La renovación clave que marcará los próximos años del Tribunal Constitucional avanza oficialmente a dos velocidades. El Gobierno ha decidido poner en marcha el nombramiento de los dos magistrados que les corresponde nombrar, proponiendo al exministro Juan Carlos Campo y a la catedrática Laura Díez, mientras que el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue bloqueando la designación de sus dos candidatos. Ahora la duda que recorre los pasillos de Moncloa y del propio Constitucional es si estos dos nuevos magistrados podrán incorporarse si el CGPJ no designa a los suyos y, en la práctica, establecer una mayoría progresista en el tribunal de garantías.
Los próximos movimientos en cuanto a Campo y Díez no invitan a pensar en una incorporación inmediata. En primer lugar, fuentes jurídicas explican a elDiario.es que la notificación oficial tiene que llegar al Constitucional para que cumplan el trámite habitual de comprobar si los dos candidatos cumplen con todos los requisitos. El problema es si decidirán dar paso a ese trámite si no están listos también los dos candidatos del Consejo. La hoja de ruta del Constitucional todavía no está tomada, pero una posibilidad es enviar la pelota al tejado del Consejo del Poder Judicial para que tomen una decisión lo antes posible, dando traslado de la situación para que nombren a sus dos candidatos.
Un CGPJ que incumple desde hace más de dos meses la obligación legal de nombrar a sus dos candidatos, con un sector conservador negándose por el momento a proponer un candidato e incluso reclamando poder vetar al propuesto por sus compañeros progresistas, José Manuel Bandrés. La próxima reunión entre ambos bloques se celebrará este miércoles pero, salvo cambio, el pleno para votar una hipotética renovación no tendrá lugar hasta el próximo 22 de diciembre.
Ahora mismo, en el Tribunal Constitucional habitan dos sensibilidades distintas sobre este asunto. Una, la del sector mayoritario y conservador, que pasa por considerar que el Gobierno no puede nombrar a sus dos magistrados sin que el CGPJ haga lo mismo. Entienden que estos cuatro candidatos forman uno de esos “tercios” indivisibles que la Ley marca para renovar el tribunal de garantías y que, por tanto, hay que esperar al un órgano de gobierno de los jueces que, a día de hoy, está bloqueado.
Un segundo criterio, sostenido por voces del sector progresista del Constitucional, defiende que la normativa no puede ser interpretada de una manera tan rígida y que un bloqueo por parte de un sector del CGPJ no puede impedir que el Gobierno –otro poder del Estado– haga sus nombramientos. Fuentes del Constitucional explican que esto no será un problema si el CGPJ pisa el acelerador y el sector conservador nombra a su candidato, pero que llegar a finales de diciembre sin los dos nombres no sería sostenible.
Al final de ese camino hay un choque frontal entre Gobierno y Tribunal Constitucional si, efectivamente, el pleno o una parte de mismo se negaran a aprobar la incorporación de Juan Carlos Campo y Laura Díez. Un escenario que, en cualquier caso, no es inmediato pero que centra parte del debate todavía informal que se tiene a día de hoy dentro de las cuatro paredes del Constitucional. En el Gobierno se muestran confiados en que sus dos candidatos podrán empezar a ejercer sin esperar al CGPJ, que tiene el mandato caducado desde finales de 2018.
El antecedente de 1980
No existen antecedentes idénticos a la situación a la que se enfrenta esta renovación parcial del Tribunal Constitucional: Gobierno y Consejo General del Poder Judicial siempre han nombrado a sus cuatro magistrados al mismo tiempo, salvo en su primera constitución, cuando el órgano de gobierno de los jueces no estaba en funcionamiento y sus dos magistrados designados no se pudieron incorporar hasta varios meses después. La mayor parte de sus integrantes fueron nombrados en el BOE en febrero de 1980 y juraron el cargo ante Juan Carlos de Borbón en julio de ese año. Los dos designados a propuesta del CGPJ, Ángel Escudero y Plácido Fernández, no aparecen en el BOE hasta noviembre de ese año, mes en que juraron el cargo.
Tampoco han abordado los magistrados del Tribunal Constitucional situaciones similares en sus sentencias. En 2016, por ejemplo, explicó sobre la renovación del CGPJ que Congreso y Senado podían nombrar a sus vocales por separado. Una resolución que recogía un ovillo de citas a sentencias anteriores, de 2008 y hasta de 1990, que incidían en la idea –esta vez sobre la renovación del Tribunal Constitucional– de que el funcionamiento del Senado, por ejemplo, no podía quedar condicionado por las aportaciones de los parlamentos regionales. Y que todo este sistema viene regido por una “lealtad constitucional” que “obliga a todos”, dijo hace más de una década el tribunal de garantías sobre sus propios mecanismos de renovación.
Los antecedentes no son claros ni exactos, aunque sí apuntan tanto en el caso del CGPJ como del Constitucional a evitar que una de las cámaras o de los organismos constitucionales que intervienen en la renovación pueda ver bloqueada su capacidad de nombrar vocales o magistrados.
La incertidumbre sobre la renovación llega en un momento clave para el futuro del Constitucional en los próximos años. La salida de dos magistrados conservadores con el mandato caducado –Santiago Martínez-Vares y el presidente, Pedro González-Trevijano– y su sustitución por dos de perfil progresista introduciría una mayoría progresista en el pleno del Constitucional.