El sector conservador del Constitucional pide estudiar una denuncia de Vox para dejar sin escaño a 29 diputados por su forma de prometer el cargo

El sector más conservador del Tribunal Constitucional quiere abrir el debate sobre la nulidad de la condición de diputados de 29 miembros de formaciones independentistas y de Unidas Podemos. Se trata de parlamentarios que usaron fórmulas innovadoras para tomar posesión de su cargo durante la Constitución de las Cortes el pasado 3 de diciembre.

Durante aquella tensa sesión que inauguró la actual legislatura, 29 diputados de formaciones como ERC, JxCat, PNV, BNG, Bildu o Unidas Podemos adornaron sus fórmulas para acatar la Constitución con añadidos de cariz ideológico y referencias nacionalistas, republicanas o ecologistas. Un ejemplo de esto último fue la intervención protagonizada por Juan López Uralde aquel día, cuando prometió acatar la Carta Magna “por todo el planeta”.

Las primeras quejas se produjeron durante esa misma jornada: Vox, PP y Ciudadanos solicitaron que la presidenta del Congreso no diera por buena la receta empleada por esos 29 diputados. Meritxell Batet no aceptó las reclamaciones y respondió a las bancadas más molestas afirmando que “política es pedagogía”. Visiblemente molesto, Pablo Casado, líder de los populares, anunció desde su escaño que llevaría su queja ante el Constitucional. Lo acabaría haciendo. Pero Vox llegó antes.

En su escrito de amparo ante el tribunal de garantías, la formación de extrema derecha reclamó que todos los procedimientos parlamentarios adoptados desde diciembre de 2019 quedasen sin efecto, al entender que 29 de los votos contabilizados durante las votaciones acaecidas desde entonces nunca debieron haber sido tenidos en cuenta. Vox discute, apoyado en ese punto, la legitimidad de toda la legislatura: del nombramiento de Pedro Sánchez como presidente a los estados de alarma, cuya convalidación ha sido objeto de votación parlamentaria en los últimos meses.

La petición no pasaría, en principio, a más. Pero la formación de Abascal ha encontrado en el Constitucional un sector de magistrados sensibles a sus reclamaciones. “Los postulados de Vox están encontrando receptividad en la casa”, asegura a esta redacción un magistrado del mismo.

El escrito llegó a principios de año pero se encontró con cierto atasco en la ventanilla de entrada porque aún no se habían resuelto otras reclamaciones similares sobre el mismo episodio pero referido a la legislatura corta de 2019, en la que Pedro Sánchez no consiguió salvar la investidura y hubo que volver a votar.

Aquellos primeros recursos (dos del Partido Popular y uno de Ciudadanos) llegaron a la mesa de la Sala Primera del Constitucional para su estudio y resolución. Esa sala, compuesta por seis magistrados y presidida por el conservador Juan José González Rivas, decidió archivarlos. Parecía que la reclamación había llegado al final de vía, pero no. Un grupo de magistrados, ajenos a esa sala, no estaba conforme con la decisión y exigió que el tema fuese abordado en una reunión del pleno. Para ello presentaron un escrito con seis firmas solicitándolo y otro en el que pedían lo mismo para abordar en el mismo escenario la reclamación más reciente de Vox. 

Las normas que rigen el funcionamiento del Constitucional dicen que, para llevar un asunto al pleno, basta con que lo pidan tres o más magistrados y eso es lo que ha sucedido, según señalan a eldiario.es fuentes del tribunal. La propuesta de archivo adoptada por la sala primera se convierte así en papel mojado y el debate tendrá que reiniciarse desde cero en el pleno, en donde los magistrados próximos al PP y a Vox son mayoría. Solo las firmas que piden impulsar el debate suponen la mitad de los miembros que configuran el pleno. Toda la presión sobre el presidente del organismo, el conservador Juan José González Rivas, partidario inicialmente de archivar las reclamaciones de las tres derechas.

La Sala Primera tomará la decisión formal de pasar la pelota al pleno en la reunión prevista para el próximo lunes 15. No tiene otra opción que arrojar a la papelera su propuesta de archivo sobre los recursos referidos a 2019 y resucitar las reclamaciones de Vox y Partido Popular para poner en cuarentena todo lo que se hizo en aquella legislatura y en la actual, incluida la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

La irrupción de Vox en el Congreso con 52 escaños tras las elecciones del 10N le ha abierto a los de Abascal la puerta del Tribunal Constitucional por una doble vía. Al superar la cifra de 50 parlamentarios, puede plantear a placer cuantos recursos consideren ante el tribunal de garantías. Y no solo eso, sus peticiones empiezan a generar adeptos entre el sector de magistrados tradicionalmente asimilados a las tesis del PP y que ahora están empezando a dar pasos hacia posiciones de extrema derecha.

Recientemente el Constitucional ha admitido a trámite otra polémica petición de Vox: un recurso que impugna el estado de alarma y, por tanto, todas las decisiones que han limitado la movilidad adoptadas por el ejecutivo de Sánchez en su condicion de mando único.