El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, consideró hoy que la ley de Seguridad Ciudadana promovida por el Gobierno español es “altamente problemática” y expresó su preocupación por la proporcionalidad de las multas propuestas.
“Creo que (esta ley) es altamente problemática y, si va más allá, lo trataré con las autoridades españolas”, declaró Muiznieks a Efe.
El anteproyecto de ley presentado inicialmente por el Gobierno preveía, entre otras cosas, multar con hasta 600.000 euros concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso cuando perturben la seguridad ciudadana, si bien esta sanción se ha reducido finalmente a un máximo de 30.000 euros.
La ley contempla también penalizar, entre otros, actos que supongan una ofensa a España, así como las vejaciones a los agentes de policía en sus actuaciones o la difusión de sus imágenes cuando éstas atenten contra su honor.
En este sentido, Muiznieks dijo que está “muy preocupado por las altas multas propuestas”.
“Quiero que alguien me convenza de que 600.000 euros por ofensas muy serias es una multa proporcionada”, afirmó.
El comisario expresó su preocupación por la interpretación que los jueces hagan de términos recogidos en la ley como “ofensas a España” o “poner en peligro la seguridad ciudadana”.
Hay que ver “hasta qué punto están claros los conceptos y si la gente puede predecir cuándo no está incumpliendo la ley, y hasta qué punto existe el riesgo de que haya una interpretación arbitraria”, agregó.
Por otra parte, añadió, “surge la cuestión de hasta qué punto este tipo de restricciones son necesarias en una sociedad democrática frente a otros medios de proteger la seguridad de la gente y el orden público sin interferir demasiado en el derecho a reunirse libremente”.
Muiznieks destacó también que las disposiciones que prohíben el registro de imágenes o datos personales de los policías durante las manifestaciones afecta directamente a la rendición de cuentas por parte de los agentes en caso de mala actuación por su parte.
Estas medidas, afirmó, impedirían que pudiesen presentarse pruebas en caso de violaciones de derechos.
El anteproyecto de ley recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el 29 de noviembre con la mayoritaria oposición de los partidos políticos, asociaciones judiciales y organizaciones que representan a los policías y guardias civiles.
Tras una encendida polémica en la que se utilizaron calificativos como ley “mordaza” o “represión antidemocrática”, el Ejecutivo suavizó el borrador inicial.
De este modo, de veintiuna infracciones muy graves -multadas con entre 30.000 y 600.000 euros- previstas en el primer borrador que salió a la luz pública se ha pasado a siete, mientras que las graves serán 31 -sancionadas con entre 1.000 y 30.000 euros- y las leves 20, que conllevarán multas de 100 a 1.000 euros.