado un Código Ético para los fiscales, que se ha sumado a los canales de asesoramiento y sensibilización, lo que constituye un avance positivo. Sin embargo, la reforma del régimen disciplinario de los fiscales aún está pendiente de adopción”. 

Justicia considera “positivo” el informe

Tras recibir el informe del GRECO, el Ministerio de Justicia ha celebrado que dé por cumplidas cuatro de las recomendaciones, pese a que urge a la renovación del CPGJ.

En una nota informativa, recogida por Europa Press, el departamento dirigido por Pilar Llop ha destacado que el Grupo considera que 10 de las 11 recomendaciones de esta ronda de evaluación se consideran “cumplidas” o “parcialmente cumplidas”

Según ha subrayado Justicia, en el informe publicado este jueves “se destacan la adopción de códigos de conducta, buenas prácticas y medidas para fomentar la transparencia en el ámbito parlamentario y en el del Ministerio Fiscal”.