Los conservadores del Poder Judicial imponen su mayoría y aprueban un informe contrario a la ley de amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, ha aprobado por nueve votos a cinco un informe contrario a la ley de amnistía. La mayoría conservadora del órgano ha impuesto su criterio y ha dado su respaldo a un texto que hace una valoración crítica de la iniciativa del PSOE y los independentistas: considera que la norma que establece el olvido penal del procés es inconstitucional, que vulnera los principios de igualdad y separación de poderes y califica de “deficiente” la “técnica jurídica” empleada. El presidente del órgano, el conservador Vicente Guilarte, ha votado en blanco.

La realización de este informe surge después de que la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, solicitara a los órganos consultivos que expusieran su criterio sobre la proposición de ley de amnistía. El pasado 13 de diciembre, la Comisión Permanente del CGPJ encargó a dos vocales —el conservador Wenceslao Olea y la progresista Mar Cabrejas— la realización de ese dictamen, que tiene carácter preceptivo aunque no es vinculante. La conclusión de esos trabajos fueron dos borradores contrapuestos que chocan sobre su constitucionalidad y que este jueves han analizado los vocales.

Finalmente, la propuesta del conservador Olea ha obtenido el respaldo mayoritario del órgano. Además de él mismo, han secundado ese texto otros ocho vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular. En total, nueve votos. La propuesta de Cabrejas, que defendía que la norma sí tiene encaje en la Constitución, ha sido secundada por cinco vocales: la ponente y cuatro miembros del bloque progresista. El vocal Enrique Lucas —elegido a propuesta del PNV, aunque se le suele situar en el sector progresista— ha votado en blanco, al igual que lo ha hecho el presidente del órgano.

Principios de igualdad y separación de poderes

El dictamen aprobado defiende que la amnistía a los encausados por el procés no tiene encaje en la Carta Magna. Así, sostiene que la Constitución excluye “de manera consciente” la amnistía y que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el derecho español. 

El informe sostiene que la proposición de ley socava el derecho a la igualdad, pues no se justifica que los implicados en el procés reciban un trato penal “más beneficioso” que el del resto de ciudadanos. También concluye que vulnera el principio de separación de poderes porque, conforme a la regulación constitucional, no es admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones de los tribunales (salvo en supuestos expresamente autorizados, como los indultos). 

Por otro lado, critica su “deficiente” técnica jurídica y califica de “arbitraria” tanto la tramitación parlamentaria elegida, una proposición de ley de los grupos parlamentarios, en lugar de un proyecto de ley del Gobierno; como el procedimiento de urgencia elegido que, a su juicio, “no se motiva”. 

Asimismo, defiende que deben quedar fuera de la aplicación de la ley “todos los delitos de terrorismo conforme a la normativa nacional”. En este sentido, llama la atención sobre la “omisión” que se hace del Código Penal en relación con este delito, lo que atribuye a la “patente intención” de que el derecho nacional no sea utilizado por los órganos judiciales españoles y sí directamente la directiva europea, que es más restrictiva respecto a los actos que pueden ser considerados terroristas.

Los nueve vocales del sector conservador que este jueves han respaldado un informe crítico con la ley son los mismos que el pasado noviembre, antes de conocer su contenido, aprobaron una declaración institucional en la que afirmaban que esta norma suponía la “abolición del Estado de derecho”. Ese texto acusaba al presidente Pedro Sánchez de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya” y afirmaba que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo en funciones es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”.

El voto particular sí ve encaje constitucional

La vocal Cabrejas, ponente de la otra propuesta sometida a debate, presentará su propuesta como voto particular al que se adherirán los progresistas Roser Bach, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda. Su propuesta sí ve encaje en la Carta Magna, sin perjuicio de que se puedan realizar algunas correcciones técnicas. Según su criterio, “el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico” y el hecho de que no exista una “prohibición expresa” en la Constitución para aprobar una amnistía permite que el legislador “puede adoptar este tipo de medida”. 

Respecto a la exclusión de los actos que puedan ser calificados como de terrorismo según la directiva europea “y, a su vez, hayan causado de forma intencionada violaciones graves de derechos humanos”, Cabrejas afirma que “su formulación precisa necesariamente de una interpretación del concepto 'violaciones graves de los derechos humanos' que puede generar dudas aplicativas, sobre todo si no se entiende vinculado a la noción empleada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

El PP pide la paralización de la ley tras el “varapalo” del CGPJ

El Partido Popular ha considerado que el informe del CGPJ es “un nuevo baño de realidad para un Gobierno que está totalmente subyugado al independentismo y desprecia al resto de los españoles”, informan fuentes de la formación. En este sentido, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha pedido al Ejecutivo que ante el “varapalo” que supone el dictamen “rectifique y paralice la tramitación” de lo que define como una “ley de impunidad”.