El Constitucional admite a trámite los recursos del PP y varias comunidades donde gobierna contra la ley de vivienda

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite media docena de recursos contra diversos aspectos clave de la Ley de Vivienda. El pleno, por unanimidad, ha aceptado estudiar los recursos interpuestos por el Partido Popular y comunidades donde gobierna, como Andalucía, Madrid o Balears, así como el presentado por el Parlament de Catalunya. Los recursos cuestionan aspectos de competencia, al entender que la norma estatal invade el ámbito de acciones de las comunidades autónomas, pero también aspectos clave como la regulación de la vivienda protegida, de las zonas tensionadas y de los parques públicos de vivienda.

La ley por el derecho a la vivienda entró en vigor a finales del pasado mes de mayo, aprobada con el voto en contra de las derechas de PP y Vox bajo la acusación de estar fomentando la 'okupación' ilegal desde el Boletín Oficial del Estado. La norma tiene 36 artículos que regulan, entre otras cosas, las zonas declaradas tensionadas, las políticas de vivienda protegida o de los parques públicos de vivienda o el concepto de gran tenedor y medidas a tomar desde las administraciones públicas.

El PP trasladó su voto en contra de la tramitación parlamentaria de la ley al Tribunal Constitucional. Lo hizo tanto a través de su propio grupo parlamentario como a través de varias comunidades autónomas donde Gobierna: Andalucía, Madrid y Balears, cuyos recursos también han sido admitidos a trámite. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, anunció que no aplicaría la normativa donde no sea obligatorio. La competencia en materia de regulación de la vivienda es de las comunidades autónomas.

En estos recursos, el PP y las comunidades cuestionan artículos que tienen que ver con estas competencias, que consideran invadidas, pero también aspectos clave de la norma: la definición de vivienda protegida, los derechos de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, la regulación de las zonas tensionadas, la regulación de los parques públicos de vivienda o la información que puede obtener un comprador en un proceso de adquisición de una vivienda.

El pleno del Constitucional también ha admitido a trámite el recurso que presentó el Parlament de Catalunya, un recurso presentado con el apoyo entre otros de ERC, partido que apoyó la normativa en su tramitación parlamentaria. Este recurso ataca normativa sobre vivienda protegida o acciones en mercados tensionados pero, sobre todo, el artículo que define los fines de las políticas públicas de vivienda y que, entiende, invade competencias de la Generalitat de Catalunya.