El Consell de Garanties dictamina que 11 apartados de la LOMCE vulneran competencias de Cataluña

El Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña ha dictaminado que 11 apartados y una disposición de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) vulneran competencias de la Generalitat de Cataluña reconocidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

En su dictamen, de 29 de enero de 2014, el Consell concluye que la ley estatal vulnera la capacidad del Gobierno catalán de ordenar el currículum, a través de la estructuración de materias troncales, específicas y de libre configuración, y de formar a los profesionales docentes.

También ve una intromisión del Estado en el establecimiento de pruebas de evaluación al final de Secundaria y Bachillerato, aunque reconoce su potestad de regular evaluaciones finales.

“Si bien es innegable que el Estado dispone de la competencia para regular y establecer estas evaluaciones finales --dice el consejo-- ello no significa que la regulación concreta que contienen los preceptos cuestionados se adecue al orden constitucional y estatutario de competencias”.

En este sentido, ve incoherente que estas pruebas se hagan sobre materias cursadas en asignaturas troncales, con una limitada concesión a asignaturas específicas, lo que contradice el concepto de currículum y supone una “importante limitación de las competencias autonómicas”.

“El currículum no lo determina el Estado”, sino que es una noción global en que también participan las comunidades autónomas, de acuerdo con sus competencias y los centros educativos en el ámbito de su autonomía legalmente reconocida, añade el dictamen.

El documento, de carácter preceptivo según el Estatut por si se acordara interponer un recurso de inconstitucionalidad, también cuestiona aspectos relacionados con la supresión de las pruebas de acceso a la universidad de la LOMCE, teniendo en cuenta que el Estado y la Generalitat tienen competencias compartidas en este ámbito.

ADMISIÓN DE ALUMNOS

Considera que la ley estatal vulnera la competencia del Gobierno catalán cuando impone a centros privados no concertados criterios detallados para la admisión de alumnos.

Sobre el catalán, asevera que debe ser la Generalitat quien determine la proporcionalidad del uso del castellano y catalán en las aulas, y ve afán de “control” en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la hora de ajustar de forma unilateal la cuestión lingüística.

Cree que la LOMCE vulnera los principios de autonomía financiera de la Generalitat cuando ordena que la comunidad acarree con los gastos derivados de escolarizar en centros privados a un alumno que desee recibir clases solo en castellano.