Tras tres años con el puesto vacante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno vuelve a tener presidente. Los trabajadores de esta institución llevan alertando desde 2018 de que el descabezamiento en la cúpula era un obstáculo más para pedir medios que permitan mejorar el acceso de los ciudadanos a la información pública. El organismo con una plantilla escasa para hacer frente al incremento anual de reclamaciones que reciben fruto de un nuevo tiempo en que la sociedad se va acostumbrando a pedir cuentas a las instituciones y a denunciar la opacidad de Gobiernos y administraciones públicas. Este organismo independiente es el encargado de decidir si una institución ha acatado la ley de transparencia o no. Sin embargo, el hecho de que no tenga capacidad sancionadora ha provocado que algunas administraciones desoigan sus advertencias.
Con la llegada de José Luis Rodríguez Álvarez al Consejo, organizaciones que velan por el derecho de la transparencia esperan que asuma un liderazgo que visibilice la necesidad y la obligación que tienen las administraciones públicas de cumplir la ley. Su nombramiento fue ratificado esta semana por el Consejo de Ministros, tras conseguir en el Congreso de los Diputados la mayoría que exige la normativa.
Rodríguez es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Su elección ha sido polémica por haber ocupado altos cargos durante los gobiernos socialistas. En los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero fue director general del gabinete del ministro de Justicia y responsable de la Agencia Española de Protección de Datos. A lo largo de su comparecencia en el Congreso trató de desmarcarse de una vinculación política con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Llegó a asegurar que no entiende “que se considere que haber tenido en el pasado responsabilidades gubernamentales incapacite de por vida para el desempeño de cualquier función pública con independencia de criterio”.
Críticas al proceso de elección
“En España no conozco ni una sola autoridad independiente que no haya sido nombrada por su relación con la política”, lamenta Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y vocal del Consejo de Transparencia de la misma comunidad autónoma. Desde Access Info Europe, su directora Helen Darbishire considera que para cargos de este tipo se debería recurrir a “un proceso abierto”, en el que se realicen “evaluaciones públicas de los candidatos”.
La ley actual establece que el presidente será nombrado “a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados”. El Consejo es un órgano independiente, que actualmente está adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia.
La Presidencia de esta institución quedó vacante en noviembre de 2017 tras el fallecimiento de la primera persona que asumió esa responsabilidad, Esther Arizmendi. La labor de esta abogada fue alabada por organizaciones que defienden el derecho a la transparencia como Access Info Europe y la Fundación Civio, a pesar de que previamente a ocupar el puesto fue alto cargo en el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Desde el fallecimiento de Arizmendi, los trabajadores de la institución han insistido en la necesidad de que se terminase con la interinidad, pero también han pedido que se refuerce la plantilla del Consejo. En la última memoria publicada, fechada el 31 de diciembre de 2018, reivindicaban que el equipo (con 22 trabajadores) “prácticamente” ha sido el mismo “que se asignó al organismo al inicio de su actividad”, en diciembre de 2014; a pesar de que la “la carga de trabajo se ha incrementado significativamente”. Solo el volumen de reclamaciones que reciben en los últimos años se ha disparado, pasando de 890 casos estudiados en 2016 a 1.780 resueltos en 2019. En 2018 esa cifra se situó en 1.228 procedimientos contestados.
Aumento de reclamaciones con la misma plantilla
A pesar de que conforme han pasado los años, ha aumentado el número de ciudadanos que utilizan la ley de transparencia para acceder a información pública, esta situación no ha incidido en la plantilla, ya que el número de profesionales con los que cuenta el Consejo se ha reducido a 21, según fuentes oficiales de la institución. Seis personas se dedican exclusivamente a resolver las reclamaciones que llegan denunciando que alguna administración estatal no ha cumplido con la ley y cuatro más velan por resolver las quejas interpuestas por vulneración de la normativa de transparencia en las seis comunidades autónomas que han firmado un acuerdo con el organismo presidido por Álvarez para realizar esta función. Esta institución resuelve las quejas que le llegan contra Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. En el resto de comunidades son organismos autonómicos los encargados de realizar esa función.
Ante los datos expuestos, uno de los principales retos que tiene por delante el nuevo presidente será conseguir que se incremente la escasa plantilla con la que cuenta el Consejo. En las últimas memorias publicadas ya estimaban que se debían incorporar 33 nuevos profesionales para mantener “el actual nivel de actividad” de las iniciativas recibidas, “desarrollar adecuadamente las funciones menos prioritarias y acometer las todavía no abordadas”, así como desempeñar “eficientemente las nuevas funciones que pueden asignarse a medio plazo al organismo”. Además, como apunta Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia, hay labores que tienen asignadas y no realizan por ser insuficientes, “como la supervisión de los portales de transparencia” de otras administraciones.
Además de presionar para obtener mayores recursos, los expertos en transparencia consultados por esta redacción esperan que Rodríguez asuma un liderazgo con el que poder revitalizar el acceso a la información pública, tras tres años de paralización política. La directora de Access Info Europe recuerda que en España la transparencia no está regulada como un derecho fundamental y, por lo tanto, en situaciones excepcionales, como sucedió durante el estado de alarma, el Gobierno pudo suspender esta actividad.
En busca de una capacidad sancionadora
Esta organización también explica que en otros países, como sucede en Chile, la institución equivalente al Consejo tiene capacidad sancionadora. “Una entidad pública que de manera repetida está violando los plazos para tramitar solicitudes podría recibir una sanción. Aquí no hay consecuencias”, indica. Incidiendo en este asunto, Blanes cuenta que cuando se estrenó la normativa los ministerios “interponían muchos contenciosos” para evitar tener que publicar la información que amparaba el Consejo, sin embargo asegura que con el paso del tiempo estas administraciones “se han dado cuenta de que la ley no autoriza” a este organismo a “imponer sanciones ni multas para conseguir que sus resoluciones se cumplan”. Ante esa situación, algunas han optado por mantener “el silencio más absoluto” para “no entregar la información”.
La hemeroteca recoge un amplio catálogo de casos en los que la administración ha desoído al Consejo. Por ejemplo, el año pasado infoLibre publicó que Patrimonio Nacional no había facilitado información sobre las obligaciones que tiene que cumplir la Abadía para poder continuar en el Valle de los Caídos. El Independiente también informó en 2019 de que Interior no facilitaba los informes preliminares que le fue enviando la consultora externa contratada para verificar la equiparación salarial. Hace un mes Maldita contaba que el Gobierno no facilitaba el listado de reuniones de Fernando Simón durante la pandemia. En todos los casos había un informe favorable del Consejo.
Algunas instituciones han optado por judicializar el proceso. RTVE ha sido una de ellas, que ha optado por llevarlo al Supremo en algunos casos. Hace cuatro meses el Alto Tribunal obligaba a la corporación a hacer públicos los sueldos de sus directivos dando la razón a la institución que vela por la transparencia en España. En estos casos, como advierten los expertos, la información llega muchos años después de que el ciudadano haya iniciado la petición de información y puede perder la relevancia que tenía en el momento en el que se solicitó. Por ejemplo, en este caso, un abogado de CCOO solicitó la remuneración de los altos cargos en 2016.
Ante la petición de que el Consejo tenga capacidad sancionadora para evitar que las administraciones opten por el silencio, Rodríguez explicó en el Congreso que aboga por “completar las facultades” de la transparencia, aunque le genera dudas la imposición de multas. “Hasta ahora siempre se ha sido muy reacio a establecer sanciones económicas a las administraciones, porque esto supone detraer recursos que van destinados al cumplimiento de sus finalidades para introducirlas en otra caja pública”, explicó.
Ante su nueva responsabilidad, los expertos piden a Rodríguez que se convierta en un líder político en favor de la transparencia, para presionar a la administración y continuar reformando este derecho que nació en 2014. A nivel legislativo quedan muchas cosas por hacer. Tras seis años en vigor, todavía no se ha aprobado el reglamento que desarrolla la ley. Rodríguez aseguró en el Congreso que se ratificará en diciembre. Entre los anuncios que realizó, también informó de que el Ejecutivo ha empezado a trabajar en un proyecto de reforma de la ley que prevén que se consume en 2023.