El Consejo Fiscal, el máximo órgano asesor del fiscal general del Estado, ha acordado en una reunión ordinaria celebrada este miércoles otorgar por unanimidad el amparo a todos los miembros de la Fiscalía que hayan participado en procedimientos relacionados o derivados del procés, informan a elDiario.es fuentes fiscales. El Reglamento del Ministerio Fiscal establece en su artículo 118.q que los fiscales pueden acudir en amparo al Consejo Fiscal cuando se consideren inquietados o perturbados en el ejercicio de sus funciones. Se trata, en todo caso, de un respaldo simbólico.
El asunto fue incluido en el orden día a petición de los seis vocales de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), que llevan semanas alimentando un enfrentamiento con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al considerar que ha mantenido una actitud tibia ante el acuerdo entre el PSOE y Junts, que menciona el ‘lawfare’ y abre la puerta a poner en marcha investigaciones parlamentarias sobre presuntos casos de persecución judicial a dirigentes independentistas. Este martes, los socialistas confirmaron que votarán en contra de la comparecencia de jueces en estas comisiones.
Estos vocales, a los que se unió también el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), proponían la “aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado 'procés', realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política”.
Esa petición se ha secundado por unanimidad, aunque el fiscal general ha rechazado que el órgano se pronuncia sobre la ley de amnistía y las críticas de Junts a jueces con nombres y apellidos, como han pedido algunos vocales conservadores. Sí ha emitido una declaración institucional que muestra el “apoyo y defensa” de la institución “a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluidos, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las diversas causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña”.
La reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas, ha tenido lugar en uno de los momentos de más tensión dentro de la carrera desde que García Ortiz tomó posesión de su cargo en septiembre de 2022. Un sector de la carrera le acusa de falta de contundencia en sus declaraciones en torno al ‘lawfare’. E incluso la AF ha llegado a pedir su dimisión por su supuesta “pasividad” en la “defensa del Estado de Derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal” en relación con la amnistía.
De hecho, aunque no figuraba en el orden del día, algunos vocales han planteado en ruegos y preguntas el posible pronunciamiento del Consejo Fiscal sobre la ley de amnistía. A este respecto, el fiscal general ha manifestado que un pronunciamiento u opinión de este órgano excedería las competencias que tiene legalmente atribuidas y supondría interferir en las facultades tanto de otro poder del Estado —el Legislativo— como en las competencias que corresponden a otros órganos del Ministerio Fiscal, que más adelante deberán intervenir en la eventual aplicación de la norma, según explica la Fiscalía General en un comunicado.
Es la misma argumentación que García Ortiz lleva semanas defendiendo. Así lo plasmó por escrito en una carta dirigida a los fiscales que sostuvieron la acusación pública en el juicio del procés —Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza—, que le habían reclamado una “respuesta inmediata” ante las menciones al ‘lawfare’ en el acuerdo entre el PSOE y Junts.
Entonces, García Ortiz les respondió que “velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas”. Y afirmó que el posicionamiento de la Fiscalía en torno a la amnistía debe ser “técnico jurídico” y realizarse “a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda” su intervención.
Días después, el 11 de diciembre, García Ortiz citó por primera vez públicamente a los fiscales que han intervenido en procedimientos relacionados o derivados del 1-O. Afirmó que defenderá a cualquier fiscal “que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan intervenido en las causas relacionadas en el procès”.
A este asunto se han sumado las últimas críticas con nombres y apellidos a jueces realizadas por representantes de Junts y por el senador del PP José Antonio Monago, que este martes pidió disculpas por ello. Precisamente este martes, 21 fiscales de Sala y de la Sección Penal del Tribunal Supremo pidieron a García Ortiz, que adopte “sin más dilación” las “medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales” de los “ataques” propinados a jueces, si bien únicamente se referían a las críticas de Junts.
Este asunto también ha sido planteado por uno de los vocales en el turno de ruegos y preguntas. En este sentido, García Ortiz ha afirmado que el Ministerio Fiscal tiene encomendado promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial. Y ha recordado, en todo caso, que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 71.1 de la Constitución.
El Consejo Fiscal está compuesto por tres miembros natos —el fiscal general; la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite— y nueve representantes de las asociaciones: seis de la AF, dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y uno de la APIF.